La ONU dice que el nuevo fiscal podría suponer una inflexión en la lucha contra la corrupción

La ONU dijo hoy que la elección de un nuevo fiscal general en Guatemala en mayo “podría suponer un punto de inflexión” que determine si continúa o se revierte la lucha contra la corrupción en un país donde se está investigando a 351 funcionarios del alto rango.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó hoy su informe sobre la situación en Guatemala durante la trigésima séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos.

En su informe, que abarca el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, la oficina del alto comisionado, Zeid Ra'ad al Hussein, señala que los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a la desigualdad y la discriminación estructurales en Guatemala, donde alrededor del 60 % de la población vive en la pobreza, se han visto obstaculizados parcialmente por la corrupción.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales estima que el 20 % del presupuesto nacional para 2015 fue “vulnerable a la corrupción”.

Asimismo, un total de 351 funcionarios públicos de alto rango, a nivel local y nacional y en los tres poderes del Estado, están siendo investigados por corrupción, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

No obstante, la ONU señala que, el hecho de que el Congreso no haya aprobado las reformas pendientes a la Ley en Materia de Antejuicio (desafuero) podría “constituir un obstáculo para la persecución penal de funcionarios”.

De acuerdo con la ONU, en Guatemala se ejercieron “resistencias fuertes” frente a los avances logrados en las investigaciones contra la corrupción pública.

Pone de ejemplo que el Ministerio Público y la Cicig anunciaron los resultados de las investigaciones sobre la financiación ilícita de las campañas de tres partidos, incluido el gubernamental, pero que dos días después, el presidente, Jimmy Morales, declaró persona non grata al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez.

La Corte de Constitucionalidad suspendió esa decisión.

También recuerda la ONU que el Congreso rechazó una solicitud de antejuicio en contra del presidente, impidiendo así que fuera investigado por la financiación ilícita de su campaña electoral.

Dos días más tarde, añade la ACNUDH, el Congreso impulsó varias reformas, después revocadas, con las que se protegía a los diputados de ser investigados por corrupción y se permitía la posibilidad de conmutar las penas de cárcel correspondientes a más de 400 delitos sancionados con hasta diez años de cárcel, entre ellos los delitos relacionados con la corrupción.

Por todo ello la ONU considera que “la elección de un nuevo o una nueva fiscal general en mayo de 2018 podría suponer un punto de inflexión que determine si la lucha contra la corrupción y la impunidad continuará o si se revertirán estos avances”.

“Queda mucho por hacer para garantizar la transformación democrática del país prevista en los Acuerdos de Paz”, señala la ACNUDH en su informe, en el que también denuncia las “presiones internas y externas” al sistema judicial“ en Guatemala.