El negocio de la vejez y los gobiernos que lo alimentan
Cuando una administración pública lleva décadas subcontratando la vejez al capital privado sin fijar precios máximos, sin exigir ratios mínimas de personal por ley estatal y sin garantizar salarios dignos a quienes cuidan, no estamos ante un fallo del sistema. Estamos ante el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.
Hay modelos de negocio que funcionan a pesar de sus contradicciones. Y hay modelos que funcionan precisamente gracias a ellas. El sector residencial privado para mayores pertenece, con elegancia casi matemática, a la segunda categoría: exprime arriba y exprime abajo, y llama a eso cuidado.
En Murcia —donde quien escribe estas líneas puede constatar lo que los datos confirman— la cobertura pública de plazas residenciales es la más baja de toda España: menos de dos plazas y media por cada cien mayores de sesenta y cinco años. El déficit para alcanzar la ratio mínima recomendada supera las seis mil cuatrocientas plazas. El Instituto Murciano de Acción Social gestiona algo más de cuatro mil doscientas plazas concertadas para una demanda que las multiplica. La lista de espera no es una anomalía: es la norma. Y en ese vacío que el sistema público dejó sin cubrir opera, con plena libertad de mercado, el negocio privado de la vejez: dos mil euros mensuales de media, extras aparte, gerocultoras cobrando por debajo del Salario Mínimo, convenio caducado y sin renovación urgente a la vista.
La norma que regula las condiciones mínimas de las residencias murcianas —el Decreto 69/2005— establece exigencias de obligado cumplimiento. Para el médico: mínimo cuatro horas diarias de presencia en un centro de más de cien residentes. Para la enfermería: el decreto exige presencia de personal sanitario tanto en horario diurno como nocturno, los siete días de la semana, sin excepción. No hay en el texto ninguna cláusula que permita concentrar toda la cobertura de enfermería en las mañanas de lunes a viernes y dejar el resto del tiempo —tardes, noches y festivos— sin un solo ATS o DUE en el centro. El decreto existe. La inspección que garantiza su cumplimiento es otra historia. Los incumplimientos —bajas no cubiertas, horarios médicos reducidos a conveniencia del centro, una enfermera para más de cien residentes que solo cubre las mañanas de lunes a viernes, direcciones que gestionan varios centros desde lejos— rara vez se persiguen si nadie los denuncia. Y denunciar desde dentro de una residencia privada tiene un coste personal que no todo el mundo puede asumir.
La patronal del sector tiene sus argumentos. Que los costes han subido. Que el personal sanitario escasea. Que la solución es más del mismo modelo, con mayor financiación pública: que el Estado pague más a los mismos operadores para que sigan haciendo lo que hacen, con mejor imagen. El sector facturó en 2025 más de seis mil millones de euros con un crecimiento del siete por ciento. No es un sector en crisis. Es un sector en expansión que pide más dinero público mientras congela salarios y estira ratios hasta el límite de lo legal —y a veces más allá.
Los gobiernos —el central y los autonómicos de todos los colores— llevan años perfeccionando una respuesta que consiste en no responder. Sin ratio mínima de personal regulada por ley estatal —los sindicatos lo reclaman sin éxito—. Sin precios máximos en los centros privados no concertados. Sin convenio laboral renovado con urgencia real. La Ley de Dependencia tiene veinte años y sigue infrafinanciada. Lo que hace posible este sistema es la impunidad de la omisión: nadie ha firmado un decreto que diga que el beneficio empresarial importa más que la dignidad del residente o el salario de quien lo cuida. Todo ha ocurrido por acumulación de decisiones que no se tomaron. La omisión, en política social, es siempre una elección. Solo que más cómoda.
Las familias venden viviendas y se endeudan para pagar una plaza que el sistema público no ofrece. Las trabajadoras cobran lo mínimo atendiendo a los más vulnerables. Los mayores sin voz ni familia que la alce quedan expuestos a lo que cada centro decida cumplir de una normativa que existe sobre el papel y se inspecciona poco. Que en el siglo XXI esas sean las únicas opciones disponibles para la ciudadanía en el tramo más frágil de su vida no es una tragedia inevitable. Es una elección política. Tomada por omisión. Sostenida por conveniencia. Y alimentada, año tras año, con la fe ciega de los adoradores del becerro de oro.