Nace en Valencia la Asociación Transparencia centrada en impulsar la prevención de la corrupción en las instituciones

La Asociación Transparencia se ha presentado este miércoles como una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito nacional y con sede en Valencia que se centrará en “impulsar la prevención de la corrupción en las instituciones” y en “crear una cultura de la transparencia”, lo que a su juicio no se consigue “simplemente con una ley o un portal de transparencia, sino que hay que educar desde los más pequeños”.

Está liderada por el presidente de la Asociación Española de sujetos obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales (Aseblac), Juan Carlos Galindo, junto a “un grupo de personas inquietas, con sensibilidad social”, sus respectivas carreras profesionales, valores y “pensamientos diferentes” y todas “decididas a luchar contra la corrupción”, como su vicepresidente, Vicente Raga, y la secretaria-portavoz, Mamen Peris.

A diferencia de “otras asociaciones que se dedican a la parte represiva”, con querellas o ejerciendo como acusación particular, se centrará “en la parte preventiva”, que considera “la gran olvidada”.

Según su presidente, habilitará un “canal de denuncia” para asesorar sobre cómo actuar ante la detección de delitos dentro de la administración pero “en ningún caso ejercerá como acusación particular”.

Galindo ha apuntado que la entidad “nace para ser altavoz de la sociedad civil” e incluso ha “recogido propuestas de los bares”, con intención de que “la sociedad empuje más”, ya que “va por buen camino pero ha de seguir empujando porque si no los políticos se acostumbran”.

MANUAL PARA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LIBRO PARA NIÑOS Y JÓVENES

Basará su actuación en la educación, formación y prevención y, entre sus proyectos más destacados, figura la elaboración de un “manual para enseñar a la administración local qué se debe hacer” y de un libro sobre transparencia y buen gobierno dirigido a niños y jóvenes.

Galindo, que asegura haberse reunido con representantes de los principales partidos de ámbito autonómico y estatal, ha presentado doce propuestas que trasladarán a las instituciones, tales como establecer la transparencia como “la base fundamental para la calidad democrática”, asentada “en certeza y no en acertijos”, punto en el que ha aseverado que tanto el portal estatal como el de la Comunitat “son acertijos”.

Del anteproyecto de ley presentado por el Consell, opina que “es positivo en líneas generales” aunque echa en falta información sobre “dietas, gastos, tarjetas y variables” y, también a nivel estatal, aprecia “un intento de desviar la atención” hacia los salarios de los políticos. A su juicio, conviene “empezar por lo más grave, por las sociedades que trabajan al lado del Estado, que son las que extorsionan, sobornan y crean subterfugios para decir cómo recibir las mordidas”.

“TODOS TENEMOS UN CORRUPTO EN NUESTRO INTERIOR”

En segundo lugar, plantean que “prevenir el delito en las administraciones públicas debe ser de obligado cumplimiento”. “Todos tenemos un corrupto en nuestro interior, no sabemos cuándo va a salir, y por tanto, necesitamos medidas y herramientas que garanticen que no se va a cometer ningún delito”, así como “alertas tempranas” de detección.

También piden responsabilidad civil y penal de cargos políticos y públicos que cometan delitos ellos o personas “bajo su manto”, con el ejemplo de la responsabilidad penal de personas jurídicas, y auguran que si se extendiese a los partidos la responsabilidad de los delitos de sus miembros “el 75 por ciento de la corrupción desaparecería”.

Además, reclaman el “cese cautelar hasta resolución judicial de cargos políticos y públicos más imputados por delitos de corrupción” para evitar situaciones como que “el secretario del Ayuntamiento de Canet siga en su puesto pese a estar imputado por prevaricación”, así como que “intervención, tesorería y secretaría en todos los ámbitos del Estado sean sujetos obligados en prevención del blanqueo de capitales”.

ENDURECER PENAS Y TIPIFICAR LAS DE CORRUPCIÓN

Abogan asimismo por reformar el código penal para “endurecer penas y tipificar las de corrupción”, la ley de financiación de los partidos políticos para que ésta “sea mixta” y también la de subvenciones, al considerar que el exconseller “Rafael Blasco y sus secuaces han trincado 3,5 millones de subvenciones” por la falta de un “seguimiento continuo” de los proyectos en base a “certificaciones reales”.

La asociación pide la desaparición de los aforados, ya que si bien “no son la causa de la corrupción, ser aforado es un insulto a la igualdad”, separación efectiva del poder judicial, verificación externa de las medidas de transparencia y que el manifiesto de titularidad real --sobre participación en empresas-- sea un acta notarial para “exigir que los notarios certifiquen que se corresponde con la realidad”.

También exigen la eliminación de los paraísos fiscales --aseguran sólo haber escuchado a Podemos que incluirá esta lucha en su programa-- y reivindican que “se necesita con urgencia que alguien a nivel estatal o europeo plantee medidas para eliminar el secreto bancario”, que habría evitado el “latrocinio cometido” en casos como Gürtel, Nóos o Pujol.