España: prestigio fuera, sabotaje dentro
España atraviesa una paradoja que ya no es solo algo más que una anomalía: se está convirtiendo en un síntoma de deterioro democrático. Mientras el gobierno recibe reconocimiento internacional por su defensa del derecho internacional, cómo hemos visto especialmente en conflictos como Gaza y en su posicionamiento en el tablero global, dentro del país una parte significativa de la derecha no solo discrepa, sino que actúa activamente para erosionar esa posición, incluso a costa de debilitar la imagen exterior de España. Son los patriotas de pacotilla de las banderas ya no solo en pulseras y balcones, sino hasta en cada uno de los fideos de la sopa.
No estamos ante una oposición exigente ni ante un debate político saludable. Lo que se ha instalado es un sabotaje sistemático. Da igual el contenido de las decisiones, el contexto internacional o el respaldo exterior: si la iniciativa proviene del gobierno, debe ser desacreditada. Para ello se recurre a la tergiversación, al bulo, la deslegitimación personal y la construcción constante de un clima de sospecha. El objetivo no es corregir errores, sino invalidar cualquier gestión.
Lo más preocupante es que esta dinámica no se limita al terreno político, sino que se extiende a instituciones que deberían mantenerse al margen de la confrontación partidista, especialmente el poder judicial. La percepción de que en España se aplica una doble vara de medir se ha ido consolidando: contundencia selectiva, indulgencia interesada y tiempos judiciales que parecen acompasarse con el calendario político más que con los principios de imparcialidad. No se trata únicamente de casos concretos, sino de un patrón que erosiona la confianza ciudadana. Cuando determinados actores son sometidos a una presión judicial intensa y otros, en situaciones comparables, transitan con menor exposición o consecuencias, el mensaje es claro y profundamente corrosivo: la justicia no actúa igual para todos.
En este contexto, la actitud de la derecha adquiere una dimensión aún más grave. No solo alimenta la polarización, sino que legitima e impulsa la judicialización de la política como herramienta de desgaste. Se sustituye así la confrontación democrática en las urnas por una estrategia de presión mediática e institucional orientada a deslegitimar al adversario. El contraste con la percepción exterior es difícil de ignorar. Fuera de España, se observa a un gobierno que, con sus aciertos y errores, mantiene una línea coherente en la defensa de principios internacionales en un contexto complejo. Dentro, sin embargo, esa misma posición es recibida con una negación constante que bloquea cualquier posibilidad de consenso mínimo.
El resultado es una democracia más frágil, más tensionada y menos fiable. Porque ningún país puede aspirar a tener una voz sólida en el mundo si en su interior se instala la idea de que las reglas del juego dependen de quién las interprete o de a quién afecten. España no tiene hoy un problema de reconocimiento exterior. Tiene un problema más profundo: la erosión interna de sus propios consensos democráticos. Y mientras una parte de su sistema político siga operando bajo la lógica de “cuanto peor, mejor”, ese prestigio internacional convivirá con un deterioro institucional que, más pronto que tarde, acabará pasando factura.