Una cola de activistas independentistas ha aparecido este mañana frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para autoinculparse por haber desobedecido al Constitucional al participar en la votación del pasado 9N. Después que el alto tribunal aceptara investigar a Artur Mas y a dos miembros de su Govern -la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza Irene Rigau-, la ANC ha empezado una “campaña de autoinculpaciones”. En ella han participado decenas de personas y políticos como Oriol Junqueras o Josep Rull, líderes de ERC y CDC, respectivamente.
En declaraciones a la prensa, el vicepresidente de la ANC, Jaume Marfany, ha dicho: “El 9N 1,9 millones de personas desobedecieron al Estado español y sus leyes, con estas inculpaciones reafirmamos ese acto de soberanía, ya que nosotros ya no obedecemos al Estado español y tenemos iniciado este proceso de independencia que seguro que se confirmará en el 2015”. Marfany ha destacado el que -a su juicio- es un proceso “democrático y pacífico” y ha pedido a la gente que participó en el 9N que se “autoinculpe”, ya que “atacan a nuestro presidente, a nuestras instituciones, y por tanto, a nosotros mismos”, ha opinado.
En el acto han participado también el presidente de ERC, Oriol Junqueras -aunque ha tenido que marcharse antes de entregar el impreso de “autoinculpación”-, además de la portavoz en el Parlament de ERC, Anna Simó, y la diputada de esta misma formación Gemma Calvet, aunque ninguno de ellos ha realizado declaraciones.
El coordinador de la comisión de Desobediencia de la ANC, Andreu Porta, ha dicho: “Iniciamos este proceso no tanto en solidaridad con las personas de Mas, Ortega y Rigau, los cargos denunciados, sino contra lo que consideramos un ataque contra el proceso participativo del 9N que surgió de un mandato democrático”.
Porta ha explicado que para realizar el “proceso de autoinculpación” se debe rellenar un documento colgado en la página web de la ANC y entregarlo en la sede del TSJC o el juzgado de guardia más cercano, en un proceso que, según Porta, sirve para “autoinculparse” contra la querella del 9N.
En ese documento, los que lo firmen aceptan, según un comunicado de la ANC, “haber participado en la consulta del 9N sin haber sido obligados por ninguna institución o persona” y denunciar -a juicio de la ANC- “la falta de garantías democráticas del Estado español, donde la división de poderes es inexistente”.