Justicia pretende agilizar los macroprocesos con la reforma de ley de enjuiciamiento

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que pretende agilizar los macroprocesos con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita la separación de piezas para que puedan ser juzgadas por separado, de manera que se puedan ir resolviendo.

En su intervención en la inauguración del XXIX Congreso de la asociación de jueces “Francisco de Vitoria”, a la que asisten en Burgos unos trescientos jueces, Catalá ha afirmado que en lo que queda de legislatura hay tiempo suficiente para acometer parcialmente algunas de las grandes reformas estructurales pendientes en la Justicia española.

Ha subrayado que hay reformas para las que hay un “claro consenso” y que se pueden aplicar en relativamente poco tiempo, aunque algunas otras tendrán que esperar a la siguiente legislatura.

Entre las reformas pendientes que podrán llevarse a cabo antes de las próximas elecciones se ha referido también a las que hace referencia a los aforamientos.

Ha reconocido que pueden ser vistos como un “privilegio” y, en ese sentido, es “normal” que generen rechazo.

Sin embargo, ha asegurado que se abordará el modelo actual, pero no en lo que se refiere al Poder Judicial, por lo que los cambios no afectarán a jueces y magistrados.

También se ha referido a las tasas judiciales, que anunció que revisaría en su discurso de toma de posesión, aunque ha matizado que antes habrá que realizar un “análisis con datos” para saber si están limitando el acceso a la tutela judicial, saber qué impacto económico tienen realmente y fijar medidas para evitar que se fragmenten algunas reclamaciones de cuantía para quedar en el límite que está exento del pago de tasas en algunos procedimientos.

En todo caso, se ha mostrado partidario de mantener algún tipo de tasa, porque es un sistema “que debe mantenerse tanto en la Justicia como en otros servicios públicos”.

Otra reforma que ha considerado que podrá aprobarse y aplicarse antes de que acabe esta legislatura es la de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que permitirá que algunas actuaciones en manos de los jueces puedan ser realizadas también por otros actores, como los notarios o los registradores de la propiedad.

En su discurso, el ministro también ha considerado necesario regular las nuevas técnicas de investigación, como los sistemas de localización o grabación en soporte digital, de manera que queden claros los límites y posibilidades de utilización.

Otro aspecto en el que ha considerado necesaria una regulación es el límite en la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la llamada Justicia Universal, porque “no se trata de desistir de ejercer esa jurisprudencia”, sino de hacerlo con reglas, como ocurre en otros países europeos, como Francia, Italia o Alemania.