Canadá empezará a investigar asesinatos y desapariciones de mujeres indígenas

Tras años de reivindicaciones por parte de los grupos indígenas y negativas de Canadá, el Gobierno canadiense anunció hoy la creación de una comisión pública para investigar la desaparición en los últimos años de más de 1.200 mujeres y niñas aborígenes.

El anuncio de la creación de la comisión fue adelantado hoy por el nuevo primer ministro canadiense, Justin Trudeau, durante una reunión especial de Jefes de la Asamblea de Primeras Naciones, la asociación que reúne a los líderes de las tribus indígenas de Canadá, que se celebró en las cercanías de Ottawa.

Trudeau confirmó a los jefes indígenas que, como parte de su plan para restaurar las relaciones de Canadá con sus aborígenes, congeladas y dañadas tras casi una década en el poder del ex primer ministro conservador Stephen Harper, el nuevo Gobierno liberal canadiense creará la comisión.

“No hay relación más importante para mí, y para Canadá, que la que tenemos con las primeras naciones (pueblos indígenas), mestizos e inuit (los habitantes del Ártico)”, afirmó Trudeau ante los líderes indígenas reunidos.

“Es el momento para una renovada relación de nación a nación con las primeras naciones: una que está basada en el entendimiento de que los derechos constitucionalmente garantizados de las primeras naciones son una obligación sagrada”, añadió el nuevo primer ministro canadiense.

Poco después, tres ministras de Trudeau -Carolyn Bennett, de Asuntos Indígenas, Jody Wilson-Raybould, de Justicia, y Patty Hadju, de la Condición de la Mujer- ofrecieron detalles de la comisión en una ceremonia celebrada en el Parlamento canadiense y cargada de simbolismo y emoción.

Wilson-Raybould, que es de origen indígena, afirmó que la primera fase de la comisión empezará de forma inmediata y consistirá en “reuniones con las familias en la región de la capital (del país) para escuchar sus puntos de vista sobre el diseño de la comisión y lo que se necesita conseguir”.

“Y durante los dos próximos meses escucharemos a más familias, otros pueblos indígenas, organizaciones aborígenes nacionales y una amplia gama de trabajadores sociales y otros sectores”, añadió la nueva ministra de Justicia.

Por su parte, Bennett señaló que “ya estamos recibiendo muchos consejos. Estamos comprometidos a escuchar primero a las familias” de las víctimas.

Los indígenas canadienses aplaudieron el anuncio de la creación de la comisión, pero también expresaron su temor tras años de ser ignorados.

La gran jefa de la nación Aski, Anna Betty Achneepineskum, dijo en un comunicado que “estamos preparados para participar en un proceso en el que las familias están bien apoyadas, tiene los recursos apropiados y las personas adecuadas están incluidas”.

Los asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas indígenas se ha convertido en las últimas décadas en una crisis de carácter internacional aunque, durante la época de Harper en el poder, la problemática fue arrinconada.

El año pasado, bajo la intensa presión de organizaciones indígenas y sociales, la Policía Montada canadiense reveló que más de 1.200 mujeres y niñas indígenas habían sido asesinadas o estaban desaparecidas desde 1980 y que en muchos de los casos, estos delitos no habían sido resueltos.

Según los datos de la Policía Montada, aunque las mujeres indígenas sólo representan el 4 % de la población femenina canadiense, un 16 % de todas las mujeres asesinadas desde 1980 fueron indígenas.

Además, las mujeres indígenas sufren tres veces más violencia que el resto de las mujeres de Canadá, según datos oficiales.

Un informe realizado este año por la ONU indicó que las mujeres de las primeras naciones, mestizas e inuit tienen cinco veces más riesgo de morir en circunstancias violentas que las mujeres del resto del país.

También este año, la Comisión para la Verdad y Reconciliación de Canadá (CVRC) emitió un informe sobre la historia de racismo del país contra su población indígena que denuncia lo que calificó como política sistemática de “genocidio cultural” durante los últimos 100 años.

El informe se centró en el sistema de residencias escolares, puesto en vigor a finales del siglo XIX, pero que existió hasta 1996, por las autoridades canadienses para internar de forma forzosa a los niños indígenas del país en un intento de asimilarlos a la cultura europea.

Cerca de 150.000 niños indígenas fueron internados en contra de los deseos de sus familias, en las residencias donde sufrieron castigos físicos y abusos psicológicos y sexuales de forma rutinaria, según los testimonios recogidos por la Comisión.