La asamblea de Gamonal dice que la Policía multó a personas que no estaban en el lugar de los incidentes
Los expedientes sancionadores por los incidentes durante las protestas contra el bulevar del barrio burgalés de Gamonal hace dos meses han comenzado a llegar a sus destinatarios. Según ha informado la asamblea de Gamonal, tiene constancia de al menos 20 multas de entre 301 euros y 3.000 euros y señala que algunos de los afectados no estaban presentes en los lugares y las horas indicadas por la Policía en los expedientes. “Difícilmente pueden haber cometido ninguna infracción y mucho menos haber sido identificadas por los agentes”, expresa en comunicado.
El grupo de apoyo a las personas encausadas durante las protestas de Gamonal denuncia que “algunas de las personas multadas fueron identificadas en controles de la policía en otros lugares y en los días previos a las mencionadas manifestaciones”.
Ante la “arbitrariedad” policial, la asamblea presentará alegaciones en la Subdelegación del Gobierno de Burgos y solicitará que presten declaración los agentes que iniciaron los expedientes sancionadores. También pedirán los “atestados o registros que recojan cómo, cuándo y dónde se produjeron las identificaciones”. El objetivo es cotejar esos datos con los testimonios y las pruebas que tienen las personas multadas.
“Hay que recordar que durante esos días fuimos miles de personas las que nos manifestamos en contra de la obra del bulevar. ¿Por qué ahora se abren expedientes administrativos en contra de 27 personas? ¿Cómo se ha identificado a determinadas personas si en el transcurso de aquellas manifestaciones la policía no solicitó en ningún momento el DNI a ninguna de las personas asistentes?”, se pregunta la asamblea en el comunicado.
El grupo de apoyo a los encausados sostiene, además, que esas multas suponen una “vulneración de derechos fundamentales”, como el de reunión y manifestación. “El objetivo de este acoso, no es otro que tratar de amedrentar tanto a las personas procesadas como a la gente que forma parte de esta lucha con el fin de desmovilizarnos”, defiende.
La asamblea destaca que se trata de la “enésima operación de castigo” de la Subdelegación del Gobierno en Burgos contra las personas que dieron una respuesta contra los planes del Ayuntamiento, que pretendía construir un bulevar en el barrio de Gamonal. Las obras, que finalmente se paralizaron, se adjudicaron a un empresario que fue condenado por corrupción.
Hace dos semanas, el grupo de apoyo a los 49 detenidos durante las protestas denunció que el “hostigamiento policial” se había mantenido tras los incidentes ocurridos a mediados de enero y elaboró un informe en el que los testimonios de detenidos y testigos apuntaban a “detenciones arbitrarias” y “brutalidad policial” durante las manifestaciones.
