Sánchez a Trapero el 20-S: “no soy responsable de proteger las armas largas”

El expresidente de ANC Jordi Sánchez ha destacado que el 20-S alertó al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero de que “había armas largas” en los coches patrullas de la Guardia Civil que estaban destrozados en la Consellería de Economía, pero que no era su responsabilidad protegerlas.

Sánchez, acusado de un delito de rebelión por el que la Fiscalía pide 17 años de prisión y que lleva en prisión provisional desde el 16 de octubre de 2017, se ha referido así en la sexta sesión del juicio del “procés” que se celebra en el Tribunal Supremo.

Aquel 20 de septiembre, Sánchez ha admitido que mantuvo varias llamadas con el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero “porque fue un día ciertamente intenso”, que él ha dividido en tres bloques.

Por la mañana hablaron de la gestión de habilitar un pasillo para la comisión judicial, pero fue a media tarde cuando la situación se complicó al recibir una llamada de un teniente de la Guardia Civil.

“Me comunicó que en los coches que habían estado estacionados delante sin vigilancia inmediata había armas largas”, ha señalado, algo que le generó una tensión como pocas veces ha vivido en cualquier otra concentración.

Fue entonces cuando trasladó esta situación a Trapero y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, destacada en la Consellería, a quienes dijo: “Haré lo que buenamente esté en mis manos para evitar males mayores, pero no es mi responsabilidad tener que proteger unas armas ni los vehículos”.

Ya por la noche, habló nuevamente con Trapero para garantizar la salida de la comisión judicial y comunicarle el fin de la concentración.

Respecto a los vehículos de la Guardia Civil, ha explicado que había periodistas subidos en ellos desde primera hora de la mañana y que más tarde se dio cuenta que había “algunos dañados”.

Pero ha querido dejar claro que “lo que no es ajustado ni proporcionado es creer que una acción concreta, criticable, denunciable, por parte de unos individuos, pocos, se presupone, pero pocos, sea la excusa para criminalizar, penalizar a una movilización de 40, 50, 60.000 personas que estaban presentes de manera cívica, responsable y ejerciendo su derecho de protesta”.

Ahora bien, ha rechazado que los Mossos le encomendaran funciones de orden público, una competencia que estaba en todo momento bajo responsabilidad de lo Mossos y de la Guardia Civil.

Lo que el hizo fueron “labores de servicio de orden” pues la normativa de las concentraciones recoge la “responsabilidad de los convocantes en ofrecer un mínimo servicio de orden para garantizar que las cosas se desarrollen con normalidad”.