Gobierno, RTVE y empresas públicas recurren en los tribunales el 6% de las resoluciones del Consejo de Transparencia

Desde junio de 2015, el organismo que preside Esther Arizmendi ha dictado un total de 137 resoluciones, ocho de las cuales se han topado con la negativa de diversos ministerios y organismos públicos al entender que no debían facilitar la información solicitada por los ciudadanos.

En concreto, se trata de los ministerios de Presidencia e Interior, de la Agencia Tributaria y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (dependientes del Ministerio de Hacienda), de la Corporación RTVE, y de las empresas Ingeniería y Consultoría (INECO) adscrita a Fomento y Tragsa, de la SEPI.

UNA SENTENCIA FAVORABLE A LA TRANSPARENCIA

En los ocho casos tanto los ministerios como RTVE y los entes públicos señalados han llevado las correspondientes resoluciones del Consejo de la Transparencia a los tribunales con el fin de que dirimiesen sobre la discrepancia de criterio.

Este lunes se ha conocido la sentencia que zanja uno de estos casos, concretamente la que obliga a la Corporación de RTVE a dar cuenta del coste de la participación de España en el Festival de Eurovisión por la que se interesaba un ciudadano.

En el resto de asuntos los ciudadanos pedían conocer los costes del mantenimiento de los diferentes canales públicos de televisión (RTVE), el dinero que ha supuesto acuñar la nueva moneda de un euro con la efigie del Rey Felipe VI (Fábrica de Moneda y Timbre) y la relación de empresas con bienes el extranjero declaradas a la Agencia Tributaria en el marco de la amnistía fiscal de 2012.

Asimismo, también solicitaban información de un contrato entre un organismo público y Tragsa, sobre la implementación del Plan Gobierno Abierto (Ministerio de la Presidencia), sobre la entrevista personal a un funcionario público en concurso de oposición (Ministerio del Interior) y sobre el acceso a retribuciones percibidas por el equipo directivo de INECO.

LOS 'PEROS' A SEIS RESOLUCIONES

De las 137 resoluciones que el Consejo de la Transparencia ha emitido en estos últimos doce meses, hay otras seis con las que el Ejecutivo y los organismos públicos han mostrado su disconformidad a pesar de lo cual finalmente han acabado aceptando la decisión adoptada.

Entre ellas destaca los 'peros' que el Ministerio de la Presidencia ha puesto a una demanda ciudadana que pedía conocer las donaciones realizadas al Estado a través del Rey, según la Ley Reguladora del Patrimonio Nacional, o los del Ministerio de Hacienda a otra que solicitaba saber el número de funcionarios rehabilitados.

Aún faltan por cerrarse otros 19 casos que están pendientes de respuesta por parte del organismo público al que se demanda información. En su mayoría se trata de solicitudes para conocer la agenda de los miembros del Gobierno.