De una “disputa con Hacienda” a “trocear” el expediente: las falsedades de Ayuso para defender a su pareja

Isabel Díaz Ayuso ha dado este jueves su primera entrevista después de que Hacienda revelase en un informe que su pareja, Alberto González Amador, facturó 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023, cuando comenzaron su relación. Durante la misma, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estallado contra Pedro Sánchez por mencionar el caso de su pareja en el Congreso y ha vuelto a asegurar que todo se trata de una “operación de Estado” cuyo fin último es ella misma. 

Sin embargo, algunas de las afirmaciones que ha lanzado la presidenta en Telecinco en su defensa a Alberto González Amador son falsedades. Otras no son correctas o, al menos, no del todo. 

“Lo que han hecho es coger a un señor para intentar hacerme daño a mí”

Es una de las teorías que Ayuso difunde desde hace más de dos años: que toda la causa contra su pareja es una operación de Estado. Durante el juicio contra el fiscal general del Estado, el fiscal Julián Salto, encargado de la causa por fraude fiscal, ya explicó que no tuvo conocimiento sobre que era pareja de Ayuso hasta el ocho de marzo de 2024, tres días después de presentar la denuncia.

Alberto González Amador defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Hacienda detectó desgravaciones de gastos sospechosos en la declaración del impuesto de sociedades presentadas en 2021 y de 2022 de la empresa propiedad de la pareja de Ayuso. Fue su abogado quien propuso llegar a un acuerdo con la Fiscalía, admitiendo la comisión de dos delitos, antes incluso de que esta presentase la denuncia para intentar evitar el juicio.

“No tenemos nada a medias”

elDiario.es publicó el 12 de marzo de 2024 que Ayuso y su pareja vivían en un piso de un millón de euros y 208 metros que González Amador compró después del fraude fiscal. La vivienda está ubicada en el distrito de Chamberí de Madrid y fue adquirida en julio de 2022. Sin embargo, Ayuso y su novio no viven en un solo piso, sino en dos: el domicilio ocupa dos plantas, con 387 metros cuadrados entre ambos. Se trata del sexto y el séptimo piso, uno está encima del otro. En noviembre de 2025, González Amador compró el ático de lujo por el que pagaba 5.000 euros de alquiler. Los pisos han sido adquiridos por él, pero ambos viven allí.

“Cuando él tiene como todos los empresarios de este país en un momento una disputa con Hacienda, decide que, sin estar de acuerdo, con tal de no perjudicarme a mí, quiere pagar. Cuando Hacienda se entera de que es quien es, algo con lo que atacar a Ayuso, decide que este señor ya no puede pactar con Hacienda, deciden filtrarlo ilegalmente”

Hay varias falsedades en esta argumentación de la presidenta madrileña. El caso de González Amador no le ocurre a “todos los empresarios”, sino que es poco frecuente. Menos del 1% de contribuyentes investigados acaban denunciados como él.

El comienzo de la inspección de la Agencia Tributaria se dio porque detectó que una empresa había disparado sus ingresos sin aumentar los beneficios por los que tributa. Maxwell Cremona, una de las empresas de la pareja de Ayuso, multiplicó sus ingresos por seis aunque había reducido sus beneficios declarados a menos de un tercio. Ahí saltaron las alarmas.

Hacienda no podía llegar a un acuerdo con él porque la pareja de Ayuso superó en dos ejercicios el límite del delito fiscal, más de 120.000 euros anuales. Cuando se supera ese límite, la Agencia Tributaria tiene que denunciar y el caso ya pasa de Hacienda a la Justicia. Es decir, la “disputa con Hacienda” de Alberto González Amador, como reconoció su abogado, es en realidad un fraude a Hacienda.

Antes de que se condenara al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la confesión de la pareja de Ayuso, cuatro periodistas llegaron a ratificar ante notario que conocieron dicha confesión 31 horas antes que el fiscal.

“Desde Hacienda se ha ido troceando el expediente, se han ido troceando sus cuentas”

Ayuso no aclara a qué se refiere, pero es frecuente que a lo largo de los procedimientos judiciales el magistrado solicite diferentes informes sobre los hechos investigados. En este caso, además, hay dos causas penales distintas en torno a González Amador. Por un lado, se le ha procesado y está pendiente de juicio por dos delitos contra la Hacienda Pública, es decir, fraude fiscal y un delito de falsedad en Documento Mercantil. Y hay una segunda causa, todavía en fase de instrucción, que tiene que ver con su relación con Quirón Prevención y con uno de sus directivos: Fernando Camino. El juez acaba de encargar a la UCO, después de varios meses con la causa paralizada, un informe sobre las cuentas bancarias del empresario. Esta segunda ramificación del caso investiga la compra por parte del empresario por medio millón de euros de una sociedad sin apenas valor propiedad de la mujer de Camino. Y si aquella operación no fue, en realidad una compra, sino el pago encubierto de una comisión.

En diversos escritos e informes presentados en los últimos días, la Agencia Tributaria ha pedido autorización al juez para suspender sus inspecciones mientras siga la investigación penal. Es algo frecuente para evitar duplicidades y descoordinación. En uno de esos informes, la Agencia Tributaria revela que González Amador facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023.

“Ahora le abren de 2014”

Según Ayuso, ahora a su pareja le están buscando informaciones “de 2014”, cuando todavía quedaban años para que se conocieran. No es que rebusquen en fechas atrás sin motivo, sino que la “relación comercial” entre la pareja de Ayuso y la mujer de Fernando Camino “se remonta al menos al año 2014”.

Según otro informe de Hacienda de 2024, Amador pagó medio millón por una empresa de un alto cargo de Quirón, Fernando Camino, constituida junto a su esposa y su cuñado, Antonio Carrasco. El informe policial indica que la empresa de la pareja de Camino facturaba menos de 30.000 euros, no tenía empleados ni apenas actividad. Precisamente esta compra es la que está siendo investigada ahora por la Guardia Civil en la pieza separada.