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Bárcenas ratifica ante el juez sus sospechas del robo de información sobre el PP por parte de Interior

El extesorero y su esposa, Rosalía Iglesias, declaran ante el juez del caso Villarejo como perjudicados por el robo de información ordenado desde Interior

Ambos ya habían comparecido ante el juez de la caja B por la sustracción de documentos supuestamente relacionados con la financiación irregular 

Bárcenas pide volver a ser tesorero del PP y este responde que el puesto está ocupado y es de "máxima confianza"

El extesorero del PP Luis Bárcenas, en una imagen de archivo EUROPA PRESS

El extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, han declarado esta mañana ante el juez del caso Villarejo como perjudicados por el robo de información comprometedora para el PP que sufrieron dentro de una operación orquestada por el Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz al frente del departamento. Ambos han ratificado lo que ya contaron al juez de la caja B, sus sospechas de cuándo pudo el chófer que actuaba como topo sustraer los documentos, según fuentes jurídicas.

Bárcenas explicó en su momento a De la Mata que la familia dejó de tener el control de los papeles luego publicados por El Mundo en tres ocasiones: cuando los sacó de Génova; en el momento en que Iglesias fue a visitar a su marido a la cárcel y los trasladó para abordar su defensa; y en un envío a su abogado de la época, Javier Gómez de Liaño. En esos tres momentos cree Bárcenas que el chófer pudo robar los papeles que acabaron en manos de la brigada política. 

Para la declaración, Bárcenas fue trasladado en un furgón de la Guardia Civil desde la prisión de Estremera, donde cumple prisión por su condena en la pieza principal del caso Gürtel y aguarda el juicio de la caja B. Su esposa, Rosalía Iglesias, también fue condenada pero está en libertad a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de su defensa.

Antes que Bárcenas e Iglesias declaró el comisario Andrés Gómez Gordo, al que el chófer había señalado la víspera como el policía que contactó con él para convertirlo en el topo de la Operación Kitchen. Para Gómez Gordo y Sergio Ríos, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado comparecencias periódicas en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España. El juez Manuel García-Castellón ha acordado las dos últimas.

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