La Comunidad se personará en todos los casos de supuesto mal uso de los fondos públicos

El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha anunciado hoy que la Comunidad de Madrid se personará en todos los casos en los puede haber existido “un mal uso” de fondos públicos.

En declaraciones a los periodistas, Garrido se ha referido así al escrito de calificación enviado por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid al juzgado que investiga el supuesto espionaje con fondos públicos a cargos del PP en el mandato de Esperanza Aguirre.

En ese escrito, según la Cadena Ser, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes reconoce este caso de espionaje político y apunta a que fue pagado con dinero público.

Garrido ha explicado que el Gobierno regional “se persona en todos aquellos asuntos en los que cree que puede haber existido un mal uso” de los fondos y recursos públicos.

El objetivo, según el también consejero de Presidencia y Justicia, es que si finalmente los jueces determinan que “ha habido una culpabilidad” y se ha hecho un mal uso de esos recursos, la Comunidad de Madrid pueda “recuperar ese patrimonio de todos los madrileños”.

“Es obligación de la Comunidad estar en todos y cada uno de estos asuntos”, ha aseverado Garrido tras presentar en Alcobendas la XI Semana de Prevención de Incendios

El portavoz del Gobierno autonómico ha evitado adelantar las medidas que se tomarían en caso de que la Justicia determine que sí hubo un “mal uso” de fondos públicos, argumentando que este asunto “primero debe resolverse en el ámbito judicial”, aunque ha asegurado que posteriormente la Comunidad “procedería a hacer la reclamación correspondiente”.

Tampoco ha querido valorar el escrito de calificación de los abogados de la Comunidad de Madrid porque, según ha defendido, esa es la labor de los servicios jurídicos regionales, que son “quienes mejor pueden interpretar sobre lo que ha ocurrido en el caso”.

Garrido ha concluido que el Ejecutivo de Cifuentes “respeta siempre todas las sentencias,” por lo que “por supuesto” pedirán una devolución de los fondos públicos utilizados, si existe una sentencia “en firme” al respecto.