Envían a comisión una enmienda constitucional que le otorgaría más poderes a Ortega

La Asamblea Nacional de Nicaragua envió hoy a una comisión especial una propuesta de reforma constitucional impulsada por el oficialismo que le otorgaría más poderes al presidente Daniel Ortega, que incluye la posibilidad de presentarse a una nueva reelección.

El titular del Parlamento, el oficialista René Núñez, envió la iniciativa legislativa, para su estudio, a una comisión especial integrada por siete diputados: cuatro sandinistas y tres opositores liberales.

La comisión especial la integran los sandinistas Alba Palacios (que la preside), Edwin Castro, Irma Dávila y José Figueroa; y los opositores Javier Vallejos y Raúl Herrera, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), y Wilfredo Navarro, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), precisó.

La presidenta de la comisión, la sandinista Alba Palacios, explicó a periodistas que discutirán la iniciativa y la presentarán al plenario antes del 15 de diciembre, para su debate en el parlamento.

La enmienda a la Carga Magna, presentada el viernes pasado por el grupo parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que tiene mayoría absoluta en el Congreso, elimina la prohibición de la reelección presidencial, lo que permitiría a Ortega aspirar a su cuarto mandato en los comicios de 2016.

Entre otras reformas contempladas en la propuesta está que el presidente de la República pueda ser elegido con la mayoría relativa de votos, es decir con la mitad más uno de los sufragios, dicte decretos ejecutivos con fuerza de ley y nombre a militares en servicio activo para ocupar cargos en instituciones del Estado.

El opositor, Luis Callejas, reiteró a periodistas que su grupo no respaldará esas reformas constitucionales y anunció que integran la comisión “para denunciar las arbitrariedades de la misma”.

Callejas dijo que se oponen a esa enmienda porque “no responde a las necesidades del pueblo en mejorar sus niveles de empleo, salud y educación, ni en profundizar las libertades y derechos individuales de expresión, asociación, derechos sociales y políticos, sino todo lo contrario”.

Sostuvo, además, que adecúa la Carta Magna a los compromisos de la concesión para la construcción de un Canal Interoceánico, que, a su juicio, es “lesiva a nuestra soberanía”, y que deroga reformas de la Constitución de 1995 que “establecía controles, pesos y contrapesos a excesos del poder presidencialista”.

Las reformas parciales constitucionales en Nicaragua requieren ser aprobadas en dos legislaturas y con al menos el 60 % de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional, es decir con 56 votos.

La Asamblea Legislativa está controlada por los sandinistas con 63 diputados que les dan mayoría absoluta, suficientes para reformar la Constitución sin la necesidad de aliados ni la oposición.