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El problema de las pensiones es muy real: se llama fondos privados

Manifestación en defensa de las pensiones públicas en Madrid la semana pasada. Miles de personas procedentes de todo el Estado han exigido la equiparación con el IPC.

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Ha llegado la hora de agarrar el toro por los cuernos y, nos guste o no, afrontar el gran problema de las pensiones.

Pero seamos serios: el gran problema pendiente es el de las pensiones privadas.

El modelo público español, de reparto, en el que las pensiones las pagan las cotizaciones sociales de los trabajadores activos, es un ejemplo de solidaridad que funciona razonablemente bien. Como tantas otras cosas, precisa ajustes, pero la base es sólida y es una de las claves de la cohesión social.

A pesar del éxito, desde la década de 1990 vivimos un auténtico aluvión de informes apocalípticos que anuncian el inminente hundimiento de todo el modelo y la necesidad urgente de dar paso a modelos de capitalización -en el que cada uno ahorra para su pensión personal- e incrementar el peso de los fondos privados.

La presencia de estas “informaciones” en los grandes medios es continuo -recientemente, en La Razón, pero no pasa semana sin que se publique algo parecido-, y a nadie debería extrañarle, puesto que la mayoría de medios dependen mucho de la banca, principal gestor de los fondos privados.

En cambio, muy poco se publica sobre el fiasco de los planes privados de pensiones. Y eso que hay mucho que contar: no solo suelen suponer una pésima inversión para quienes los contratan, sino que las operaciones de riesgo de las gestoras, cada vez más frecuentes para intentar a la desesperada cubrir sus enormes agujeros contables, pueden llegar a suponer una amenaza sistémica y hasta desencadenante de gravísimas turbulencias económicas para los países, como acaba de comprobarse en Reino Unido.

En realidad, es fácil de entender: los fondos de capitalización tienen problemas parecidos a los públicos de reparto a la hora de afrontar sus compromisos, puesto que a todos afecta el envejecimiento de la población. Sin embargo, los privados deben añadir a la factura otros dos gastos intrínsecos: las comisiones que se embolsan los gestores y los estipendios en marketing, puesto que deben captar continuamente nuevos clientes para mantener el modelo en pie. Es decir: necesitan más recursos.

Pésima rentabilidad

La inflación disparada y la subsiguiente subida de los tipos de interés han cogido con el pie cambiado a los fondos privados y ahora acumulan pérdidas sobrevenidas calamitosas, pero apenas se informa de ello en los grandes medios. Según datos de la propia patronal del sector en España, Inverco, los planes de pensiones individuales registran unas pérdidas interanuales, con datos de septiembre, que rozan el 9%. Si esta caída tan espectacular se pone en relación con una inflación en torno al 10%, no hay que ser ninguna lumbrera para darse cuenta de la magnitud del roto.  

Ante esta situación, que empieza a ser desesperada, los apologetas de las pensiones privadas -que son los mismos que llevan anunciando desde hace 30 años el inminente desplome del modelo público- han emprendido una campaña, con epicentro en el Instituto de Estudios Económicos, para presionar al Gobierno con el objetivo de recuperar los privilegios fiscales para el sector. Sin embargo, el fin de estas ayudas fue una decisión muy razonable: el problema de rentabilidad de los fondos privados no se limita a la crisis actual, sino que es endémico, y las desgravaciones, vista las magras rentabilidades, acababan beneficiando casi exclusivamente a los gestores privados, que recibían clientes con el único objetivo de ver reducida su factura al fisco. 

El profesor de la muy ortodoxa escuela de negocios IESE Pablo Fernández hace años que registra los pésimos resultados de los fondos de pensiones privados en España también a largo plazo, más allá de la propaganda. En su última edición, con datos de 2021, su estudio subraya que la rentabilidad media en los últimos 15 años fue de apenas el 1,83%, menos de la mitad que los anodinos bonos del Estado (4%), e incluso hay 20 fondos con rentabilidad negativa. 

Los únicos que ganan con los planes privados son los bancos: reciben durante décadas dinero cautivo, que es muy difícil recuperar antes de la jubilación, y se embolsan una buena comisión por su gestión, especialmente en España, donde a pesar de las ínfimas rentabilidades se cobran las facturas más elevadas de toda la OCDE, según el exhaustivo informe anual de esta organización de referencia del capitalismo global.

El mismo informe sitúa a Chile, con el modelo de capitalización más radical, impuesto por el dictador Augusto Pinochet, como uno de los países con pensiones más bajas, lo que fue precisamente un desencadenante de las grandes movilizaciones que llevaron al socialista Gabriel Boric a la presidencia. En la década de 1990, el lobby de las pensiones privadas en España, con el Círculo de Empresarios a la cabeza, vendía el modelo chileno como ideal también para España, con generosa cobertura acrítica en la mayor parte de medios.

Los modelos de capitalización, sometidos a los vaivenes del mercado y a las altas comisiones bancarias, lidian ahora en todo el mundo con grandes agujeros contables porque en general no cuentan con el dinero necesario para afrontar el pago de las pensiones que se han comprometido a abonar a sus clientes, una situación que la crisis ha contribuido a agravar. Es por ello que han incrementado las apuestas de riesgo para tratar de mejorar sus rentabilidades y tapar el agujero. Y ya se sabe qué sucede en el casino: si doblas la apuesta, puedes ganar y recuperar el dinero, pero lo más probable es que acabes perdiendo mucho más. 

The Wall Street Journal, el diario de referencia del capitalismo estadounidense, publicó el pasado junio un informe que llamaba la atención sobre la magnitud del problema en EEUU y que advertía de que los fondos de pensiones se estaban comportando cada vez más como hedge funds, con prácticas de tanto riesgo como invertir a crédito. Según sus cálculos, nada menos que medio billón de dólares de las pensiones municipales y estatales de EEUU están invertidas en private equity (el 60% más que en 2018), vehículos arquetípicos de los inversores con apetito de riesgo sin necesidades de liquidez. 

La dificultad para conseguir liquidez en tiempos de turbulencias como los actuales es precisamente lo que ha puesto en jaque los fondos privados en Reino Unido hasta el punto de forzar la intervención del Banco de Inglaterra para evitar la caída al precipicio, que con el experimento de Liz Truss casi arrastra al conjunto del país.

Como ha explicado muy bien Le Monde, la desesperación de los fondos de pensiones británicos por dar cumplimiento a sus obligaciones con los pensionistas les llevó a invertir masivamente en un producto financiero muy complejo, los LDI (liability-driven investing), que en la práctica suponía endeudarse para ir pagando las pensiones del día. Pero con la crisis, el truco de magia -como tantas veces antes- se ha venido abajo. Ahora, no solo están amenazadas las pensiones de millones de personas, sino que todo un país se ha colocado en el abismo porque la industria de los fondos de pensiones es un auténtico gigante, con activos por valor de 1,65 billones de euros, casi una vez y media el PIB español.

Los amantes del juego deberían ir a divertirse al casino. Y dejar en paz a los pensionistas y a los modelos públicos de pensiones que, a pesar de sus problemas, funcionan razonablemente bien sin ellos.

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