Quince horas con Tontxu
¿No te parece significativo que el concepto de lo justo coincidiera siempre sospechosamente con nuestros intereses?
Nunca se habían visto en otra. Quince horas sentados en una mesa de negociaciones mientras la noche primero se abatía y luego huía de la calle de San Bernardo. La pequeña odisea vivida por el comité de huelga de los LAJ —¡maldita denominación de sonido abominable y significado incierto!, ¿nunca pensaron los secretarios judiciales que habría que escribir de ellos?— cobra ciertos visos de sainete cuando los periodistas relatan sus salidas del Ministerio a comprar primero unos cafés y luego unas pizzas con las que resistir la dura noche. En el fondo la anécdota dibuja todo un cuadro para aquel que quiera interpretar correctamente la situación real de las negociaciones. ¿Es que los negociadores de Justicia fueron tan desconsiderados que pidieron una entrega de suministros alimentarios y excluyeron de estos a los huelguistas? No, es que los del Ministerio aguantaron a base de agua y galletitas saladas.
Los huelguistas han perdido el embate. De cuánto tarden en asumirlo y en rebajar sus pretensiones —para encontrar un acuerdo que les permita salvar los trastos para la galería y mejorar en lo posible la situación de los más desfavorecidos de entre ellos— depende no sólo el nivel de daño que se produzca, sino la consideración que este cuerpo superior de funcionarios mantenga dentro del mundo jurídico y de cara a la ciudadanía.
Han cometido algunos errores graves en la gestión del conflicto que podrían tener consecuencias en el futuro y, desde luego, que no les convierten ante la opinión pública en un grupo de funcionarios esforzados y denodadamente preocupados por el servicio público. El relato está perdido. Esa es en gran manera la imagen que están proyectando en los medios, que además se está viendo reforzada por la protesta generalizada que el resto de operadores jurídicos —jueces, fiscales, funcionarios, abogados— han decidido expresar sin ambages, como yo les avanzaba en Escenas de la lucha de clases en San Bernardo.
En realidad todo estaba enfocado desde el principio. Dado que la labor de estos funcionarios es bastante críptica para el ciudadano en general y para los periodistas en particular, los huelguistas se esforzaron en remachar los daños que podía generar su huelga. Lo hicieron de forma consciente y militante. Fíjate qué necesarios somos que podemos bloquear los juicios, las bodas, el pago de pensiones y obligar a abogados y ciudadanos a desplazarse gastando tiempo y dinero y a los jueces a no poder trabajar porque nos necesitan para dar fe pública judicial. Lo han hecho. Tanto han tirado de esta cuerda que han sido múltiples las quejas, así que han tenido que recomendar a sus propios huelguistas que no puteen gratuitamente al personal y avisen de que suspenderán los actos antes de que la gente se presente.
El silogismo continuaba de la siguiente forma: podemos hacer tanto daño porque tenemos muchas funciones y muy importantes y por ello batallamos por ligar nuestro sueldo al del Poder Judicial y cobrar un 85% del sueldo del juez, que en la larga noche sanbernardina se convirtió en un 85% de su masa salarial. Nadie que conozca la Justicia por dentro va a comprarles eso. Por no añadir que este mismo colectivo pasó años exigiendo tener más funciones y que las obtuvo provocando graves fricciones —como la de señalar ellos los juicios en vez del propio juez—. Claro, pelear por obtener competencias para luego afirmar que tienes tantas que tienes que cobrar casi como un juez no deja de ser un juego peligroso. Es peligroso porque obliga a abrir el tarro de las esencias.
Todas las asociaciones judiciales se han opuesto a esa cláusula de enganche salarial: primero, porque es manifiestamente injusta, y segundo, porque comprometería en un futuro cualquier reivindicación salarial de jueces y fiscales. Llevan razón. Es una locura pretender que un LAJ cobre el 85% del sueldo de un magistrado, un agravio comparativo inaceptable que ningún ministerio de ningún signo político les va a conceder.
El tarro de las esencias tiene aún más veneno guardado. La mala gestión del conflicto incluye ciertos desprecios hacia los funcionarios de la oficina judicial que son los que sacan adelante el curro y, en muchos casos, también el de los propios LAJ. Así que el rey va desnudo y lo que es sabido dentro —que muchas de sus funciones se las encaloman a los funcionarios— ha salido a la luz. Comisiones Obreras ha tenido que decirlo claramente porque algunos de los señores huelguistas, para que se notara el daño de la huelga, les han ordenado a los que se comen sus marrones —sin tener obligación y sin cobrarlos— que dejen de hacerlo, y el sindicato supone que volverán a ordenarles que carguen con el mochuelo cuando el conflicto acabe.
Y si seguimos aspirando las esencias y las apuramos hasta la hez tenemos la cuestión de la fe pública judicial, que también ha quedado desnuda. De toda la vida el secretario judicial se comía las mismas horas de sala que su juez o tribunal. Allí estaba, dando fe y tomando las notas para el acta. Desde que se instaló la grabación audiovisual, el acta es esa y los LAJ no bajan ya a sala. Dan fe del sistema y de la grabación que es automática. No van a juicio pero en la huelga los suspenden porque con la ley en la mano su presencia es imprescindible. Lo mismo sucede con las notificaciones que ahora se hacen a través del sistema LexNet. La trampa campa. Cabreados como monas por las suspensiones, el resto de operadores ha levantado el velo: ¿cómo que por su huelga hay que suspender actos en los que nunca están?
Ojo, porque esto puede complicarse en el futuro. ¿Y si a alguien se le ocurre quitarles la fe pública judicial? ¿Qué es y en qué consiste en un mundo digital la fe pública? El comunicado de los jueces progresistas es demoledor en ese apartado: “En los tiempos del expediente electrónico y la firma digital, mantener vigentes previsiones decimonónicas constituye un anacronismo cada vez más evidente y que no hace más que ponerse en evidencia en situaciones excepcionales como la presente. El precio que los ciudadanos/as pagan por este desfase entre la realidad y la norma debería valorarse como inasumible”.
La huelga indefinida continúa, lo han aprobado en asambleas, aunque supongo que saben que no van a conseguir esas pretensiones económicas de máximos que les parecen irrenunciables a pesar de haber tenido este año un incremento del 14,5% en sus sueldos. No va a haber cláusula de enganche porque es una demanda injusta e imposible. Sobre la mesa está, eso es cierto, la posibilidad de que los LAJ que menos cobran por las localidades en las que ejercen, los de cuarto y quinto grupo, vean mejoradas sus retribuciones. Eso es lo que tienen que valorar, si asumen que sí pueden beneficiar a la parte de sus asociados que peor lo tiene o se enrocan en una petición imposible.
Según decidan y según arrecien los daños, pueden encontrarse de frente a todo el foro jurídico del país y a la opinión pública en cuanto entienda lo que está pasando. Quince horas con Tontxu, en realidad, dieron para mucho. La Justicia en todos sus escalones está acostumbrada a apañarse con agua y galletitas saladas, pero si tú pretendas tener pizza a discreción, acabará explotando contra ti.
Ha llegado la hora de negociar sobre lo posible y abandonar las entelequias.
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