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La jueza acusa a Soler y Puig de coordinarse con Trapero para que los Mossos no actuasen el 1-O

El ex secretario general del Interior César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler.

Marcos Pinheiro

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dejado en libertad sin fianza al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soleral y al ex secretario general del Interior César Puig. La Fiscalía había pedido que se les dejase en libertad pero con una fianza de 100.000 euros a pagar en 10 días. La magistrada ha accedido únicamente a a imponerle comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de abandonar el territorio nacional. En el auto que recoge esas medidas cautelares la jueza sostiene que ambos “supervisaron y controlaron” el “plan premeditado” para que los Mossos no impidiesen el referéndum.

Soler ha declarado durante unas dos horas y tras él Lamela ha tomado declaración a Puig. Ambos se han escudado en que ellos no eran los encargados de dirigir el operativo judicial, según han informado fuentes presentes en la declaración. Puig, en concreto, ha asegurado que en virtud de su cargo solo tenía poder en cuestiones técnicas y presupuestarias.

Con estas citaciones, Lamela ha ampliado la investigación por sedición a toda la cúpula de los Mossos, en la que ya están imputados el exmayor Josep Lluis Trapero y la intendente del cuerpo Teresa Laplana. La jueza apuntó a que todos podrían haber cometido un presunto delito de organización criminal por los hechos del 20 y 21 de septiembre y por su actuación durante la celebración del referéndum.

En su escrito de citaciones, la Fiscalía sostiene que Pere Soler y Trapero “se vieron en la obligación de transmitir la sensación de que acatarían aquella orden cuando en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo, por el contrario, su colaboración en la celebración del referéndum fue más allá de la inactividad y se convirtió en acción a favor de su consumación”.

Soler “incitó” a Trapero a no actuar el 1-O

Tras la declaración, fuentes de la Fiscalía ha insistido en que Soler es el “responsable político” de los Mossos, algo especialmente relevante en los hechos investigados, pero además es pública su inclinación al referéndum, sostienen las mismas fuentes. Aunque formalmente no dijese que se oponía a las órdenes judiciales, la Fiscalía insiste en que “incitó tácitamente” a Trapero a que no actuase para impedir el referéndum.

Durante su declaración, Soler ha admitido que revisó las actas que elaboraron los Mossos y en las que se recogía su actuación el 1-O, según han informado fuentes presentes en el interrogatorio. La Fiscalía asegura que está acreditado que lo hizo para “dar apariencia” de que los agentes hicieron más por evitar el referéndum y evitar así imputaciones penales.

Según los investigadores, los Mossos manipularon las actas que enviaron a la Fiscalía para que sus actuaciones durante el referéndum e ajustasen a las órdenes que había transmitido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. En total, la policía autonómica catalana revisó 11.000 actas.

“Se busca perpetuar el procés”

La Fiscalía sostiene que era procedente imponerle una libertad bajo fianza y otras medidas cautelares porque existe riesgo de fuga y reiteración delictiva. Para apoyar esa conclusión apuntan a la existencia de nuevos fijados y a insistencia de su partido en investir a un presidente preso. “Se busca perpetuar el procés, investir a un fugado como presidente de facto y buscar espacios políticos libres en el exilio”, sostienen fuentes del Ministerio Público.

En su auto de citación, la jueza apuntó a que los investigados podrían haber cometido un delito de organización criminal, según se desprende de los hechos del 20 y 21 de septiembre frente a la Consellería de Economía y de lo ocurrido durante la celebración del referéndum del 1-O.

En el auto de este viernes la jueza afirma que “la investigación practicada hasta el momento ha permitido recabar suficientes indicios que ponen de manifiesto la existencia de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.

A continuación, repasa las etapas para conseguir ese objetivo y las acciones que se llevaron a cabo para ello y dice que “destaca la actitud mostrada por los Mossos d'Esquadra” durante los altercados del 20 de septiembre. Evitaron colaborar con Policía y Guardia Civil, no intervinieron cuando se producían agresiones a estos e incluso “en algunos casos llegaron a increpar y a enfrentarse a alguno de ellos”.

Soler y Puig se coordinaron con Trapero

Además, recuerda también la orden judicial de que los Mossos cerrasen los colegios electorales. “Sin embargo, lejos de ello, la actuación de los Mossos el día 1 de octubre fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, escribe Lamela.

Añade que “con esta finalidad, se diseñó un plan premeditado para evitar actuar, que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluís Trapero, en conexión directa con los miembros comité estratégico, y supervisado y controlado por Pere Soler Campins y César Puig Casañas”.

“La actuación o inacción del Cuerpo de Mossos de Escuadra siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn Chiariello Consejero de interior, Pere Soler Campins, Director de los Mossos y en la medida correspondiente Cesar Puig i Casañas Secretario General de Interior y es que no existió por parte de Policía Autonómica un verdadero dispositivo orientado a impedir la celebración del referéndum”, sostiene en el auto.

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