¿Hay ideología en los programas del PP y Vox?

Ninguno de los dos programas con los que la derecha concurre a las elecciones del 29N se reconoce ideológico. Y, sin embargo, lo son. Vamos, que si lo son. El de Vox se titula Es sentido común y el del PP, La Reconstrucción Nacional. La palabra “ideológico”, en sus distintas formas, aparece siete veces en el primero y tres en el segundo. Las diez se refieren a lo que hacen otros porque lo suyo son ideas… de sentido común para la reconstrucción nacional. Ideas complementarias entre sí, que recogen el enfado y la frustración de quien no llega a fin de mes, lleva meses esperando una cita médica o no reúne los requisitos para optar a una ayuda que, cuando por fin llega, llega tarde y mal.

Para ese malestar, los programas de PP y Vox no ofrecen soluciones, sino una lista de culpables. Las personas migrantes, también las niñas, niños y adolescentes que llegan solos. Las mujeres musulmanas, las personas trans, los partidos independentistas. Y, en el caso de Vox, además, las ONG que defienden y amparan a la infancia migrante, las feministas, los sindicatos y el ecologismo. Es decir, los mismos chivos expiatorios que Trump utilizó para volver al poder. Dos años después, señalar culpables solo ha servido allí para desmantelar mecanismos de protección social y hacerle la vida más difícil a quien ya la tenía difícil.

Pero es que, además, las medidas de los programas del sentido común y la reconstrucción nacional no caben en nuestro marco normativo: ni en el internacional, ni en el europeo, ni en el constitucional. Para hacer todo lo que proponen PP y Vox, España tendría que salirse, entre otras cosas, de la Convención sobre los Derechos del Niño, si quiere devolver a las infancias que migran solas, como prometen los dos partidos, sin escuchar antes a cada niño o niña ni valorar su interés superior (Vox, medida 15; PP, medida 46). También debería abandonar el Convenio de Estambul si se derogan las “leyes de género” (Vox, 47), porque ese tratado obliga a tratar la violencia contra las mujeres como lo que es, violencia de género.

Además, muchas de estas medidas también entrarían en conflicto con el derecho de la Unión Europea cuando Vox reserva la prioridad en vivienda, guarderías, becas y ayudas (medidas 18, 27 y 74) y el ingreso mínimo vital (22) a «los españoles». Porque no dice a «los residentes» ni a «los europeos», dice los españoles. Una trabajadora portuguesa o un estudiante italiano que vivieran en España irían siempre detrás en la lista. Y eso es justo lo que el derecho europeo prohíbe, que quien se traslada a trabajar o estudiar a otro país de la Unión no tenga derecho al mismo trato que los nacionales, también en las ayudas sociales. Es la misma regla que protege a los españoles que viven en Alemania o en Francia cuando piden allí una plaza de guardería o una ayuda al alquiler.

Una de cada tres medidas del programa de Vox no construye nada: solo deroga, suprime, expulsa o prohíbe. Sumadas a las del Partido Popular, que está encantado de gobernar con la extrema derecha porque sin ella no le salen las cuentas, dibujan una cuenta atrás que deshace buena parte de lo avanzado en décadas de democracia.

Sin la autodeterminación de las personas trans volveríamos a antes de 2023. Sin la ley de eutanasia, a antes de 2021. Sin la LOMLOE, que ambos quieren derogar o sustituir, a antes de 2020, cuando ninguna ley obligaba a dotar a los colegios ordinarios de los recursos que necesita el alumnado con necesidades educativas especiales. Sin la Ley de Memoria Democrática, que en 2022 sustituyó a la de Memoria Histórica, a antes de 2007 y ninguna ley que reconocería a las víctimas de la dictadura franquista. Sin la ley integral contra la violencia de género, a antes de 2004. Sin escuchar a cada niño antes de devolverlo, a antes de 1989, el año de la Convención sobre los Derechos del Niño. Con la vida protegida «desde su concepción» a antes de 1985. Sin la inmersión lingüística en las escuelas a antes de 1983. Y con partidos ilegalizados por sus ideas, penas agravadas por ofender a la bandera y una administración que decide qué cultura tiene “sesgos ideológicos” y qué contenidos sobran en clase, a antes de 1978.

El país que resulta de restar todas esas leyes no hay que imaginarlo, porque ya existió. Había una sola historia que contar, una única lengua, una sola religión, una única forma de ser español, una sola bandera y… una sola ideología. Tampoco había sanidad universal ni pensiones no contributivas, y quienes emigraban éramos nosotros. Nadie propone volver a una dictadura, pero no deja de ser una broma de mal gusto que a regresar a aquel orden preconstitucional se le llame “sentido común”, y que el partido que va a tender el puente hacia aquellos tiempos titule su programa “reconstrucción nacional”.