Terrorismo yihadista, la disolución de ETA y continuar la lucha contra la corrupción, retos de Zoido en Interior

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha designado a Juan Ignacio Zoido, exalcalde de Sevilla, como nuevo ministro del Interior, una de las carteras más sensibles para las políticas de Estado al tener que hacer frente a la amenaza del terrorismo yihadista, entre otras gestiones como la disolución de ETA y la continuación de la lucha policial contra la corrupción y el crimen organizado.

Este juez de carrera sustituirá a Jorge Fernández Díaz, que deja Interior tras una legislatura, la primera de la democracia, sin atentados terroristas, aunque con polémicas como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley Mordaza' y que la oposición quiere derogar, y las acusaciones generalizadas por una gestión excesivamente politizada en lo referente al desafío planteado por los partidos independentistas en Cataluña.

Con competencias sobre la Policía y la Guardia Civil, Interior ha contado con un organigrama dividido entre la Secretaría de Estado de Seguridad, que ha ostentado Francisco Martínez, y una Subsecretaría con Luis Aguilera al frente a la que se subordinó otras tantas direcciones de Tráfico, Protección Civil y Emergencias y Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

El peso de la gestión del día a día en Interior ha recaído en Francisco Martínez, que asumió el cargo en enero de 2013 --sustituyó a Ignacio Ulloa-- tras ser con anterioridad el jefe de Gabinete de Fernández Díaz. Martínez ha presidido las reuniones de la mesa de valoración del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, centrado en la amenaza yihadista tras la derrota y cese de la actividad armada de ETA.

EL DAO Y LA CÚPULA POLICIAL

En la mesa del nuevo titular de Interior le esperan nombramientos de la máxima trascendencia como quiénes serán los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado, funciones que han asumido en esta legislatura Ignacio Cosidó (Policía) y Arsenio Fernández de Mesa (Guardia Civil).

Ante los diez meses de bloqueo político concluido con la jura, el 31 de octubre, de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, Interior ha ido renovando puestos claves en la cúpula policial. De esta forma, el comisario principal Eloy Quirós es desde el 3 de octubre nuevo responsable de la Comisaría General de la Policía Judicial, por lo que tendrá una participación directa en la designación de mandos subordinados como el de jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF).

Tanto la UDEF en la Policía como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil --un cuerpo el segundo donde, en parte por su carácter militar, existen históricamente menos variaciones en su estructura de mando con cada cambio de Gobierno-- son dos estructuras de vital importancia en las investigaciones que desarrollan las fuerzas de seguridad en coordinación con los jueces.

Con el nombramiento de Eloy Quirós como responsable de la Policía Judicial, Interior dio a conocer que asignaba al también comisario principal Juan Carlos Ortiz Argüelles como nuevo jefe de Extranjería y Fronteras. Ese mismo día, el departamento dirigido por Fernández Díaz respaldó como Director Adjunto Operativo (DAO) a Antonio Rodríguez, que relevó a Eugenio Pino, jubilado justo antes de las elecciones del 26 de junio.

Interior recordó entonces que el DAO está desempeñando su cargo con “plenitud de competencias”, asumiendo todas las responsabilidades y tomando las decisiones que le corresponden como 'número dos' de la Policía Nacional --tras el director general--, de cuya Junta de Gobierno es el comisario principal con más años de antigüedad.

SINDICATOS Y OBJETIVOS DE LEGISLATURA

El nuevo ministro tendrá que hacer frente a polémicas como las acusaciones de partidismo en las investigaciones de la Policía, con una reprobación de toda la oposición a la etapa de Fernández Díaz y una comisión de investigación en el Congreso.

El anterior titular de Interior fue grabado en su despacho cuando hablaba con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña sobre casos que afectaban a rivales políticos en esta comunidad autónoma, algo que se supo cuando fue publicado por la prensa en plena campaña del 26 de junio.

La conversación en su despacho se llevó a cabo en octubre de 2014. Ese mismo mes tres policías y dos agentes del CNI fueron grabados cuando hablaban sobre las diligencias que afectaban a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'pequeño Nicolás', un caso que está judicializado y que se enclava en la conocida como 'guerra de comisarios'.