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La muerte del Derecho (de villanos y de cobardes)

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Si todo les parece tan embrollado que resulta ininteligible, acójanse al consejo que me dio una vez un magistrado de los que prestigiaban las puñetas: cuando un argumento aparentemente sesudo y complejo en Derecho lleve a soluciones absurdas, lo mejor que hace un buen jurista es repasar la línea argumental porque seguro que es errónea. El Derecho no es un arte para engendrar disparates sino para solucionar conflictos y, en último término, para hacer Justicia, así que es sospechoso que de su uso recto no se derive ni una cosa ni la otra. El Derecho tampoco es, como les quieren inculcar de forma poco casual, tan interpretable que devenga caprichoso, finalista, imprevisible, ajeno a la lectura lógica de las normas o directamente arbitrario. Eso no es Derecho, esa es la pérdida de significado del Derecho, su muerte, y con ella la de nuestra forma política y la de la sociedad democrática tal y como la concebimos. 

Si el castigo por dar una patada a un policía, de tal gravedad que se resuelve con una indemnización a la víctima de 50€ y con un castigo de prisión tan bajo que no existe en el Código Penal, por lo que hay que conmutarlo por 540€ de multa, conlleva de rebote la pérdida de un acta de diputado, que representa lo más sagrado de una democracia, y que afecta al derecho fundamental de representación del diputado y de sus votantes, es decir, si el castigo acaba siendo lo más grave que le puede suceder a un diputado, que es dejar de serlo, hay algo que no cuadra. Ya lo dije en 'Nosotros, el pueblo'. Aquí no hay proporcionalidad ni justicia material ni respeto a los principios mínimos rectores del Derecho. Algo falla y no hace falta ser Papiniano para darse cuenta. Baste con resumir que ni la sentencia de la Sala II dice que el diputado deba dejar de serlo, ni los letrados de las Cortes dictaminan que ese sea el resultado de la ejecución de la misma, ni Marchena en su extraño oficio de respuesta se atreve a escribir que eso es lo que hay que hacer, ni el Reglamento del Congreso contempla la pérdida de la condición de diputado sino por cuatro causas y ninguna se da en esa sentencia. ¿Qué ha pasado entonces? 

La actuación de la Justicia en este caso es aberrante. Tarda siete años en juzgar un hecho objetivamente de escasa relevancia, por más entusiasta que uno sea del orden, y pretende que acarree consecuencias que nunca se hubieran podido producir de haberse pronunciado a tiempo. Abandona en la sentencia el principio del “in dubio pro reo”, como recuerdan dos de los miembros del tribunal y después, fuera de plano, parece exigir una forma de ejecución que él mismo no puede aplicar siendo que le compete no solo juzgar, sino ejecutar lo juzgado. 

No es la única aunque sí la más afrentosa. 

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido, bajo su única responsabilidad, emprender una acción de tanta gravedad como retirar el acta a un diputado electo: sin reunir a la Mesa del Congreso y someterlo a votación, sin hacer caso del informe de los letrados en Cortes que son los expertos por oposición en derecho parlamentario y sin que nadie le haya exigido ni pudiera exigirle, al menos que sepamos, que así lo hiciera. Presidir una cámara legislativa no es cosa de laxos ni de cobardes. Batet ha nadado muchas veces en la equidistancia -como cuando tras un comportamiento inaceptable de Vox prefirió reprender a todos los diputados por igual- y ahora cae de bruces en la ignominia parlamentaria. No debe estar preocupada porque cuenta con el inaudito respaldo de su partido, de lo que hablaré luego, y con la aprobación socarrona del que debe creerse, tal vez con motivo, el hombre más poderoso de España. 

Ponerle una querella a la presidenta del Congreso por esto es una estupidez y una mala estrategia, también si lo hace Podemos. No va a ser admitida a trámite porque no tiene el más mínimo sentido jurídico. No parece muy inteligente darle al que consideras tu fustigador un elemento gratuito para que te fustigue y eso es lo que hace Podemos o una parte de Podemos o, al final, el propio diputado, ahora que nadie quiere hacerse cargo de la autoría de tan tonta decisión.

Ser ministra del Gobierno de España y acusar directamente al Tribunal Supremo de un delito en una red social es no saber qué significa ser ministro, no saber dónde están las líneas y querer dar bazas absurdas y tensionar un Gobierno que, a fin de cuentas, es lo que defiendes que quieren hacer los que malean el Derecho contra ti: acabar con el Gobierno del que formas parte. Un ministro no es un activista. Lo que yo puedo decir, conociendo qué líneas no puedo pisar, no lo puede decir Ione Belarra. Mira que lo he dicho veces y no aprenden. Son como Jano, quieren ser ministros y líderes de opinión y hacer oposición a la par. Entrar y salir. Veremos que esto no acabe con otra anulación por sobrevuelo de calumnia. 

Una institución no puede ser utilizada espuriamente para defender un grupo de poder o a los amigos. Lo de Lesmes y su corte con el CGPJ no tiene nombre. Reunir a la Comisión Permanente –¿y qué atribución tiene para esto la Permanente?– para "tomar conocimiento" ¡de un tuit!, aunque sea de una ministra, y salir en defensa de la independencia de unos jueces que no le han pedido ningún amparo ¿qué significa? Que la declaración no es jurídica sino política. El amparo lo concede el pleno a un juez que previamente lo ha solicitado. Afirman indignados en su comunicado que son ya varias las veces, en su inacabable y extenuante mandato, en que han tenido que salir en defensa de la independencia judicial, pero olvidan decir que siempre lo hacen para defender a los mismos, es decir, a Marchena y los suyos mientras que los demás se tienen que lamer las penas solos. Olvidan decir que Belarra les espanta pero Concepción les pone. Tan descarado es que los vocales Cuesta, Mozo y Sepúlveda votaron directamente en contra.

Un diputado es un siervo de la gleba en nuestra pobre democracia. Al final es un número, una llave de voto. Con la falta de respeto que les demuestra el propio Congreso casi nos valdría con que el líder de cada grupo tuviera el número de votos que acumula. La solución de la suspensión del diputado Rodríguez por un periodo de mes y medio –dejando a un lado toda la polémica jurídica, que yo creo que no tendría que haber acarreado ni siquiera esto– hubiera sido menos gravosa para un derecho tan básico y fundamental como el de representación y también para la autonomía parlamentaria y el respeto a sus propias normas como primer poder del Estado, pero me temo que hubiera dejado al grupo de Gobierno con un número menos durante ese periodo. Ahí es donde encuadro la laxitud del PSOE con este claro atropello, a no querer problemas y a no tener que buscar un voto más durante ese tiempo. Se equivocan. Renunciar a la irrenunciable supremacía del Primer Poder y asumir que este pueda ser manejado y alterado de esta forma se acabará volviendo contra ellos. Recuerden lo que se le hizo sin razón a Atutxa –y así lo dijo Europa– y lo que se les hizo a los catalanes y recuerden lo que admiten que se haga ahora. No lloren luego. 

Piensen a partir de ahora en lo que supone conceder un suplicatorio y piensen en arbitrar legalmente las sustituciones temporales de diputados, como recogen otros ordenamientos o vayan dándole las llaves de la Carrera de San Jerónimo a los ponedores de querellas y a los señores del Supremo a los que ningún pueblo ha elegido. Así nos vamos ahorrando las elecciones también que, a fin de cuentas, se trata de votar bien o sino, de que otros arreglen lo que el pueblo estropea. 

La desesperanza agota. Estamos en manos de villanos y de cobardes. Lo de los villanos, que tienen sus intereses y trabajan para su gloria y la de los suyos, no me sorprende. Es lo de los cobardes lo que me indigna. Todo esto que les escribo hoy y que les escribo otros fines de semana lo saben decenas, centenares, yo diría que miles de personas que callan. Callan aunque saben que se están vulnerando principios básicos. Callan y saben que los presupuestos jurídicos que se han aplicado son erróneos. Callan aún en la seguridad de que si todo lo que dicen las leyes puede ser interpretado en un sentido y en el contrario, si no cabe esperar una solución correcta, si no puede predecirse un resultado, entonces el Derecho no significa ya nada, el Derecho ha muerto y están dedicando su vida a un cadáver del que solo puede emanar corrupción y descomposición. 

Yo lo dejo a su arbitrio. Quién villano y quién cobarde. No nos sorprendamos si coincidimos. La verdad aún existe, incluso en el Derecho.

Si todo les parece tan embrollado que resulta ininteligible, acójanse al consejo que me dio una vez un magistrado de los que prestigiaban las puñetas: cuando un argumento aparentemente sesudo y complejo en Derecho lleve a soluciones absurdas, lo mejor que hace un buen jurista es repasar la línea argumental porque seguro que es errónea. El Derecho no es un arte para engendrar disparates sino para solucionar conflictos y, en último término, para hacer Justicia, así que es sospechoso que de su uso recto no se derive ni una cosa ni la otra. El Derecho tampoco es, como les quieren inculcar de forma poco casual, tan interpretable que devenga caprichoso, finalista, imprevisible, ajeno a la lectura lógica de las normas o directamente arbitrario. Eso no es Derecho, esa es la pérdida de significado del Derecho, su muerte, y con ella la de nuestra forma política y la de la sociedad democrática tal y como la concebimos. 

Si el castigo por dar una patada a un policía, de tal gravedad que se resuelve con una indemnización a la víctima de 50€ y con un castigo de prisión tan bajo que no existe en el Código Penal, por lo que hay que conmutarlo por 540€ de multa, conlleva de rebote la pérdida de un acta de diputado, que representa lo más sagrado de una democracia, y que afecta al derecho fundamental de representación del diputado y de sus votantes, es decir, si el castigo acaba siendo lo más grave que le puede suceder a un diputado, que es dejar de serlo, hay algo que no cuadra. Ya lo dije en 'Nosotros, el pueblo'. Aquí no hay proporcionalidad ni justicia material ni respeto a los principios mínimos rectores del Derecho. Algo falla y no hace falta ser Papiniano para darse cuenta. Baste con resumir que ni la sentencia de la Sala II dice que el diputado deba dejar de serlo, ni los letrados de las Cortes dictaminan que ese sea el resultado de la ejecución de la misma, ni Marchena en su extraño oficio de respuesta se atreve a escribir que eso es lo que hay que hacer, ni el Reglamento del Congreso contempla la pérdida de la condición de diputado sino por cuatro causas y ninguna se da en esa sentencia. ¿Qué ha pasado entonces? 

La actuación de la Justicia en este caso es aberrante. Tarda siete años en juzgar un hecho objetivamente de escasa relevancia, por más entusiasta que uno sea del orden, y pretende que acarree consecuencias que nunca se hubieran podido producir de haberse pronunciado a tiempo. Abandona en la sentencia el principio del “in dubio pro reo”, como recuerdan dos de los miembros del tribunal y después, fuera de plano, parece exigir una forma de ejecución que él mismo no puede aplicar siendo que le compete no solo juzgar, sino ejecutar lo juzgado. 

No es la única aunque sí la más afrentosa. 

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido, bajo su única responsabilidad, emprender una acción de tanta gravedad como retirar el acta a un diputado electo: sin reunir a la Mesa del Congreso y someterlo a votación, sin hacer caso del informe de los letrados en Cortes que son los expertos por oposición en derecho parlamentario y sin que nadie le haya exigido ni pudiera exigirle, al menos que sepamos, que así lo hiciera. Presidir una cámara legislativa no es cosa de laxos ni de cobardes. Batet ha nadado muchas veces en la equidistancia -como cuando tras un comportamiento inaceptable de Vox prefirió reprender a todos los diputados por igual- y ahora cae de bruces en la ignominia parlamentaria. No debe estar preocupada porque cuenta con el inaudito respaldo de su partido, de lo que hablaré luego, y con la aprobación socarrona del que debe creerse, tal vez con motivo, el hombre más poderoso de España. 

Ponerle una querella a la presidenta del Congreso por esto es una estupidez y una mala estrategia, también si lo hace Podemos. No va a ser admitida a trámite porque no tiene el más mínimo sentido jurídico. No parece muy inteligente darle al que consideras tu fustigador un elemento gratuito para que te fustigue y eso es lo que hace Podemos o una parte de Podemos o, al final, el propio diputado, ahora que nadie quiere hacerse cargo de la autoría de tan tonta decisión.

Ser ministra del Gobierno de España y acusar directamente al Tribunal Supremo de un delito en una red social es no saber qué significa ser ministro, no saber dónde están las líneas y querer dar bazas absurdas y tensionar un Gobierno que, a fin de cuentas, es lo que defiendes que quieren hacer los que malean el Derecho contra ti: acabar con el Gobierno del que formas parte. Un ministro no es un activista. Lo que yo puedo decir, conociendo qué líneas no puedo pisar, no lo puede decir Ione Belarra. Mira que lo he dicho veces y no aprenden. Son como Jano, quieren ser ministros y líderes de opinión y hacer oposición a la par. Entrar y salir. Veremos que esto no acabe con otra anulación por sobrevuelo de calumnia. 

Una institución no puede ser utilizada espuriamente para defender un grupo de poder o a los amigos. Lo de Lesmes y su corte con el CGPJ no tiene nombre. Reunir a la Comisión Permanente –¿y qué atribución tiene para esto la Permanente?– para "tomar conocimiento" ¡de un tuit!, aunque sea de una ministra, y salir en defensa de la independencia de unos jueces que no le han pedido ningún amparo ¿qué significa? Que la declaración no es jurídica sino política. El amparo lo concede el pleno a un juez que previamente lo ha solicitado. Afirman indignados en su comunicado que son ya varias las veces, en su inacabable y extenuante mandato, en que han tenido que salir en defensa de la independencia judicial, pero olvidan decir que siempre lo hacen para defender a los mismos, es decir, a Marchena y los suyos mientras que los demás se tienen que lamer las penas solos. Olvidan decir que Belarra les espanta pero Concepción les pone. Tan descarado es que los vocales Cuesta, Mozo y Sepúlveda votaron directamente en contra.

Un diputado es un siervo de la gleba en nuestra pobre democracia. Al final es un número, una llave de voto. Con la falta de respeto que les demuestra el propio Congreso casi nos valdría con que el líder de cada grupo tuviera el número de votos que acumula. La solución de la suspensión del diputado Rodríguez por un periodo de mes y medio –dejando a un lado toda la polémica jurídica, que yo creo que no tendría que haber acarreado ni siquiera esto– hubiera sido menos gravosa para un derecho tan básico y fundamental como el de representación y también para la autonomía parlamentaria y el respeto a sus propias normas como primer poder del Estado, pero me temo que hubiera dejado al grupo de Gobierno con un número menos durante ese periodo. Ahí es donde encuadro la laxitud del PSOE con este claro atropello, a no querer problemas y a no tener que buscar un voto más durante ese tiempo. Se equivocan. Renunciar a la irrenunciable supremacía del Primer Poder y asumir que este pueda ser manejado y alterado de esta forma se acabará volviendo contra ellos. Recuerden lo que se le hizo sin razón a Atutxa –y así lo dijo Europa– y lo que se les hizo a los catalanes y recuerden lo que admiten que se haga ahora. No lloren luego. 

Piensen a partir de ahora en lo que supone conceder un suplicatorio y piensen en arbitrar legalmente las sustituciones temporales de diputados, como recogen otros ordenamientos o vayan dándole las llaves de la Carrera de San Jerónimo a los ponedores de querellas y a los señores del Supremo a los que ningún pueblo ha elegido. Así nos vamos ahorrando las elecciones también que, a fin de cuentas, se trata de votar bien o sino, de que otros arreglen lo que el pueblo estropea. 

La desesperanza agota. Estamos en manos de villanos y de cobardes. Lo de los villanos, que tienen sus intereses y trabajan para su gloria y la de los suyos, no me sorprende. Es lo de los cobardes lo que me indigna. Todo esto que les escribo hoy y que les escribo otros fines de semana lo saben decenas, centenares, yo diría que miles de personas que callan. Callan aunque saben que se están vulnerando principios básicos. Callan y saben que los presupuestos jurídicos que se han aplicado son erróneos. Callan aún en la seguridad de que si todo lo que dicen las leyes puede ser interpretado en un sentido y en el contrario, si no cabe esperar una solución correcta, si no puede predecirse un resultado, entonces el Derecho no significa ya nada, el Derecho ha muerto y están dedicando su vida a un cadáver del que solo puede emanar corrupción y descomposición. 

Yo lo dejo a su arbitrio. Quién villano y quién cobarde. No nos sorprendamos si coincidimos. La verdad aún existe, incluso en el Derecho.

Si todo les parece tan embrollado que resulta ininteligible, acójanse al consejo que me dio una vez un magistrado de los que prestigiaban las puñetas: cuando un argumento aparentemente sesudo y complejo en Derecho lleve a soluciones absurdas, lo mejor que hace un buen jurista es repasar la línea argumental porque seguro que es errónea. El Derecho no es un arte para engendrar disparates sino para solucionar conflictos y, en último término, para hacer Justicia, así que es sospechoso que de su uso recto no se derive ni una cosa ni la otra. El Derecho tampoco es, como les quieren inculcar de forma poco casual, tan interpretable que devenga caprichoso, finalista, imprevisible, ajeno a la lectura lógica de las normas o directamente arbitrario. Eso no es Derecho, esa es la pérdida de significado del Derecho, su muerte, y con ella la de nuestra forma política y la de la sociedad democrática tal y como la concebimos. 

Si el castigo por dar una patada a un policía, de tal gravedad que se resuelve con una indemnización a la víctima de 50€ y con un castigo de prisión tan bajo que no existe en el Código Penal, por lo que hay que conmutarlo por 540€ de multa, conlleva de rebote la pérdida de un acta de diputado, que representa lo más sagrado de una democracia, y que afecta al derecho fundamental de representación del diputado y de sus votantes, es decir, si el castigo acaba siendo lo más grave que le puede suceder a un diputado, que es dejar de serlo, hay algo que no cuadra. Ya lo dije en 'Nosotros, el pueblo'. Aquí no hay proporcionalidad ni justicia material ni respeto a los principios mínimos rectores del Derecho. Algo falla y no hace falta ser Papiniano para darse cuenta. Baste con resumir que ni la sentencia de la Sala II dice que el diputado deba dejar de serlo, ni los letrados de las Cortes dictaminan que ese sea el resultado de la ejecución de la misma, ni Marchena en su extraño oficio de respuesta se atreve a escribir que eso es lo que hay que hacer, ni el Reglamento del Congreso contempla la pérdida de la condición de diputado sino por cuatro causas y ninguna se da en esa sentencia. ¿Qué ha pasado entonces? 

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23 de octubre de 2021 - 22:20 h