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Archivada la investigación contra Gustavo Petro que abrió el juzgado de García Castellón durante la campaña colombiana

La Audiencia Nacional ha revertido la decisión del juzgado que dirige Manuel García Castellón de iniciar una investigación sobre la supuesta participación del próximo presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, en un supuesto secuestro cometido en su país en 1981. El magistrado de refuerzo de ese juzgado, Joaquín Gadea, admitió a trámite una denuncia el pasado 19 de marzo, cuando se cumplía una semana de que Petro fuera designado candidato por Colombia Humana. 

Gustavo Petro logra una victoria histórica de la izquierda en Colombia: "Hoy es día de fiesta para el pueblo"

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El auto de la Sección Tercera que ordena archivar la incipiente investigación de Gadea muestra su desconcierto por los argumentos utilizados por el juez ayudante de García Castellón. “Sorprende a la Sala la ‘admisión ad cautelam’ de una denuncia interpuesta por quien no es víctima de hecho alguno, respecto de hechos que habrían ocurrido en Colombia y que se atribuyen a personas que no son españoles y que no residen habitualmente en España o que se encontrasen en España y se hubiere denegado su extradición”, reza la resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El 13 de marzo de 2022, Gustavo Petro fue designado candidato de la coalición con la que finalmente se impuso en las elecciones de junio. Cinco días después, “un periodista con conocimientos de Derecho”–según se refiere a él la prensa colombiana–, de nombre Francois Roger Cavard Martínez, registró su denuncia en la Audiencia Nacional tras fracasar en sus intentos ante la Justicia de su país. 

En solo siete días, y con la oposición de la Fiscalía, Gadea admitió la denuncia y ordenó una batería de diligencias a la estructura antiterrorista de la Policía española. La Comisaría General de Información debía averiguar si el ciudadano supuestamente secuestrado en julio de 1981 en Colombia, al parecer de origen valenciano, Fernando González Pacheco, tenía nacionalidad española. Además los policías tenían que contactar con sus familiares o descendientes para “recabarles ofrecimiento de acciones, ofreciéndoles la posibilidad de querellarse”.

Los agentes antiterroristas deberían igualmente dirigirse a las autoridades colombianas para averiguar si Petro “goza de estatuto de amnistiado o indultado, y especialmente, si ha sido investigado, absuelto o condenado por los hechos objeto de este procedimiento”. La Policía española también debería ofrecer a Petro la posibilidad de personarse en el procedimiento para ejercer su derecho de defensa. 

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que preside Alfonso Guevara, anula todas esas órdenes. La instancia superior a Gadea concluye en su auto que “no es dable que el juzgado” intente suplantar al Ministerio Fiscal o al “ofendido” en unas facultades que solo detentan estos, y que para ignorarlo ofrezca el argumento de que “pretende indagar sobre la existencia de herederos de la víctima que quieran formular querella por unos hechos de 1981”.

El auto, del que Alfonso Guevara también es ponente, incluye otra advertencia al juez Gadea: “El ejercicio de la jurisdicción por parte del juzgado no comprende la búsqueda de querellantes que sostengan la acción penal imprescindible para precisamente tener jurisdicción. El Ministerio Fiscal, como señala en el recurso, entiende que no hay base suficiente para formular querella, indispensable para la ‘justicia universal’”.

¿Secuestro o entrevista?

La pertenencia de Gustavo Petro a la guerrilla urbana del M-19, en la que ingresó con 17 años, es de sobra conocida en Colombia. El economista pasó un año y medio en prisión sin ser sometido a juicio, salió en 1987 y participó en las conversaciones de paz con el Gobierno colombiano de la época. 

El abogado de Gustavo Petro en Colombia, Daniel Prado, ha desmentido la participación de Petro “en este tipo de acciones” del M-19. Pero quizá el testimonio que más cuestiona la investigación judicial en España es el de una de las periodistas presuntamente secuestradas, Alexandra Pineda, quien asegura que ella y la supuesta víctima española, de medios de comunicación distintos, recibieron una oferta para entrevistar al jefe del M-19, Jaime Bateman Cayón, y que fueron trasladados por ello a un lugar secreto. 

Entonces periodista de El Espectador, Alexandra Pineda definió el supuesto secuestro como un “extraño reportaje” que duró más de siete horas “al calor de una botella de whisky, durante las cuales se habló mucho, interminablemente, sin parar, llegando inclusive a la exaltación de los ánimos, al debate, a una franca pelea, pero no de fuerza sino de ideas”, informó La Política Online. Al término del encuentro, Bateman les entregó una carta con una oferta de negociación para el Gobierno colombiano. 

“Un sobrecogedor relato”

El juez Joaquín Gadea aludió en su auto de admisión a trámite al “sobrecogedor relato fáctico” descrito en la denuncia del periodista o abogado que la presentó. En su resolución razonada, Gadea advertía de que la “aparente falta de conexión con la jurisdicción española” permitía aventurar que sería “difícilmente asumible por este Juzgado Central de Instrucción”. 

La noticia de la admisión a trámite de la denuncia contra Petro por parte del juzgado de Manuel García Castellón fue publicada en España el 30 de mayo, al día siguiente de que Petro se impusiera en la primera vuelta de las elecciones colombianas con un estrecho margen sobre el candidato populista de derechas Rodolfo Hernández, lo que obligó a la celebración de una segunda vuelta en los comicios presidenciales. 

El 12 de mayo pasado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la admisión a trámite de la denuncia y explicaba al juez que los hechos presentados en la misma “solo serían perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o el Ministerio Fiscal” y no por una tercera persona.

La Audiencia Nacional ha revertido la decisión del juzgado que dirige Manuel García Castellón de iniciar una investigación sobre la supuesta participación del próximo presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, en un supuesto secuestro cometido en su país en 1981. El magistrado de refuerzo de ese juzgado, Joaquín Gadea, admitió a trámite una denuncia el pasado 19 de marzo, cuando se cumplía una semana de que Petro fuera designado candidato por Colombia Humana. 

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El 13 de marzo de 2022, Gustavo Petro fue designado candidato de la coalición con la que finalmente se impuso en las elecciones de junio. Cinco días después, “un periodista con conocimientos de Derecho”–según se refiere a él la prensa colombiana–, de nombre Francois Roger Cavard Martínez, registró su denuncia en la Audiencia Nacional tras fracasar en sus intentos ante la Justicia de su país. 

En solo siete días, y con la oposición de la Fiscalía, Gadea admitió la denuncia y ordenó una batería de diligencias a la estructura antiterrorista de la Policía española. La Comisaría General de Información debía averiguar si el ciudadano supuestamente secuestrado en julio de 1981 en Colombia, al parecer de origen valenciano, Fernando González Pacheco, tenía nacionalidad española. Además los policías tenían que contactar con sus familiares o descendientes para “recabarles ofrecimiento de acciones, ofreciéndoles la posibilidad de querellarse”.

Los agentes antiterroristas deberían igualmente dirigirse a las autoridades colombianas para averiguar si Petro “goza de estatuto de amnistiado o indultado, y especialmente, si ha sido investigado, absuelto o condenado por los hechos objeto de este procedimiento”. La Policía española también debería ofrecer a Petro la posibilidad de personarse en el procedimiento para ejercer su derecho de defensa. 

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que preside Alfonso Guevara, anula todas esas órdenes. La instancia superior a Gadea concluye en su auto que “no es dable que el juzgado” intente suplantar al Ministerio Fiscal o al “ofendido” en unas facultades que solo detentan estos, y que para ignorarlo ofrezca el argumento de que “pretende indagar sobre la existencia de herederos de la víctima que quieran formular querella por unos hechos de 1981”.

El auto, del que Alfonso Guevara también es ponente, incluye otra advertencia al juez Gadea: “El ejercicio de la jurisdicción por parte del juzgado no comprende la búsqueda de querellantes que sostengan la acción penal imprescindible para precisamente tener jurisdicción. El Ministerio Fiscal, como señala en el recurso, entiende que no hay base suficiente para formular querella, indispensable para la ‘justicia universal’”.

¿Secuestro o entrevista?

La pertenencia de Gustavo Petro a la guerrilla urbana del M-19, en la que ingresó con 17 años, es de sobra conocida en Colombia. El economista pasó un año y medio en prisión sin ser sometido a juicio, salió en 1987 y participó en las conversaciones de paz con el Gobierno colombiano de la época. 

El abogado de Gustavo Petro en Colombia, Daniel Prado, ha desmentido la participación de Petro “en este tipo de acciones” del M-19. Pero quizá el testimonio que más cuestiona la investigación judicial en España es el de una de las periodistas presuntamente secuestradas, Alexandra Pineda, quien asegura que ella y la supuesta víctima española, de medios de comunicación distintos, recibieron una oferta para entrevistar al jefe del M-19, Jaime Bateman Cayón, y que fueron trasladados por ello a un lugar secreto. 

Entonces periodista de El Espectador, Alexandra Pineda definió el supuesto secuestro como un “extraño reportaje” que duró más de siete horas “al calor de una botella de whisky, durante las cuales se habló mucho, interminablemente, sin parar, llegando inclusive a la exaltación de los ánimos, al debate, a una franca pelea, pero no de fuerza sino de ideas”, informó La Política Online. Al término del encuentro, Bateman les entregó una carta con una oferta de negociación para el Gobierno colombiano. 

“Un sobrecogedor relato”

El juez Joaquín Gadea aludió en su auto de admisión a trámite al “sobrecogedor relato fáctico” descrito en la denuncia del periodista o abogado que la presentó. En su resolución razonada, Gadea advertía de que la “aparente falta de conexión con la jurisdicción española” permitía aventurar que sería “difícilmente asumible por este Juzgado Central de Instrucción”. 

La noticia de la admisión a trámite de la denuncia contra Petro por parte del juzgado de Manuel García Castellón fue publicada en España el 30 de mayo, al día siguiente de que Petro se impusiera en la primera vuelta de las elecciones colombianas con un estrecho margen sobre el candidato populista de derechas Rodolfo Hernández, lo que obligó a la celebración de una segunda vuelta en los comicios presidenciales. 

El 12 de mayo pasado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la admisión a trámite de la denuncia y explicaba al juez que los hechos presentados en la misma “solo serían perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o el Ministerio Fiscal” y no por una tercera persona.

La Audiencia Nacional ha revertido la decisión del juzgado que dirige Manuel García Castellón de iniciar una investigación sobre la supuesta participación del próximo presidente colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, en un supuesto secuestro cometido en su país en 1981. El magistrado de refuerzo de ese juzgado, Joaquín Gadea, admitió a trámite una denuncia el pasado 19 de marzo, cuando se cumplía una semana de que Petro fuera designado candidato por Colombia Humana. 

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