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Sentencias anuladas y juicios que repetir: el deficiente sistema de grabaciones de los juzgados

Abierto juicio o procesados por corrupción 97 personas en el primer trimestre

Laura Uche

El pasado 24 mayo, durante el Pleno no jurisdiccional de la sala segunda del Tribunal Supremo, se evidenciaba una realidad que lleva tiempo denunciando el personal de los juzgados: algunos de los sistemas de grabación utilizados durante los juicios fallan, obligando a anular la sentencia y repetir en muchos casos el proceso, que en ocasiones han durado incluso varios días. “El actual sistema de grabación de los juicios orales es altamente insatisfactorio ”, concluían.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acometida en 2015, establecía que “las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse”. Este cambio legal fue consecuencia del afán del Ministerio de Justicia por digitalizar los procesos. Por ello, los juicios no se pueden transcribir, y si fallan las grabaciones no hay otra manera de recrear por ejemplo, los testimonios.

Cuando eso ocurre, la sentencia puede ser cancelada. Ese es precisamente el caso de un juicio por abuso sexual que ha sido anulado por el Tribunal Supremo al no haberse grabado correctamente las sesiones de la vista. El juicio por el que se condenó a un hombre a nueve años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a un menor tendrá que repetirse, ahora con un tribunal diferente.

Lo que no se escuchaba era la declaración de la víctima ni la ratificación de los dos peritos que intervinieron en el juicio. La sentencia basaba su condena en estas pruebas. El abogado del acusado alegaba indefensión.

En Twitter, hace unos días un letrado denunciaba lo que su amiga jueza le había contado. En esta ocasión, un juicio en el que participaron 24 personas, que había durado dos días, y en el que el acusado estaba en prisión provisional, sólo se había registrado durante los 10 primeros minutos. ¿El desenlace?, el acusado volvía a estar libre en la calle a la espera de la celebración de un nuevo juicio.

La solución, explica Ignacio González como portavoz de Jueces para la Democracia, “está en dotar a los órganos judiciales de medios audiovisuales adecuados, equipos técnicos que funcionen bien para evitar nulidades”. “Cuando el vídeo no funciona yo no celebro juicios. No voy a celebrar un juicio para que se suspenda”, cuenta González. Pero hay momentos en los que esto no se puede predecir, y no es hasta el final que el juez se da cuenta de que la grabación sólo ha durado cinco minutos.

Ignacio insiste: “Yo creo que no es generalizado”. Sin embargo, reconoce el portavoz de JpD, cuando esto ocurre genera bastantes incomodidades y enfado. Enfados y protestas entre la personas implicadas en un juicio que se tiene que repetir, algo que dependiendo de la carga de trabajo que tenga el juzgado puede llegar a dilatarse un par de meses o incluso años.

También los costes se duplican. Pero quizás la peor parte se la lleven el acusado y la víctima: para el primero, “en el caso de estar absuelto tiene que volver a pasar todo el proceso, y si fuese condenado puede tener otra esperanza”, cuenta el juez; para la víctima, “tiene que volver a pasar el mal trago de declarar”.

Algo con lo que coincide el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez: “Los principales damnificados son los ciudadanos: las víctimas y los acusados, con los perjuicios y los costes personales que supone la repetición de un nuevo juicio”. Además, el magistrado repara en el hecho de que las partes en la nueva reproducción del juicio pueden modificar su actitud y sus versiones, “pueden llegar a crear una grave distorsión de manera interesada, porque ya saben lo que el jurado dijo a su anterior testimonio”.

“Las grabaciones de los juicios son imprescindibles y lo que encontramos en la práctica diaria son grabaciones de escasa calidad”, apunta Rodríguez que asegura que es algo que “nos pasa a todos”.

La solución para el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, de nuevo, se encuentra en “solicitar mejoras en la calidad de los medios audiovisuales”. Pero Rodríguez se confiesa: “La realidad no nos permite ser optimistas”, respecto a la escasez de medios que sufre la Administración de Justicia.

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