Troitiño sabrá el 14 de junio el dictamen en su cuarto juicio de extradición

El etarra convicto Antonio Troitiño conocerá el próximo 14 de junio si es extraditado a España, donde se le requiere por presunta falsificación de documentos y pertenencia a ETA, según dispuso hoy el juez Howard Riddle de la Corte de Magistrados de Westminster (Londres).

Riddle fijó esa fecha para anunciar su decisión después de escuchar los argumentos del fiscal, Ben Lloyd -en representación de la Audiencia Nacional española- y el abogado defensor, Mark Summers, en el cuarto juicio de extradición que afronta el procesado en el Reino Unido.

Ante una gran presencia de medios de comunicación españoles, Troitiño, de 58 años, siguió la vista desde el banquillo, acompañado por un traductor y un grupo de conocidos suyos que se sentaron en la galería del público.

Troitiño, que está en libertad condicional, fue detenido por última vez en Londres el pasado 5 de febrero, en virtud de una nueva orden europea de arresto emitida por España, que ya fracasó en tres intentos previos por conseguir su entrega.

Summers rechazó hoy la cuarta petición de extradición en base a dos argumentos principales: que España ha cometido “un abuso de proceso” al impulsar este nuevo juicio y que ha incumplido los requisitos de la Ley de extradición del Reino Unido.

Lloyd reiteró por su parte la solicitud de entrega y alegó que “no hubo mala fe” en la forma de actuar de la Audiencia, que perdió el tercer juicio en el Tribunal Superior de Londres el pasado 31 de julio por no satisfacer las exigencias de la legislación extraditoria británica.

También anunció que iba a descartar el cargo de falsificación de documentos, que fue anulado en 2015 por el mismo juez Riddle y que ha sido reintroducido por España en su cuarta euroorden.

La nueva cláusula 12A de la Ley de extradición del Reino Unido exige a los Estados demandantes demostrar que la ausencia física del procesado es “el único motivo” por el que no puede fijarse fecha de juicio y hacer avanzar las diligencias judiciales en el país.

Esto se hace para evitar extradiciones prematuras que acaban violando los derechos de los procesados.

La Audiencia alegó en el tercer juicio que esa era efectivamente la única razón por la que no hay fecha de juicio para Troitiño, pero no dio explicaciones de por qué no trató de ponerse en contacto con él a través de mecanismos de “asistencia legal mutua”, como una comunicación a distancia o una entrega temporal (que hubieran permitido impulsar las diligencias).

Después de que el Tribunal Superior rechazara la extradición tras considerar “lamentable” la falta de explicaciones de España, la Justicia española ofreció en agosto realizar una videoconferencia con Troitiño, lo que este recurrió en base a un punto técnico y finalmente no se llevó a cabo.

Lloyd reiteró hoy que la ausencia física del sospechoso es “lo único” que impide que el proceso avance en España y señaló que la Audiencia ya intentó infructuosamente entrevistarle por vídeo el pasado verano.

La defensa rebatió que ese intento a posteriori de contactar con su cliente es “un abuso de proceso” y recordó al juez de la Corte de Magistrados de Westminster, de primera instancia, que el Tribunal Superior “ha perdido la confianza” en España en este caso.

Además, en contra de lo que arguye el fiscal, Summers sostiene que, si la videoconferencia no era el mecanismo adecuado, hay otros que la Audiencia puede emplear antes de recurrir a la extradición, como una comisión rogatoria para que un juez español tome declaración a Troitiño en el Reino Unido.

El juez Riddle deberá valorar ahora si ha habido en efecto un abuso de proceso y si España ha agotado o no todas sus opciones para contactar con el sospechoso en el Reino Unido antes de pedir su entrega, tal como exige la cláusula 12A.

Aunque el dictamen se dará a conocer el 14 de junio, lo más probable es que cualquiera de las dos partes lo recurra ante el Tribunal Superior, lo que significa que este cuarto proceso podría durar meses.

Troitiño fue arrestado por primera vez en Londres el 29 de junio de 2012, después de haber salido en libertad en España el 13 de abril de 2011 tras cumplir una pena de 24 años por atentados cometidos en los años 80.

Fue autor, entre otros, del atentado de 1986 contra un furgón de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana de Madrid, en el que murieron doce agentes y hubo más de medio centenar de heridos.