Un diputado del PP cuestiona los “errores políticos” y la “prepotencia” del alcalde de Burgos

El portavoz de Pesca del Grupo Popular en el Congreso y alcalde de lugo entre los años 1995 y 1999, Joaquín García Díez, ha cuestionado la actuación del gobierno municipal de Burgos en el conflicto del barrio Gamonal y ha achacado al alcalde, Javier Lacalle, errores políticos y prepotencia, reprochándole la responsabilidad de haber acabado cediendo a la presión de la violencia.

En un artículo publicado en su blog, el diputado lucense ha señalado que la responsabilidad de lo ocurrido en este barrio burgalés no sólo es de los violentos, “sino también, en distinto grado, de los que ceden a la presión violenta”.

García Díez recuerda que el alcalde aseguró que algo se ha tenido que hacer mal cuando “una actuación que es positiva para los vecinos del entorno, éstos no lo han entendido así”. “Evidentemente que algunas cosas se han tenido que hacer mal”, remarca el diputado.

A su juicio, “han fallado algunas cosas” y en ese capítulo de errores cita “en primer lugar, y empezando por el alcalde, actuar con cierta prepotencia ante los vecinos en los primeros momentos, paralizando las obras temporalmente cual repliegue de alas ante los primeros síntomas de violencia callejera después, y finalmente retirando el proyecto definitivamente, horas después de que el pleno del ayuntamiento acordara lo contrario”.

Los experimentos, con gaseosa

“Un alcalde, una corporación municipal, deberían tener muy claras las prioridades de su ciudad y sus habitantes --añade--. Si como se dice, en ese barrio se había cerrado una guardería pública, la población no estaba precisamente contenta con su situación y la crisis había hecho mella de manera sensible en ese barrio, los experimentos con gaseosa”.

De todas formas, el diputado quiere dejar claro que “estos errores políticos en ningún caso pueden justificar una ola de violencia” y un “desafío a las instituciones del Estado” que, en la actual coyuntura, “supone todo un peligro y un reto”.

“Que una vez finalizado el conflicto y retirado el polémico proyecto, este movimiento asociativo desproporcionado decida continuar movilizándose al grito de ”España entera es gamonalera“, jaleado también en las redes sociales con llamadas a que cunda el ejemplo, sólo persigue acabar con la legalidad por la vía de la coacción --avisa--. Estamos ante un problema político o ideológico. Los profesionales de la desestabilización pretenden crear un falso conflicto y si pueden, extenderlo al resto de España”.