El paro: la solución final

“Las penas privativas de la libertad y las medidas de seguridad”, según establece el artículo 25.2 de la Constitución española, “no podrán consistir en trabajos forzados”, y a los magnánimos líderes del PP debe de parecerles justo y necesario, toda vez que, por el momento, no han promovido su reforma, a pesar del indudable ahorro que supondría contar con los presidiarios como mano de obra gratis, quizá hasta para edificar un segundo Valle de los Caídos que conmemore a el caudillaje de Rajoy y a todas las víctimas de ambos bandos de la Cruzada de Rescate, tanto del lado nacional bancario como del de los rebeldes desahuciados o sometidos a ERE.

Qué conmovedor ejemplo de voluntad política y coraje democrático ha dado el PP al abstenerse de llevar a los reclusos encadenados a construir obras públicas, renunciando con gran sacrificio a un recorte de gasto sin parangón en Europa.

Como es de sentido común y ya han señalado en el entorno de Esperanza Aguirre, tal medida sólo podría llevarse a efecto en el caso de que nuestro benefactor Adelson exigiera trabajadores esclavos para engrandecer nuestra patria con su Eurovegas.

Sin embargo, una cosa es la población penal, entre la que se cuentan insignes banqueros, políticos y empresarios; y otra, muy distinta, los verdaderos delincuentes, eso tipos que cobran el paro.

En una medida visionaria, sin complejos, nuestro Gobierno ha decidido que a los parados sí se les puede condenar a trabajos forzados.

Entonces, si se les puede condenar a lo que la propia Constitución prohíbe para los presos, es que algo habrán hecho los malditos parados, ¿no?

Esto prueba por fin lo que el PP venía insinuando hace tiempo: los parados son culpables.

Más culpables incluso que quienes se encuentran entre rejas.

He aquí una decisión política valerosa que pone fin a la trasnochada y demagógica visión del parado como víctima. ¿Víctima? ¡Naranjas: es culpable! Tan culpable que se le puede condenar a trabajos forzados y, según informa El País, “los parados que se nieguen a colaborar en estas actividades podrán ser sancionados” y por supuesto perderán el derecho a prestación.

Si es que acaso es un derecho y no una concesión graciosa e inmerecida, como ya sugieren los últimos análisis procedentes de FAES.

Esta es quizá la verdadera solución a la crisis: convertir el INEM en un Konzentrationslager, según los acreditados modelos de Auschwitz o Dachau, siempre bajo el inspirador lema: Arbeit macht frei.

Hasta ahora los parados, pese a su palmaria culpabilidad, habían llevado una vida muelle y regalada. Apenas se les martirizaba con algunos inútiles cursillos y prohibiciones tan leves como la de abandonar ni por un solo día el territorio nacional.

Ahora se van a enterar: trabajos forzados. Se les obligará a limpiar áreas calcinadas por incendios o quizá a transportar residuos nucleares y otros “trabajos de colaboración social”, según la jerga inspirada por Goebbels.

Sin duda esto vigorizará a esos haraganes y transformará a los desempleados en héroes nacionales, esos tipos a los que se puede obligar a trabajar por el salario mínimo quieran o no.

Al entrañable tío Gilito, nuestro protector Adelson, dicen que se le ensanchó la sonrisa cuando la pizpireta presidenta madrileña le comentó la posibilidad de poner a su disposición un ejército de ¡cinco millones de trabajadores forzosos que cobrarían el salario mínimo!

Al parecer, el emprendedor, comparando la oferta de Madrid con las condiciones habituales en sus negocios en Asia, se mostró muy complacido, diríase que casi impaciente por empezar las obras.

Y éste es sólo el primer resultado tangible de una magna medida salvadora, orientada al bien de España y, cómo no, “hacia la reeducación y reinserción social” de los propios parados, a los que se garantiza también “el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”, tal y como la Constitución establece para los condenados a prisión (a los que, de momento, se libera en cambio del trabajo forzado, nadie se explica por qué).

Ésta es, por fin, la solución final o Endlösung al problema del paro: un mérito indudable del Gobierno de don Mariano Rajoy.