Abogados de los imputados en los ERE ante el Supremo, preocupados con instructor

Los abogados de los cinco aforados imputados ante el Supremo en el caso de los ERE están preocupados ante lo que consideran prejuicios del juez instructor, Alberto Jorge Barreiro, quien a su entender ha aceptado de manera automática las premisas de la jueza sevillana Mercedes Alaya.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que, a juicio de los abogados defensores el magistrado, cuya imparcialidad no ponen en duda, parece haber aceptado de manera automática las premisas en las cuales basó su exposición razonada la juez Meredes Alaya, que ha investigado el caso en Sevilla.

Alaya envió la causa al Supremo ante la aparición de indicios que implicaban a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a los exconsejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera.

La preocupación de los letrados que defienden a estas personas se centra en especial en la cercanía que el magistrado ha demostrado hacia el informe de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), desfavorable para sus intereses.

Esta actitud se puso de manifiesto, siempre según estas fuentes, en la discusión técnica que mantuvo con los peritos de la defensa en la reciente comparecencia que éstos realizaron ante el juez. Los letrados se han mostrado sorprendidos en conversación con Efe ante este hecho.

A su entender, lo debido es que el juez escuche una determinada opinión técnica y a partir de éste y otros indicios adopte una decisión según su criterio jurisdiccional, pero nunca entrando en discusión con los peritos.

El informe de la IGAE sirvió a la jueza de Sevilla Mercedes Alaya para sostener que el Gobierno andaluz diseñó un sistema ilegal de distribución de las ayudas, lo que implica la existencia de indicios de prevaricación y malversación en la conducta de los dos expresidentes y en los exconsejeros de la Junta.

Para Alaya hay indicios para imputar a los aforados derivados de su decisión de crear y mantener este sistema ilegal.

Por el contrario, los dos peritos de la defensa de Griñán, los catedráticos Juan Zorzona y Miguel Ángel Martínez Lago, declararon ante el juez ayer jueves que el sistema de financiación de estas ayudas de la Junta de Andalucía era legal.

Las transferencias de financiación, el mecanismo mediante el cual se pagaron los ERE, se utiliza en multitud de administraciones con absoluta normalidad, no es perverso y no permite eludir ningún tipo de controles presupuestarios, declararon estos peritos.

Además del incidente con los peritos, los abogados de la defensa con los que ha contactado Efe se muestran preocupados, porque a su criterio en cada declaración el instructor está poniendo de manifiesto que tiene una idea preconcebida del caso desde el primer momento y también que dicha idea es la misma que tiene Alaya.