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Fuertes medidas de seguridad ante el regreso de Sharif a Pakistán

Fuertes medidas de seguridad ante el regreso de Sharif a Pakistán

EFE

Islamabad —

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Las autoridades paquistaníes mantienen desplegados a unos 10.000 policías y han cortado varias carreteras en la ciudad oriental de Lahore en las horas previas al regreso hoy del ex primer ministro Nawaz Sharif a Pakistán, donde será detenido tras ser condenado a 10 años de prisión por corrupción.

“Las autoridades han ordenado a la Policía que ayuden al Buró de Responsabilidad Nacional (NAB) a arrestar a Nawaz Sharif y a su hija, y así lo haremos”, afirmó a Efe el director de Operaciones de la Policía de Lahore, Shehzad Akbar, al confirmar el despliegue para evitar las marchas anunciadas para recibirlo a su llegada, prevista sobre las 18.15 (13.15 GMT).

Por su parte, el NAB anunció en un comunicado emitido hoy que ha constituido un equipo de 16 miembros para detener en Lahore “a los condenados por un tribunal” sin mencionar el nombre de Nawaz y el de su hija Maryam, que regresa con él y también ha sido sentenciada a cárcel.

Además, el Gobierno de la provincia del Punyab, de la que Lahore es la capital, ha prohibido a Liga Musulmana de Pakistán (PML-N) de Nawaz que celebre protestas y ha anunciado que cortará las comunicaciones móviles por la tarde.

A pesar de ello, el presidente de la PML-N, Shahbaz Sharif, ha anunciado que encabezará una protesta “pacífica” para recibir a su hermano Nawaz.

Nawaz regresa a Pakistán una semana después de que un tribunal anticorrupción le condenase a 10 años de cárcel por considerar que hubo ocultación de bienes, mientras que su hija Maryam, que lo acompaña en su regreso al país, fue condenada a siete años en el mismo caso.

El dirigente político fue inhabilitado en julio de 2017 por el Tribunal Supremo cuando era primer ministro por no desvelar un sueldo que recibió de una empresa de un hijo, una irregularidad desvelada durante una investigación iniciada a raíz de los Papeles de Panamá.

Según el ex primer ministro, ha sido inhabilitado porque su Gobierno acusó de traición ante los tribunales al exdictador militar Pervez Musharraf.

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