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El juez cita a los jefes de la Policía con González, Aznar y Rajoy por cuatro encargos de empresarios a Villarejo

Agustín Linares, jefe operativo cuando Villarejo regresó en 1993 al Cuerpo, y Pedro Díaz-Pintado, al frente de la Policía con Aznar, declararán como testigos

También está citado Eugenio Pino, el comisario al frente de la brigada política, que ya figura como imputado en la causa por el espionaje a Luis Bárcenas

Declararán entre los días 20 y 23 por los encargos de los García Cereceda, el de un despacho de abogados, de los navieros Pérez Maura y contra un empresario marbellí

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El comisario Villarejo David Velasco

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha citado a los tres comisarios jubilados que dirigieron la Policía durante los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy dentro de la investigación al comisario encarcelado por cuatro de los encargos recibidos por distintas empresas, han avanzado a eldiario.es fuentes del caso. 

El primero en declarar será Agustín Linares, que está citado como testigo el día 20. Se trata del máximo mando policial en la época en la que Villarejo dejó una década de excedencia para volver a la Policía, en 1993. Dos días después declarará Eugenio Pino, quien ya está imputado en la pieza del espionaje a Bárcenas. El día 23 está citado Pedro Díaz-Pintado, el comisario que dirigía la Policía en tiempos de Aznar. El director adjunto operativo en tiempos de Zapatero falleció en 2012.

Los comisarios responderán preguntas sobre cuatro de las 25 piezas de las que consta ahora el caso Villarejo. Se trata de la pieza 2, que indaga en el dosier confeccionado por el comisario para un despacho de abogados enfrentado a otro bufete; la pieza 3, sobre la disputa en el seno de la familia García Cereceda, con la promotora Procisa implicada; la pieza 4, en relación con el intento de los hermanos Pérez Maura por abortar su extradición a Guatemala acusados de un delito de corrupción (la naviera está imputada como persona jurídica); y la pieza 8, por el informe que realizó el comisario Villarejo sobre un empresario malagueño a petición de una ciudadana polaca. 

El juez quiso interrogar a los comisarios el pasado noviembre, pero tuvo que suspender la citación por un viaje del abogado del comisario fuera de España. Los tres mandos remitieron una carta al entonces juez instructor, al poco de ser detenido Villarejo, en el que defendían la legalidad y compatibilidad de sus empresas y laudaban los méritos del comisario a sus órdenes contra el delito. 

Las cartas de los responsables policiales, ya jubilados, para los que pide la citación Anticorrupción choca con un informe obrante en la causa en el que la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la Secretaría de Estado de la Función Pública, afirma que no consta que Villarejo solicitara "en algún momento desde la entrada en vigor de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas". Ese informe fue recabado por los investigadores en junio de 2017, cuatro antes de la detención de Villarejo y cuando ya Fiscalía y Asuntos Internos investigaban en secreto al policía. 

Precisamente en el marco de sus negocios privados se han producido la mayoría de las actividades presuntamente delictivas por las que se investiga al comisario, que aprovechaba su condición de funcionario para obtener información confidencial, redactar dosieres y venderlos a sus clientes a precios millonarios.

Villarejo siempre defendió que, de forma desinteresada, puso sus negocios a disposición de la Policía para contribuir a delicadas investigaciones que necesitaban que no se detectara el rastro de sus compañeros. El comisario jubilado estuvo fuera de la Policía entre 1983 y 1993 y en esa época sitúa la creación de su pequeño imperio empresarial. Fue con José Luis Corcuera en el Ministerio y Agustín Linares al frente de la Policía cuando abandonó la excedencia para reincorporarse como agente liberado, sin dejar su actividad privada. 

En su última época en la Policía con Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, el diario El País reveló que el comisario participaba en 12 sociedades con 16 millones de capital. Aquello obligó al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, a ordenar una investigación interna que concluyó que los negocios de Villarejo eran perfectamente compatibles con su actividad de funcionario. La investigación se le encargó al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, otro destacado miembro de la brigada política imputado hoy junto a Villarejo y Pino por el espionaje a Bárcenas. 

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