Anticorrupción pide al juez que archive la causa contra Esperanza Aguirre por la caja B del PP de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el archivo para la causa contra la expresidenta madrileña por el caso de la financiación irregular del PP de Madrid en el caso Púnica. En su escrito de conclusiones, Anticorrupción concluye que no hay motivos para solicitar el 'procesamiento' de Aguirre, que permanecía imputada desde septiembre de 2019, y tampoco para Ignacio González, pero sí ve razones para imputar a los colaboradores de la expresidenta Beltrán Gutiérrez y Francisco Granados. Ahora será el juez Manuel García Castellón, tras recibir los informes del resto de las partes, quien decida si propone juzgar a Aguirre o no.

Las fiscales del caso desde su origen, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, se han negado a firmar el escrito de conclusiones, que solo lleva la rúbrica de Alejandro Cabaleiro, y quien lleva tan solo dos años en la Fiscalía Anticorrupción, informan a elDiario.es fuentes fiscales. Poco después se incorporó al caso por orden del fiscal jefe Alejandro Luzón. Las mismas fuentes apuntan a que el fiscal que firma el escrito alega la prescripción de los hechos para exonerar a Aguirre.

Según un comunicado difundido por Anticorrupción, el fiscal entiende que “pese a los claros indicios de falsedad electoral existentes respecto de las elecciones autonómicas del año 2007, los mismos se encontrarían prescritos, al igual que respecto de las autonómicas del año 2008, si bien respecto de estas se cuenta con menos elementos indiciarios”. Cabeleiro sí pide continuar el procedimiento contra Gutiérrez y Granados al entender que hubo falsedad electoral en las autonómicas de 2011 y a estos hechos no alcanza la prescripción.

Por este motivo, Anticorrupción pide al juez que procese a la que fuera directora de Comunicación de Aguirre, Isabel Gallego, a los exconsejeros Salvador Salvador Victoria y Borja Sarasola, al presidente de la empresa pública ICM José Martínez Nicolás, así como al experto informático Alejandro de Pedro, entre otro. A todos ellos les imputa malversación y prevaricación.

La nota de la Fiscalía Anticorrupción propone el archivo para decenas de personas, aunque no concreta cuantas, ya que menciona en un mismo grupo a aquellas que fueron citadas como investigadas y otras que no, un total de 152 personas físicas y 73 jurídicas. Dice la Fiscalía que de estas, todas las que fueron investigadas, sin concretar, deberían quedar fuera de la causa. Los motivos: la prescripción o la falta de indicios.

Las reuniones clave con Aguirre

En su auto de imputación, el juez García Castellón había situado a Esperanza Aguirre en reuniones clave donde presuntamente se urdió la caja B del partido. En concreto, resaltaba que la “supervisión” y el “control” de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de las diferentes consejerías en sus contratos de publicidad se centralizó “al más alto nivel” del gobierno regional, desde donde se diseñó un “plan” para poner las partidas de publicidad “al servicio del partido”. A ella le atribuía el rol de supervisora, mientras que sus colaboradores Beltrán Gutiérrez, Ignacio González y Francisco Granados se encargaban del “control directo” y ejecutaban las decisiones de la presidenta.

Los documentos sobre los que se apoyó en su momento la Fiscalía Anticorrupción recordaban que bajo el mandato de Aguirre (2003-2012) se cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que supuestamente se usaban para mover las donaciones de las empresas hacia la caja B del partido. De todo ello hay pruebas en el sumario de la trama Púnica, que incluye la declaración de algunos empresarios que admitieron pagos irregulares a la formación.