El hermano de Granados se desvincula de contrataciones investigadas en Púnica

Alfonso Granados, hermano del principal imputado en Púnica Francisco Granados, ha negado este martes haber tenido responsabilidades en materia de contratación, aunque ha admitido que presidió de forma coyuntural la mesa que adjudicó un contrato que presuntamente sirvió para financiar al PP de Madrid.

Alfonso Granados ha comparecido en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal en el marco de la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la formación regional.

Según fuentes presentes en la declaración, el hermano del que fuese consejero madrileño ha admitido que presidió la mesa de contratación de la empresa pública Gedesma que adjudicó un contrato de publicidad a Over que, según las sospechas del juez, pudo servir para financiar al PP.

No obstante, ha explicado que llegó a ese puesto de forma coyuntural tras una reducción de altos cargos en la empresa y que solo se limitaba a abrir las ofertas pero que la contratación no dependía de él porque él solo manejaba temas de personal.

Según las fuentes, ha asegurado que no despachó con ningún miembro del consejo de administración y que él jamás tomó ninguna decisión relativa a los pliegos económicos o técnicos de las ofertas.

Sobre su contratación en Gedesma, el investigado, que ha negado haber recibido instrucciones de nadie, ha relatado que fue un compañero suyo de su etapa en el Banco Popular quien le dijo que necesitaban un director de Recursos Humanos para la empresa pública, y ha asegurado que su hermano, Francisco Granados, lo supo cuando él ya había sido contratado, según las fuentes.

También ha declarado hoy el recién cesado secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, investigado por su etapa en otros departamentos.

Ha afirmado que, según dictaba la ley, había que solicitar una autorización previa de las contrataciones a la entonces directora general de medios, Isabel Gallego, adscrita a Presidencia; y luego informar en fase de ejecución.

Si bien, según las fuentes, ninguno de los imputados ha dicho que recibiesen órdenes directas de la que fuese presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre (citada como imputada el 18 de octubre), o que despachasen con ella.

Por su parte, Germán Rasilla, exasesor técnico de la Consejería de Sanidad, declaró ayer ante el juez que los contratos de publicidad necesitaban el visto bueno de Presidencia; una versión que, según otras fuentes, también han aportado otros investigados.

Si bien Rasilla aclaró que quienes finalmente los firmaban eran Gallego y el exviceconsejero de Presidencia Alejandro Halffter, según las fuentes.