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La UCO busca pruebas de la financiación ilegal del PP de Madrid en ordenadores de Indra y PwC

Los agentes procederán al volcado del contenido de los "numerosos efectos informáticos y dispositivos electrónicos" incautados hace un año

Según la investigación, González utilizó la empresa pública ICM para inflar facturas a Indra y PwC, que luego colaboraban para llenar la caja B del partido

También se investigarán los dispositivos informáticos del antiguo responsable de ICM y de cargos vinculados a Swat SL

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Ignacio González y Esperanza Aguirre, durante un acto del PP de Madrid.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya tienen permiso del juez para adentrarse en los "numerosos efectos informáticos y dispositivos electrónicos" incautados en las empresas sospechosas de colaborar con la financiación ilegal del PP de Madrid. El juez de Púnica, Manuel García Castellón, ha accedido a que se desprecinten y se vuelque el contenido de los ordenadores de empresas como Indra, PricewaterhouseCoopers (PwC), la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) o Swat SL.

El próximo 8 de mayo, los agentes de la Guardia Civil podrán acceder a esos dispositivos y buscar en ellos información y pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid cuando estaba dirigido por Esperanza Aguirre e Ignacio González. Esta pieza de Púnica nace en realidad de los indicios encontrados en la investigación de otra trama de corrupción, el caso Lezo.

Hace poco más de un año, los agentes de la UCO detuvieron a Ignacio González en su casa de Madrid. Entre las acusaciones del auto que le llevo a prisión, la de haber utilizado a empresas como ICM o el Canal de Isabel II para llenar la caja B del partido, hasta arriba de deudas después de las elecciones autonómicas de 2011.

Según los investigadores, el sistema ideado por González necesitó de la colaboración de José Martínez de Nicolás, antiguo consejero delegado de ICM, empresa pública dependiente del gobierno regional. Los pendrives, tablets y ordenadores que le requisaron a él y a su hijo -que trabajó en PwC- tras su detención también serán ahora analizados.

La investigación ha determinado que Martínez Nicolás aumentó sin justificación los contratos de ICM con PwC e Indra para conseguir hasta un millón de euros extra. González le pidió directamente esta gestión en una reunión que mantuvieron el 7 de junio de 2012, y a la que acudieron representantes de otras empresas públicas madrileñas. El juez señala que Martínez Nicolás accedió e infló los contratos.

Según los informes policiales, solo de Indra salieron 700.000 euros para pagar trabajos que el PP de Madrid había encargado a distintos proveedores. Entre ellos, la consultora Swat SL, una de las piezas angulares en la investigación de la financiación del PP. Los agentes también investigarán la información de los dispositivos electrónicos de José Miguel Alonso, exadministrador de Swat, y Juan Miguel Madoz Echevarría, actual responsable de esa empresa.

ICM también pidió a PwC que inflase contratos. El sumario del caso Púnica recoge que la empresa pública pagó a la consultora por un contrato que no tenía contenido real a cambio de que esta financiase al PP. PwC siempre ha negado esas acusaciones. Según la investigación, este sistema sirvió para pagar a distintos proveedores de la campaña, como  Troyano Marketing y Diseño, Braveheart Management, Sintra o Swat SL.

Los agentes comenzarán a sumergirse en los archivos informáticos en busca de pruebas que afiancen estas acusaciones a partir del próximo martes. El juez de Púnica ha accedido a la petición que le hizo la UCO el pasado 12 de abril y fija para el 8 de mayo el "desprecinto y clonado de los equipos y dispositivos intervenidos a los investigados". El desprecinto se tendrá que hacer frente a los letrados de las partes afectadas, si quieren acudir.

A partir de ahí los investigadores tendrán manos libres para indagar en los archivos. El juez aclara que deben centrarse en los ficheros que tengan relación con la presenta causa, evitando aquellos que puedan afectar a la privacidad de los investigados. También les pide que si detectan pruebas de nuevos delitos lo comuniquen inmediatamente.

García Castellón cogió el caso cuando Eloy Velasco, el anterior juez instructor, ascendió a la Sala de Apelaciones, después de que este hubiese detectado numerosas vías de financiación ilegal con las que el PP de Madrid nutría su caja B. El actual encargado de investigar el caso ha profundizado en esas vías, hasta llegar a afirmar que el partido tuvo en época de Esperanza Aguirre una contabilidad diseñada específicamente para ocultar los pagos en negro.

La investigación actual se desprende de la información obtenida en los registros del caso Lezo. El juez decidió a principios de enero unir esas pesquisas al caso Púnica, tras constatar que el PP usó el mismo sistema de financiación en negro en los comicios de 2007 y 2011. Todo era igual y en el organigrama del partido, dijo el juez, solo cambiaba un puesto, el de secretario general del PP de Madrid: en 2007 Francisco Granados, en 2011 Ignacio González.

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