Defensa del empresario español en prisión en Guatemala dice que el juez se extralimitó

La defensa del empresario español Juan José Suárez, en prisión preventiva por un caso de corrupción en un proyecto portuario de Guatemala, negó la participación de éste en el fraude y criticó la actuación del juez al que acusó de extralimitarse.

“Juan José no tenía conocimiento de nada”, reiteró a Efe el abogado Juan Carlos Aquil, quien insistió en que no fue éste quien firmó los contratos para la ampliación de Puerto Quetzal a cargo de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) para justificar su inocencia.

Fue el también español Ángel Pérez-Maura García, imputado en este caso y con una orden de captura internacional, quien como el entonces responsable de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) firmó dichos contratos.

En su defensa durante la audiencia de primera declaración, Aquil mostró un correo electrónico entre Pérez-Maura y Suárez, con fecha del 3 de julio de 2012, en el que se indicaba cómo el primero le ofrecía una oportunidad de trabajo en el país centroamericano.

A raíz de esto, según su abogado, Suárez vino a Guatemala en varias ocasiones para analizar todos los aspectos del traslado de su familia, pero según las copias presentadas del pasaporte del imputado no estaba en el país cuando se fraguó y negoció el supuesto soborno ni tampoco estaba en Cancún (México), donde continuaron las negociaciones.

“Juan Carlos Monzón miente sobre que se reunió con él”, insistió a Efe el letrado, poniendo en duda la versión del colaborador eficaz del Ministerio Público (MP-Fiscalía), en cuyas declaraciones se sustenta la acusación.

Pese a las pruebas presentadas por la defensa, el titular del Juzgado “B” de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, decidió ayer procesar a los doce implicados, entre ellos el empresario español, y enviar a diez de ellos a prisión preventiva.

Para el letrado de Suárez, el juez se extralimitó en sus funciones al elucubrar sobre la participación del empresario español postulando teorías sin sustentarse en pruebas.

El caso, remarcó Aquil respaldando la tesis defendida por el expresidente Otto Pérez Molina, también involucrado en el mismo, está sometido a una enorme “presión política” y “social” que perjudica a los acusados.

El exmandatario, junto a su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, están acusados de liderar una trama que recibió un millonario soborno a cambio de otorgar la ampliación de Puerto Quetzal a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), de la que Suárez era director y representante legal.

El empresario español, relató su abogado, se encuentra “muy mal” de ánimo y preocupado por la actitud del juez hacia sus argumentos de defensa.

En la fase de debate oral, la defensa de Suárez espera lograr su absolución sirviéndose de los informes elaborados por firmas internacionales que avalan la viabilidad del proyecto.