Carroñeros

Quienes utilizan una tragedia como Adamuz para sembrar odio y deslegitimar al Gobierno, sin una sola prueba concluyente sobre las causas del accidente, no están haciendo oposición: están atacando las bases mismas de la convivencia democrática. Convertir el dolor de decenas de muertos en munición propagandística es una forma de degradación política que roza lo inhumano.

Es manipular en caliente. Mientras los equipos de emergencias aún buscaban cuerpos entre los vagones destrozados en Adamuz, con más de cuarenta muertos y decenas de heridos, ya había dirigentes de Vox insinuando que “nada funciona bajo la corrupción y la mentira” y que “no pueden confiar en la acción de este Gobierno”. No esperaron a un informe técnico, a una primera hipótesis oficial, ni siquiera a que las familias hubieran podido identificar a sus muertos; esperaron solo a tener un foco y un micrófono. Ese uso inmediato del accidente para hablar de “colapso del Estado” y “gobierno mafioso” no es control institucional, es puro aprovechamiento del cadáver ajeno para obtener rédito electoral.

Seguimos con la mentira como método, porque no hay, a día de hoy, un solo dictamen pericial que avale las acusaciones de que el accidente se deba a una supuesta descomposición moral del Gobierno, y, sin embargo, se repiten consignas como “nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo” vinculándolas directamente al descarrilamiento. Esa estrategia no busca la verdad de lo ocurrido, busca instalar en el imaginario colectivo que, ocurra lo que ocurra, la culpa siempre es de un Ejecutivo que consideran “ilegítimo”, aunque las señales, la vía, el material rodante o la operación estén aún bajo investigación. Es una fábrica de sospechas permanente: se lanza la acusación hoy, sin pruebas, y mañana, aunque la investigación la desmienta, la mancha ya ha calado en parte de la población.

Estamos ante un ataque a la legitimidad democrática, cuando se utiliza un siniestro ferroviario para repetir que el Gobierno es “mafioso” y que “el crimen” está en La Moncloa, no se está discutiendo una política pública concreta, se está insinuando que las instituciones son ilegítimas y que el poder democrático es, por definición, enemigo del pueblo. Esa lógica es la de la antidemocracia, donde se sustituye el control parlamentario por la descalificación total, la crítica informada por la injuria sistemática, la exigencia de responsabilidades por el “todo está podrido” que abre la puerta a aventuras autoritarias. Y mientras tanto, se presiona a los técnicos, a los investigadores y a los jueces para que sus conclusiones encajen en un relato prefabricado de colapso y conspiración.

Detrás de todo esto solo hay un proyecto: romper la convivencia. Se acusa al Gobierno de dividir a los españoles mientras se construye, día tras día, una narrativa en la que media sociedad es presentada como cómplice de un supuesto “régimen criminal” simplemente por haber votado diferente. Se siembra desconfianza en los servicios públicos, se desprecia el duelo de las familias, se acusa de silencio cobarde a quienes optan por suspender sus actos políticos por respeto a las víctimas, mientras se presume de “seguir trabajando” y se aprovecha cada cámara para echar gasolina al incendio. Eso no es defender a España; es dinamitar la posibilidad misma de una conversación compartida, de un mínimo suelo común de hechos, instituciones y respeto que permita seguir viviendo juntos pese a las diferencias.

Frente a quienes han decidido convertir cada tragedia en un arma arrojadiza, la defensa de la convivencia pasa por algo tan elemental como negarse a aceptar acusaciones sin pruebas, por muy altavoz mediático que las repita. Investigar hasta el final, exigir responsabilidades si las hay, reforzar las infraestructuras y mejorar los protocolos es lo propio de una democracia adulta; utilizar a los muertos para fabricar odio contra un Gobierno al que se tacha de “ilegítimo” es propio de quienes han renunciado a la política y solo saben moverse en el terreno del resentimiento y la mentira. Propio de auténticos hijos a los que les puede gustar la fruta, pero no aman a su país.