Acusan al Gobierno de Zimbabue de instigar a la violencia contra ciudadanos

Representantes de organizaciones humanitarias acusaron hoy al Gobierno de Zimbabue de “instigar” a la violencia contra sus ciudadanos y de perpetuar la “impunidad” pese a la “narrativa” reformista del presidente, Emmerson Mnangagwa.

“Esto no es el trabajo de criminales, es un ataque coordinado del Estado contra los ciudadanos de Zimbabue”, afirmó Dewa Mavhinga, director para el sur de África de Human Rights Watch (HRW), durante un encuentro con la prensa extranjera en Johannesburgo

Mavhinga se refirió a la represión de las protestas antigubernamentales que sacudieron el país la semana pasada al hilo de una huelga general por la grave crisis económica, después de que el Gobierno decretara el encarecimiento del precio del combustible.

“La crisis está lejos de estar terminada porque el Estado no está diciendo la verdad”, advirtió el responsable de HRW.

Desde International Crisis Group (ICG) coincidieron en el diagnóstico y mostraron máxima preocupación por el “punto de inflexión” que vive el país y por la “desconexión” entre el “discurso difuso” del presidente y la realidad de lo que “está pasando sobre el terreno”, en palabras de Piers Pigou, experto de esta organización para el sur de África.

Hasta tal punto hay una disociación que, tanto para Pigou como para Mavhinga, cabe preguntarse hasta qué punto Mnangagwa tiene bajo control a las fuerzas de seguridad y las distintas facciones de su partido, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF).

“Están desatándose divisiones en el aparato de seguridad y en el oficialismo”, sostuvo Pigou, aunque puntualizó que el escenario de poder es mucho más confuso que el que llevó a la caída del expresidente Robert Mugabe a finales de 2017.

Las ONG tampoco dan credibilidad a las promesas expresadas esta mañana por el propio Mnangagwa, en su cuenta de Twitter, respecto a que “rodarán cabezas” por el uso desmesurado de la fuerza.

Esta actuación -de la que las ONG responsabilizan tanto a los militares como a la Policía y ciertos sectores del oficialismo, como las juventudes de ZANU-PF- resultó en al menos 12 muertos y en centenares de heridos y detenciones arbitrarias.

“Creemos que estaba planeado con antelación”, expresó Pigou, y ofreció argumentos como la simultaneidad de las cargas en distintos puntos del país, la similitud del armamento y de las tácticas empleadas o la estrategia general de dar sentencias rápidas a todos los detenidos, incluso sacándoles a la fuerza de los hospitales.

Norman Matara, miembro de la Asociación de Médicos de Zimbabue por los Derechos Humanos (ZADHR), atestiguó que en los días de las protestas atendieron heridas que iban desde disparos a bocajarro a palizas, pasando por mordiscos de perro, y que muchos de sus pacientes fueron gente que ni siquiera participaba en las protestas.

Según Matara, la localización de algunas lesiones deja pocas dudas de la “intención de matar”, ya que, por ejemplo, tienen pruebas de un fallecido que recibió una bala en la cabeza disparada a muy pocos metros.

“La impunidad está alimentando estos círculos viciosos de violencia instigada por el Estado. Había oficiales que tenían (fusiles) AK47 y salían a la calle, a plena luz del día, disparando a los civiles”, señaló, por su parte, el director regional de HRW.

Así pues, los activistas llamaron a Zimbabue a convocar un gran diálogo nacional como única vía para superar sus desafíos políticos y económicos, y a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre el Gobierno de Mnangagwa.