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Ciudadanos pide saber cómo se están pagando Puigdemont y sus exconsejeros la estancia en Bruselas y los abogados
En una pregunta registrada en el Congreso, para la que se solicita respuesta por escrito, el diputado de Cs Francisco de la Torre pide al Ejecutivo de Mariano Rajoy que aclare si conoce “con qué dinero” los exdirigentes catalanes se están pagando “la estancia y la vida” en la capital belga y están abonando los honorarios de sus abogados y traductores.
De la Torre, portavoz en la Comisión de Hacienda y Función Pública, también desea conocer si los miembros del Gobierno catalán que fueron destituidos por Rajoy cuentan con algún dinero público para “proseguir sus campañas de comunicación”.
Ciudadanos ha recordado que Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret “se fugaron” a Bruselas el 30 de octubre y desde entonces han permanecido allí, “desoyendo las citaciones judiciales de la Audiencia Nacional”.
CAMPAÑA MEDIÁTICA DIFAMATORIA CONTRA ESPAÑA
Mientras sus abogados les defienden frente a la orden europea de detención y entrega cursada el pasado 3 de noviembre por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, estos antiguos cargos públicos están desarrollando “una amplia campaña mediática difamatoria” sobre las instituciones y la democracia españolas, según Cs.
“Es de esperar que los gastos de esta estancia, así como los gastos de representación legal y demás gastos de estas personas, no sean a cargo de ninguna manera con dinero público”, ha manifestado De la Torre.
Sin embargo, ha indicado que la Generalitat destinó recursos públicos a la organización del referéndum del 1 de octubre y a “múltiples acciones más de desafío al orden constitucional” pese a que el Gobierno central había asegurado que no se podría desviar “ni un solo euro” a esa votación.
Por último, el partido de Albert Rivera ha preguntado al Ejecutivo de Mariano Rajoy con qué recursos se financió la creación y publicación de las páginas web govern.cat, president.cat y vicepresident.cat. Esas webs, donde aparecían los cargos del Gobierno de la Generalitat cesados mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, fueron desactivadas a finales de octubre.
