La violencia de género no es un accidente de tráfico
La proposición de ley que se ha aprobado en el Congreso mejora la pensión que hasta ahora recibían las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género. Pasan de los 140 euros mensuales a los 600 euros, como mínimo, cuando las mujeres no hayan cotizado. La nueva ley afianza y afina una modificación que ya introdujo la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015 que aprobó el PP. Esta reconocía que estos huérfanos debían percibir la pensión absoluta equiparando la prestación a la que se concede cuando el progenitor sobreviviente abandona a sus hijos. De esta forma, queda claro el mensaje a entrever: cuando un padre asesina a la madre, está abandonado a sus hijos.
La ley aprobada (matizable y mejorable, como todas las que aparentan consenso y tardan años en aprobarse) da un paso más en ese reconocimiento de víctimas que debe otorgarse a las hijas e hijos de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Más allá del hecho de ahorrar trámites e incrementar cuantías, de lo que estamos hablando es de acercar un derecho a una cuantía que reconozca y repare el daño que causa una violencia estructural que, por volumen, motivación y perfil de agresores y víctimas, perfectamente, podría calificarse como feminicidio.
Por este motivo, aprobar esta ley trasciende de la simplificación que se ha hecho desde las filas del Partido Popular. La diputada Mar Cotelo se ha permitido frivolizar sobre el tema al señalar que estas pensiones conducen una situación de privilegio de los huérfanos de la violencia de género frente al resto de menores huérfanos. Dicha afirmación, sin matices, seguro que agrada a sus aliados de Vox, pero no corresponde ni con la realidad ni con el motivo que da pie a la aprobación de esta ley. Dice de forma temeraria la 'portavox' del PP que la norma provoca una situación de discriminación y para mostrarlo se pregunta por qué un niño cuya madre fallece en un accidente de tráfico donde conduce su padre no va a poder recibir la misma pensión de orfandad que el de la violencia de género. La razón es obvia: porque se trata de un accidente y no de un crimen machista.
A todo esto y para simular su viraje a la ultraderecha, el PP se empeña en reivindicarse como artífice y promotor de las políticas de violencia de género. Sin embargo, propuestas como esta reflejan que, más allá de aprobar leyes y medidas, hay que comprenderlas, dotarlas de medios y sobre todo aplicarlas desde una lógica que no difumine la violencia machista con otras violencias y, en este caso, con sucesos e infortunios como los accidentes de tráfico que nada tienen que ver con el tema de fondo que se esta tratando de erradicar.
Presume la Sra. Cotelo de que su formación aprobó el Estatuto de la Víctima, pero no cuenta que no lo dotó de partida presupuestaria y que, desde su aprobación, no se ha podido ni implantar ni aplicar con normalidad. Tampoco menciona que en la Ley de Infancia y Adolescencia que aprobó su partido ya se hacía “una discriminación” entre los huérfanos fruto de la violencia dentro de la pareja y el resto de las situaciones de orfandad. Es más, esa norma, que dejaron sin desarrollar, es la que reconoce por primera vez, que las hijas e hijos de las mujeres víctimas de la violencia de género deben ser tratados social, legal y judicialmente como víctimas específicas de esta violencia. No reivindica el PP estos avances porque de hacerlo tendría no solo que explicar en qué quedaron sino por qué ahora se empeña en igualar todas las situaciones de violencias e infortunios que puedan afectar a los niños negando la importancia y necesidad de diferenciar.
Desprecia con su tesis la diputada popular el hecho de que aprobar esta pensión absoluta de orfandad a un niño cuya madre ha sido asesinada por su padre es parte de su reconocimiento legal como víctima de la violencia de género que impulsaba su ley, recoge el Convenio de Estambul e insta el Pacto de Estado que ha suscrito y firmado. Afirmar que esta ley discrimina al resto de niños y niñas huérfanos es una forma malintencionada de malmeter y confundir a la sociedad. Es sembrar la duda donde debería haber apoyo y solidaridad, es negar que hay niñas, niños y adolescentes que se merecen, por justicia y dignidad, un trato independiente por ser víctimas de una violencia que ni es casual ni es doméstica, que es estructural y es machista.
Me extraña esta propuesta en la 'portavox' del PP porque no creo que esté dispuesta a ampliarla para revisar otras pensiones, ayudas y beneficios especiales como los que perciben los huérfanos del terrorismo de ETA. Tampoco seré yo quien lo haga porque quienes miramos la sociedad desde los derechos humanos sabemos que no puede repararse ese daño del mismo modo que a otros huérfanos, sean por accidentes de tráfico, enfermedades u otras desafortunadas razones. Comprendemos que una víctima del terror tiene derecho a acceder a medidas especiales de reparación del daño que le han causado y que el acceso a ese derecho es parte de las obligaciones del Estado y de la corresponsabilidad de la sociedad. De hecho, la prestación y apoyos que reciben los huérfanos de la violencia machista todavía son muy insuficientes, y desde luego no son ningún privilegio sino un derecho legítimo y ahora, además, legal. Cualquier intento de diluirlo en debates maliciosos y conflictos de intereses ficticios que nieguen la gravedad de que el motivo de la orfandad de es el asesinato de su madre a manos de su padre, solo tiene una interpretación: intentar negarles su estatus de víctimas de una violencia que el Estado tiene la obligación de erradicar.
