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CAS Madrid ve "una irresponsabilidad" la repatriación del sacerdote español

SATSE cuestiona la falta de previsión y destaca la labor de los sanitarios

SATSE cuestiona la falta de previsión y destaca la labor de los sanitarios

La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) Madrid considera "una irresponsabilidad" la decisión del Gobierno de repatriar al sacerdote contagiado por el Ébola, ya que recibirá aquí los mismos cuidados que en Liberia, y aboga por reforzar los recursos sanitarios de los países afectados.

Según señala la Coordinadora en un comunicado, el religioso toledano "no va a recibir aquí cuidados paliativos -los únicos posibles según se reconoce oficialmente- que no pudiera recibir en Liberia".

Considera, además, que la medida "lógica" hubiera sido "implicarse en la lucha contra la epidemia, enviando a la zona ayuda humanitaria" a través de los equipos médicos necesarios -hospitales, laboratorios de campaña, etc.- para asegurar la correcta atención "no solo del enfermo de nacionalidad española, sino de los de otras nacionalidades".

Además, ante la naturaleza altamente contagiosa y muy letal de la cepa Ébola-Zaire, responsable de la actual epidemia, importar de "forma premeditada lo que ya es el primer caso de la enfermedad en el Estado español (y en Europa), somete a un riesgo absolutamente injustificado a los trabajadores del Hospital Carlos III y en general, a toda la población".

A juicio de CAS, el traslado del enfermo ha puesto en evidencia "la insensatez de las decisiones tomadas por la Consejería de Sanidad" de la Comunidad de Madrid al cerrar las instalaciones que hacían del Hospital Carlos III el centro de referencia a nivel estatal para alertas de pandemias.

Critica, asimismo, que el Gobierno regional lo ha convertido en un hospital para enfermos crónicos, en el que "no existe actualmente UVI para tratar al paciente en caso de que empeore".

Para la Coordinadora, "la injustificable decisión tiene (como en el caso del Hospital de La Princesa) una explicación: atender en la sanidad pública a los enfermos que la privada considera no rentables".

Concluye que la política de recortes "se hizo a costa de desmantelar instalaciones únicas y de desperdiciar a un personal altamente capacitado, indispensables en casos como éste".

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