Lesmes dice que los jueces actúan con independencia pero sin ser justicieros

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha subrayado hoy en el Congreso que “los jueces españoles están actuando con plena independencia” desde el firme convencimiento de que “la Justicia ha de ser justa pero no justiciera”.

Lesmes ha comparecido hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso para presentar la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del CGPJ y de los juzgados y tribunales de justicia, así como Memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2015.

En su intervención, el presidente del TS ha pedido “respeto” a las resoluciones judiciales diciendo que “todas están sujetas a crítica” pero que desacreditarlas no ayuda a los jueces ya que “al margen de la ley no hay libertad ni democracia”.

“Los jueces españoles están actuando con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia Ley establece, desde el firme convencimiento de que la Justicia ha de ser justa, pero no justiciera”, ha subrayado Lesmes.

Es por ello, ha añadido, que “los jueces están obligados a garantizar que la ley sea respetada y aplicada correctamente a cada caso concreto”. Y tiene claro que “los primeros que tienen que respetar la Ley son los poderes públicos”.

Lesmes ha hecho especial hincapié en la “lacra” de la violencia de género cuyos datos de 2016 indican que han aumentado el número de denuncias, de sentencias condenatorias así como de medidas de protección de mujeres y menores como las órdenes de alejamiento y las prohibiciones de la comunicación.

Datos que revelan, en su opinión, que “no hay impunidad ante este tipo de comportamientos”, si bien ha reconocido que “algo sigue fallando”, por lo que abogado por un paquete de medidas que amplíen el concepto de violencia de género, lo que permitiría incluir los matrimonios forzados, mutilación genital y el acoso sexual.

Lesmes ha abordado también la polémica de las cláusulas suelo al advertir de que para que el plan para derivar estos asuntos a juzgados especializados ad hoc funcione con efectividad se requieren medios materiales y personales.

Asimismo, ha trazado una panorámica de la Justicia en la que ha apuntado que pese a las reformas efectuadas, “la litigiosidad sigue siendo elevada” y aunque “los jueces son capaces de resolver más asuntos de los que ingresan siguen existiendo situaciones de colapso difícilmente sostenibles”.

“Sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de la Justicia”, ha agregado Lesmes, que ha apostado por una nueva organización territorial “que supere la actual atomización de las demarcaciones judiciales”.

Como también ha defendido una reforma global del proceso penal que estudie, entre otras cuestiones, el asunto de los aforamientos.

En España hay 250.000 aforados de los que algo más de 232.000 son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o autonómicos, cinco de la familia real y el resto -17.603- pertenecen a instituciones estatales o autonómicas entre políticos, jueces y fiscales, según ha detallado en su comparecencia.

Lesmes ve necesario “analizar la situación desde el máximo rigor posible” para trasladar a la ciudadanía que las decisiones que se adopten en esta materia son “en defensa de los intereses generales”.