La acusación popular pide al juez que se aparte de una pieza de Púnica por colaborar con El Corte Inglés

La acusación popular del caso Púnica que ejerce Adade y el PSOE ha solicitado al instructor del caso, Manuel García-Castellón, que se aparte de de la pieza separada número 4, que investiga la actuación de la trama de corrupción en el municipio madrileño de Valdemoro. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se alega que García-Castellón ejerce una tutoría remunerada en el centro universitario Ramón Areces, “perteneciente y dependiente del Corte Inglés” y que esta empresa resultó beneficiada de los cambios introducidos en el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) de la localidad, epicentro de la red investigada. 

La petición se produce a menos de 48 horas de que declare como investigado Faustino José Soriano, exjefe de la asesoría jurídica de El Corte Inglés, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la operación urbanística y que afectaban a terrenos propiedad de la sociedad de grandes almacenes. La citación de Soriano se produjo después de que la Sala de lo Penal corrigiera al instructor, que había declarado prescritos los hechos relacionados con el PGOU de 2004 y rechazado las diligencias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular. 

“Es un hecho notorio que su señoría viene prestando servicios de tutoría online en el Centro Universitario Ramón Areces, perteneciente y dependiente de El Corte Inglés. Desconocemos desde qué fecha, pero en cualquier caso consta en la página web del Consejo General del Poder Judicial la aprobación de la compatibilidad para prestar servicios para esta empresa y cobrar por ello, al menos desde su reincorporación a la plaza de la que es titular en el Juzgado de Instrucción número 6 (junio de 2017)”, dice el escrito conjunto de Adade y el PSOE. 

El Corte Inglés, o sus distintas denominaciones sociales como Induyco o Hipercor, era propietaria desde 1973 de las fincas conocidas como El Majuelo Norte, de más de 16.000 metros cuadrados, declaradas rústicas en 1999 y reconvertidas a urbanizables en el PGOU de 2004. Antes de la recalificación, el Ayuntamiento acordó con la empresa una permuta por la que se quedaba con la zona a cambio de 188.775 metros cuadrados en un polígono donde El Corte Inglés instaló un centro logístico.

La acusación popular habían pedido en febrero al magistrado que citara a Soriano por su presunta participación en el presunto amaño, acaecido mientras Francisco Granados era alcalde de Valdemoro. A ésta y otras diligencias, el magistrado contestó con que los hechos estaban prescritos al haber transcurrido más de 15 años. Las acusaciones recurrieron ante la Sala de lo Penal y la Sección Cuarta resolvió que el juez estaba dando por hecho que las irregularidades se habían cometido antes de la aprobación del PGOU y que, en cualquier caso, la presentación de la querella por el caso Púnica de la Fiscalía en 2014 interrumpía dicho plazo de prescripción. Anticorrupción cree que Valdemoro perdió 7 millones por las irregularidades del plan de 2004 y que dejó de ingresar otros 60 en plusvalías. 

El escrito presentado por la acusación popular para que García-Castellón se aparte de la pieza 4 esgrime: “De la documentación obrante en la causa, consta acreditado que los cambios introducidos por dicho Plan, afectaron muy directamente a los intereses inmobiliarios de El Corte Inglés y de varios miembros de su personal dirigente. De hecho, las modificaciones en el Plan permitieron la instalación de una de las principales sedes logísticas de la Sociedad INDUYCO y sus diferentes denominaciones sociales”. 

Después de exponer distinta jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el escrito de la acusación popular expone que, en este caso, “y sin sembrar la más mínima duda sobre la profesionalidad de su señoría, pero dado que las clases que imparte le hacen dependiente de una de las partes beneficiarias del proceso de cambio del PGOU de Valdemoro de 2004, consideramos que sería conveniente que ante las dudas sobre la imparcialidad que esto provoca su Señoría plantease su abstención en todo lo que afecte o pudiera afectar al Corte Inglés, a sus directivos y empleados”. 

“Hasta donde sabemos”, añaden Adade y el PSOE, la incompatibilidad se circunscribe a la pieza separada número 4 de Púnica, el caso cuya instrucción asumió su señoría desde su regreso a España, al tiempo que solicitaba autorización para hacerlo compatible con dar clases en el centro universitario dependiente del Corte Inglés“.