La Secretaría de Estado de Derechos Sociales que dependerá de Iglesias controlará Dependencia, Infancia y Juventud

De este modo, la Vicepresidencia social de Iglesias, que también coordinará la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, asumirá alguno de los temas que el partido morado considera clave.

Todas estas materias dependían hasta ahora del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, pero el PSOE ha aceptado cedérselas a Podemos, al igual que Consumo, que tendrá su propio Ministerio, con el líder de IU, Alberto Garzón, al frente.

El elegido por Iglesias para gestionar esta Secretaría de Estado de Derechos Sociales es Nacho Álvarez, profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y responsable del Área Económica del partido morado desde que ésta se creó.

De hecho, es una de las figuras más valoradas internamente. Prueba de ello es que obtuvo un asiento en el Consejo de Coordinación --el órgano ejecutivo de Podemos-- como secretario de Economía tras la Asamblea de Vistalegre II, a pesar de no haberse presentado para formar parte de la dirección, tras dar un paso atrás por el enfrentamiento entre Iglesias y el exdirigente Íñigo Errejón.

REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA DE LA DEPENDENCIA

Esta Secretaría de Estado tendrá como tarea cumplir con las promesas en materia de dependencia que PSOE y Podemos han incluido en su acuerdo de Gobierno de coalición: reducir en un 75% las 433.000 personas a las que se les ha concedido la prestación y aún no la han recibido. También se han comprometido a aumentar la partida para estas ayudas en los presupuestos.

El texto además habla de modernizar el sector con avances tecnológicos, como la tele-asistencia avanzada, gracias a una mayor inversión. PSOE y Podemos no concretan cantidades, pero los de Pablo Iglesias defendían en junio de 2018 la necesidad de llegar hasta los 2.500 millones de euros en esta materia. Finalmente, pactaron con los socialistas elevar la partida un 40% hasta los 515 millones de euros, en unos presupuestos que no salieron adelante.

En materia de Infancia, el gran reto de Álvarez e Iglesias de esta legislatura será aprobar la Ley de Protección de la Infancia, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez redactó durante su anterior mandato pero no se pudo tramitar debido a la convocatoria de elecciones del pasado noviembre.

La hasta ahora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, fue la encargada de coordinar este texto que, a finales de este año, estaba ya “muy avanzado”, según explicó ella misma en una de sus intervenciones públicas. En esta rueda de prensa, también explicó que la iniciativa incluye un protocolo antiviolencia y la obligación de que existe a una persona de referencia en esta materia en todos los colegios.

Las organizaciones de protección de la infancia han reclamado en los últimos años este texto y, ahora, esperan que sea una de las primeras leyes aprobadas por el nuevo Ejecutivo.

Además, esta Secretaría de Estado de Derechos Sociales también tendrá en sus manos el Instituto de la Juventud (Injuve), que estará en manos de la periodista alicantina de 26 años María Teresa Pérez (Petrer, 1993), que fue diputada en la breve legislatura tras las elecciones de abril y que no consiguió escaño en los comicios de noviembre.