Políticas de empleo con perspectiva de género
Hace unos meses se presentó el informe Sombra 2008-2013 sobre la aplicación en España de la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres. No es mi intención repasar el informe, basta decir que pone en evidencia como la perspectiva de género está abandonando su obligado carácter transversal en todas las políticas del Estado español. Con este panorama me gustaría centrarme en la esfera del empleo y los derechos económicos.
Las últimas reformas laborales se han despreocupado de la perspectiva de género. Con un aire de neutralidad no han hecho más que poner de manifiesto la gran discriminación preexistente en el mercado laboral y desde luego no han ayudado a reducirla. España es uno de los países de la UE donde la brecha salarial ha aumentado en los últimos años, situándose en un 17,8%.
La edad y el nivel de estudios influyen en esta brecha salarial. Tanto una mayor edad como un mayor nivel de estudios la incrementan. La diferencia llega a un 30,3% entre hombres y mujeres licenciados universitarios y doctorados en España, según el propio ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Otros dos factores que agravan esta brecha salarial son la aplicación en los centros de trabajo de convenios de ámbito reducido y la mayor competitividad empresarial. Los acuerdos de empresa se imponen sobre los convenios colectivos sectoriales lo que hace que los trabajadores sean más vulnerables al poder despótico de ciertos empleadores.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año son elocuentes. La tasa de desempleo femenina sigue por encima del 25% y solo otro dato para no aburrir, por cada cinco empleos nuevos sólo uno es femenino.
Otra constatación es la inmovilidad en cuanto a la segregación laboral. Es un hecho tanto la segregación vertical como la horizontal. Y con las políticas de empleo que se están implementando no se avanza en su desaparición. El conocido techo de cristal sigue siendo una realidad y la feminización de algunos sectores, altamente conocida. La feminización de los cuidados, por ejemplo, está en España por encima de la media de la UE.
La desigualdad en la conciliación laboral y familiar también persiste. Son las trabajadoras las que llevan todavía el peso de las tareas domésticas por lo que la flexibilidad en horarios, la modificación de la jornada, la exigencia de realizar horas extras incluso en contratos a media jornada hacen que la situación de las mujeres se precarice de forma manifiesta. Esta flexibilidad mal entendida hace que las trabajadoras no puedan negociar sus condiciones de trabajo para poder conciliarlas con sus obligaciones familiares.
La desaparición de comedores escolares, su alto coste y la reducción de becas comedor hacen que el trabajo dedicado a la familia aumente y también dificulta la conciliación laboral y familiar. El desmantelamiento de la ley de Dependencia por otra parte ha hecho que muchas mujeres tengan que asumir además las tareas de cuidado de los dependientes de la familia. Este hecho supone en muchos de los casos la renuncia obligatoria al acceso al mercado de trabajo, cuestión esta que ningún Estado europeo puede permitirse en estos momentos.
Las medidas que se han tomado en materia de empleo no mejoran la situación de las mujeres sino que la agravan. La congelación del salario mínimo interprofesional o el aplazamiento en la mejora de las pensiones de viudedad si ya son muy cuestionables como políticas acertadas para la sociedad española en general, el resultado de su aplicación sobre las mujeres hace que sean devastadoras. A esta situación de precariedad manifiesta se añaden los bajos salarios y las lagunas en las cotizaciones. Pero la precarización del trabajo no solo significa empobrecimiento en la actualidad. Esta precarización va a repercutir en las prestaciones por desempleo y en las futuras pensiones.
Las recomendaciones de la UE de flexibilización del mercado de trabajo y acentuación de las políticas activas son aplicadas en el Estado español sin tener en cuenta la situación y las necesidades de los y las ciudadanas. Basar únicamente las políticas de empleo en flexibilización de las condiciones de trabajo sin tener en cuenta la necesidad de seguridad de las y los trabajadores contraviene el principio de flexiguridad que supuestamente defiende la Unión Europea.
La situación de crisis actual ha propiciado que se hagan recortes en materias que supuestamente son poco importantes. Se ha reducido el gasto en educación, sanidad, dependencia pero no en defensa por ejemplo. No merece la pena entrar a comentar semejante insensatez. Las políticas de igualdad también han sido consideradas como algo poco importante para la ciudadanía y el presupuesto dedicado a ellas ha sufrido una bajada sustancial. Para que la igualdad sea real hay que hacer un esfuerzo tanto en presupuesto como en actuaciones concretas por parte de las Administraciones Públicas. Recordemos que son los poderes públicos los que deben incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas tanto en la planificación como en la ejecución y la evaluación. Buscar solución al desempleo sin tener en cuanta las necesidades de las ciudadanas es desaprovechar el potencial de la mitad de la ciudadanía. Esta fuente de talento no se puede desaprovechar si pretendemos avanzar hacia una sociedad justa y solidaria. En estos momentos de crisis no nos podemos permitir ignorar las propuestas innovadoras que las mujeres pueden ofrecer. Si de verdad queremos una economía justa y social las mujeres debemos formar parte del mercado laboral en igualdad de condiciones.
Podemos empezar con cosas muy sencillas que en otros Estados europeos están ya reguladas, como la prohibición de mencionar en una oferta de trabajo el sexo del candidato que se busca o preguntar la situación familiar o el deseo de tener descendencia. Cosas tan simples y tan censurables son el pan de cada día para las paradas que tienen todavía fuerzas para intentar entrar en el mercado laboral. Podemos seguir con cosas algo más complicadas como mejorar las condiciones de los puestos de trabajo para que el desgaste físico sea menor. En este caso todos los asalariados salen beneficiados pero se da la posibilidad a que más mujeres accedan a estos puestos.
Podemos, para terminar, reclamar al empresariado un compromiso de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en sus empresas. Que contribuyan significativamente a desarrollar la paridad en los distintos puestos de su empresa adoptando medidas concretas de sensibilización, empleo o formación, por ejemplo. Y en caso de no cumplir con los términos del compromiso eliminar las ayudas que el Estado pueda otorgarles. Aunque parece ciencia ficción, en otros Estados europeos se está intentando. Porque no debemos olvidar que las empresas tienen una responsabilidad económica para los accionistas pero también para sus trabajadores y con la sociedad en la que se establecen.
Estaría bien que los partidos políticos que están ahora preparando sus programas electorales para las próximas elecciones tengan en cuenta la perspectiva de género. Y no sólo en las políticas de empleo, sino en todas las políticas.
Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autora.
