Una reforma fiscal no puede ser considerada como una política aislada del gobierno, sino que tiene que responder a una visión integral del modelo de sociedad. Primero, en qué tipo de sociedad nos queremos ver reflejados. Después, quién debe contribuir a ella (quién aporta) y cómo debe redistribuirse, tanto en España como en cuanto a la responsabilidad que tenemos con países con economías menos avanzadas. Sin embargo, lo cierto es que para la mayoría de los españoles la reforma es insuficiente, injusta y decepcionante en casi todas sus dimensiones.
El Ministro Montoro explica que la reforma contribuirá a reactivar la economía y afirma que es hora de bajar los impuestos a aquellos que más han sufrido los incrementos fiscales de los últimos años. Si el Ministro está convencido de la necesidad de anteponer el principio de equidad, debería empezar por recuperar la cobertura en políticas sociales que se han visto dramáticamente recortadas. También reactivar los compromisos internacionales, donde la caída del 70% de la ayuda al desarrollo en los últimos años cuesta vidas. Esto significa recaudar más, no menos. Sólo cabe recordar que los españoles hemos tenido que gastar un 22% más en educación y otro 9,5% en sanidad, como resultado de los planes de austeridad del gobierno.
Claramente, la calidad de vida de la mayoría de los españoles ha empeorado y el débil mercado laboral fragiliza aún más las perspectivas de futuro. Sin embargo, el ahorro medio para los españoles con la bajada de tipos en el IRPF no superará los 40 euros por mes y se estima que la recaudación se reducirá en unos 9.000 millones de euros en los próximos dos años, lo que seguirá comprometiendo las políticas sociales.
El último informe consolidado de recaudación de la Agencia Tributaria para 2013, refleja un incremento de la recaudación en los últimos dos años de más de 23.000 millones de euros. Los cambios en las figuras tributarias como resultado de la crisis supusieron un incremento en más del doble de lo que se va a ahorrar ahora el Estado, pero la parte principal del esfuerzo recayó sobre los consumidores de rentas medias y bajas debido a la subida de tipos en el IVA.
Casi el 80% de los ciudadanos cree que esta reforma contribuirá a incrementar poco o nada la actividad económica y 2 de cada 3 piensan que aumentará la desigualdad. La percepción sobre esta reforma, nada desencaminada, proviene de una encuesta de Oxfam Intermón.
Otro enfoque es posible, y necesario
La reforma fiscal renuncia a recaudar más y redistribuir mejor. Se aleja del objetivo de aumentar la capacidad recaudatoria para acercarnos al promedio europeo (estamos 8 puntos por debajo) y dotar así de recursos suficientes la inversión pública en políticas sociales.
Tampoco se centra en recaudar más de quienes tienen más. Las grandes empresas apenas aportan ahora el 2% del total recaudado, frente al 90% que aportan los ciudadanos. Es prioritario que todos, empresas e individuos, tributemos en función de nuestra capacidad económica real, aportando más los que más tienen. Pero la bajada de 5 puntos en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas va en dirección contraria.
Finalmente, sigue sin establecerse un plan efectivo de lucha contra la evasión y elusión fiscal. No es solo importante por el potencial recaudador (podrían recuperarse 28.500 millones de euros más solo de grandes empresas y grandes fortunas si nos acercáramos al promedio europeo), sino porque sin este plan es imposible reconstruir la confianza de los ciudadanos, reforzar el modelo democrático y el funcionamiento esencial del Estado.
El fraude, en cualquiera de sus dimensiones, rompe el principio de equidad. Pero la impunidad con la que se trata a importantes figuras aumenta la desafección ciudadana. Es hora de incorporar mayor transparencia sobre los paraísos fiscales y las prácticas de planificación fiscal de las grandes empresas.
Ya tenemos el texto definitivo, pero no responde a las grandes necesidades de la sociedad española. Ahora les toca a los Sres. Diputados hacer su trabajo parlamentario para evitar la creación de sociedades cada vez más polarizadas, en las que la desigualdad y los niveles de exclusión aumentan amparados por leyes injustas e insuficientes.
