Manuel Chaves abre las comparecencias para aclarar el presunto fraude de los cursos

La comparecencia del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ante la comisión de investigación del Parlamento que trata de depurar las responsabilidades políticas del presunto fraude de las ayudas a los cursos de formación ha comenzado a las 16:08 horas, rodeada de una gran expectación.

Chaves, que estuvo diecinueve años (entre 1990 y 2009) al frente de la Junta, ha llegado a la sala de la comisión con rostro serio y acompañado de su abogado y del portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, y la diputada socialista por Málaga y miembro de la comisión, Marisa Bustinduy.

Tras la comparecencia de Chaves está previsto que declare ante la comisión su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, quien ha sido citado a las 7 de la tarde, mientras que la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, cerrará mañana por la tarde la primera ronda de comparecencias ante la comisión de investigación.

Las solicitudes de comparecencia de Chaves, Griñán y Díaz fueron aprobadas el pasado 29 de enero con el respaldo del PP, Podemos y Ciudadanos, mientras que el PSOE votó en contra e IU se abstuvo.

No es la primera vez que Chaves y Griñán comparecen ante una comisión de investigación, pues ambos acudieron a declarar, en el verano de 2012, ante la del caso de los ERE.

En esta ocasión, Chaves y Griñán deberán someterse a las preguntas de los cinco grupos parlamentarios que conforman la Cámara andaluza en esta legislatura sobre las subvenciones otorgadas por la Junta para los cursos de formación desde 2002.

La comisión de investigación de los cursos de formación, presidida por el grupo de Ciudadanos, se constituyó el 30 de septiembre del 2015 y acordó citar a 69 personas en una primera fase, la cual se cierra mañana tras casi tres meses de comparecencias.

Los trabajos de la comisión han estado salpicados de polémica, entre otras cuestiones por el retraso en el envío de la documentación solicitada a la Junta e, incluso, por el formato para la remisión de los expedientes.

La última discrepancia se produjo hace unos días por la incomparecencia de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, quien apoyada en un informe del Consejo de Estado decidió no acudir, lo que provocó las críticas de todos los grupos, excepto el PP.

Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento concluyó que no existe base para entender que dicha incomparecencia pudiera constituir un delito y por tanto no procedía instar a la intervención de la Fiscalía, como se había barajado.