¿Quién ha rezado a la virgen del empleo indefinido?

En un país como España donde no hay debate político ni sereno ni inteligente, no sorprende que los datos de empleo del mes de abril hayan quedado sepultados por los intereses espurios de la gran parte de los oligopolios económicos y mediáticos.  

La realidad, les duela a los economistas neoclásicos o social liberales, así como a los devotos de la Virgen de Fátima que otrora ocupaban el Ministerio de Trabajo, es que la reforma laboral, en su aspecto de dotar de estabilidad al empleo, está alcanzando resultados prometedores. Sin embargo, los datos cuantitativos de paro registrado no nos deben cegar, ya que son meros registros administrativos que seguramente deberían desaparecer como estadística, salvo la contratación, para no mezclar con la EPA, verdadero termómetro de la situación del empleo y desempleo.

Más allá de las consideraciones estadísticas y técnicas, hay dos hitos que merecen ser destacados. Por un lado, la cifra de afiliados a la Seguridad Social, más de 20 millones y el hecho que más de la mitad de los flujos de nuevos contratos son indefinidos o fijos discontinuos, figura ahora denostada por la pléyade de tertulianos indocumentados, quienes carecen de un mínimo de conocimiento de lo que significa este tipo de contrato, especialmente para jóvenes, mujeres o trabajadores de edades avanzadas. 

Esta coyuntura, aunque el empleo es siempre una variable retrasada, se alcanza en un contexto de enorme volatilidad económica y política, en medio de una guerra en Europa y con los tipos de interés y precios de la energía al alza, lo que podría estar provocando un retraimiento de la demanda agregada ante un shock de oferta de magnitudes aún por evaluar. La virtud de este cambio estructural en la mentalidad de la contratación, es fruto, también, de una estrategia durante la pandemia, que la sociedad debería agradecer a la responsable de empleo, Yolanda Diaz. Ha consistido en utilizar los ERTES para aguantar el empleo y lograr, mediante dinero público, que las empresas no cerrasen y pudieran mantener la ocupación, algo impensable bajo los gobiernos anteriores, tan píos en los rezos, como inútiles en defender al mundo del trabajo, mimando únicamente a aquellos que contrataban por días y horas, bajo la falacia de las bondades de la flexibilidad en el mercado laboral.

Y entre insultos y encuestas que dan miedo, ha surgido alguien que, junto a un equipo decente y competente, ha logrado mediante el BOE obligar a empresas y empleadores en general a que el contrato por defecto es el indefinido y que los contratos por un día pasen de ser tres de cada cuatro, a uno de cada cuatro, lo que da idea del giro copernicano de la estructura de contratación. El mérito, además, ha sido que sectores como el agrícola, la construcción o la hostelería, los grandes responsables de la temporalidad y precariedad mal entendida, hayan doblado el testuz, y ahora luzcan estadísticas más cercanas a los países de nuestro entorno.

Esta reforma laboral, luchada y bregada en exclusiva por Yolanda Diaz, con muchos aspectos en los que ha perdido la batalla frente a la muralla neoliberal representada por la ministra Calviño con el inestimable apoyo del Presiente Sánchez y el reconocido embajador de las grandes empresas, Escribá, va a suponer una serie de cambios sustanciales. En primer lugar, hay un impacto en el bienestar de muchos trabajadores que dejarán atrás empleos sin apenas derechos, con indemnización por despido ridículas y que ahora podrán disponer de solvencia financiera que antes no tenían. La magnitud de este cambio lo notaremos a medio y largo plazo y lo más importante es que va a ser muy difícil, a pesar de la actitud del presidente de la CEOE, Garamendi, es que se revierta esta tendencia con un cambio normativo.

La parte más desconocida, y por tanto más fácil de criticar, es la vertiente de los fijos discontinuos. Aquí hay que explicar que la reforma laboral no ha acabado con la estacionalidad del empleo en España, por lo que los contratos de temporada en el turismo o en el campo se mantienen, pero con otra dinámica. Ser fijo discontinuo, al margen de tener mayor indemnización, obliga a las empresas a tener en cuenta a los trabajadores en ejercicios sucesivos, ya que forman parte de la plantilla, lo que revierte en mayor antigüedad, mayor recaudación en Seguridad Social y capacidad de formar más y mejor a los trabajadores.

Estos avances, además, se han logrado bajo el modelo de concertación, aunque ahora Garamendi tenga que desmarcarse para contentar a Feijoo y así quitarse el estigma de haber firmado numerosos acuerdos con el gobierno de Sánchez y sindicatos, y haber defendido los indultos a los políticos del Procés, en un arranque de inteligencia que rápidamente desvaneció de su discurso. 

Sin embargo, siendo la única reforma laboral que ha reducido la temporalidad en la democracia, los retos siguen siendo amplios y costosos. Queda por erradicar la posibilidad de la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, y seguramente algunos otros flecos de la norma de Rajoy y la Virgen de Fátima, pero también de anteriores reformas de Zapatero y González. 

Adicionalmente la nueva normativa sobre los llamados ERTES RED van a suponer un plus de flexibilidad para aquellos que denostan los avances en derechos laborales, y si encima es capaz Yolanda Diaz de revocar aquellos aspectos de la reforma laboral anterior que se han quedado pendientes y puede diseñar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que incluya la cogestión en los Consejos de Administración, la sociedad española debería pensar en votar su candidatura, y no solo valorar su empatía como reflejaba recientemente la encuestar de 40DB para el País y la Cadena Ser.  

Pero en el horizonte hay muchas sombras, tanto económicas, como políticas. Por un lado, sigue sin haber una estrategia de reindustrialización de la economía española. Una economía solo basada en sector primario y servicios de baja cualificación no tiene mucho futuro, máxime en un contexto de un largo periodo de problemas de oferta y elevados costes de producción. Sin solucionar el coste energético, y el eléctrico en particular, la economía española va a sufrir seriamente en el momento que China o EEUU, y por ende Europa, caiga otra vez en una recesión que puede ser larga. 

España, una vez más, llega mal preparada en materia de modelo productivo a la enésima crisis del capitalismo, sin recursos para paliar la caída de la demanda agregada, aunque con avances notables en la eliminación de la precariedad. El problema es que, como decía Fuentes Quintana, todos estos problemas no tienen solución técnica, sino política y ahí es donde España presenta un déficit estructural. No hay clase política capaz de acometer estos cambios, de plantar cara a oligopolios y estructuras arcaicas y especialmente no hay dirigentes que lideren a una sociedad que ha preferido abrazar las cadenas y la sumisión ante la desigualdad inherente al egoísmo de la globalización y los mercados financieros.