El Gobierno aprueba mañana un Decreto Ley con las medidas anunciadas por Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación

La reunión del Consejo de Ministros de este viernes estará presidida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contará con la presencia de todos los miembros de su Gabinete a excepción de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que se encuentra en Valencia.

Durante el encuentro, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a un Decreto Ley de medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales, que no han precisado el contenido concreto de las mismas.

Así, previsiblemente el Ejecutivo aprobará algunas de las medidas avanzadas por Rajoy el pasado martes durante su intervención en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Nación. Este jueves, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado que “con bastante probabilidad” el Consejo de Ministros aprobará la dación en pago y la reestructuración de la deuda para colectivos especialmente vulnerables, a los que tampoco se les aplicarán las 'cláusulas suelo' en las hipotecas que les impidan beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés.

Además, en la reunión de este vienes se abordarán dos Proyectos de Ley presentados por el Ministerio de Justicia sobre reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Respecto a la primera, el Pleno del Congreso ha ratificado este jueves el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para agilizar la Justicia generalizando el uso de las nuevas tecnologías modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la reforma incluirá un aumento a siete del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

De este modo, y tan sólo después de año y medio después de ser aprobada en junio de 2013, con Alberto Ruiz-Gallardón en la cartera de Justicia, el Gobierno “autoenmienda” su propia reforma de la LOPJ, que fue la que modificó la constitución y el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y redujo el número de miembros del mismo con dedicación exclusiva. La reforma está además recurrida ante el Tribunal Constitucional.

La nueva norma incorpora, además, mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales. Así, jueces experimentados en su materia podrán prestar asesoramiento a otros instructores que lleven causas de especial complejidad en su tribunal.

Se centra especialmente en la introducción de modificaciones en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y, en concreto, a fin de buscar un “equilibrio” entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos, se extenderá la jurisdicción de estos órganos a dos o más partidos judiciales.