El Ayuntamiento de Madrid sospechó de las mascarillas desde el principio: “Parecen endebles y se rasgan con facilidad”

El juez del caso mascarillas ha abierto un nuevo frente al Ayuntamiento de Madrid y a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. El magistrado ha puesto en marcha una serie de diligencias destinadas a descubrir si la estafa en la venta de material sanitario no se limitó al precio inflado y las comisiones sino que la calidad del material que llegó desde China también formó parte del engaño. Este viernes testificará Mario Tabasco, jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de Madrid Salud, para explicar un correo que envió el 13 de abril de 2020. Un email en el que denunciaba “problemas graves” con los certificados de las mascarillas, que parecían “bastante endebles” y que se rasgaban “con relativa facilidad”.

El correo, al que ha tenido acceso elDiario.es y que forma parte del sumario, fue enviado por Tabasco desde su cuenta corporativa el lunes 13 de abril a dos altos cargos de Madrid Salud, un día después de que llegaran las mascarillas: el gerente Antonio Prieto y la subdirectora del departamento de prevención, Rosa Cuenca. En él, se refiere a las mascarillas KN95 que compró el Ayuntamiento a través de Medina y Luceño y afirma que el certificado que portaban tenía “dos problemas graves”.

Uno de ellos era que no identificaba el número de organismo de notificación, además de no tener certificados “de examen de tipo ni de producción”. También alertaba Tabasco de que el organismo que emitía ese certificado para las mascarillas era Ente Certificacione Machinne, que en ese momento ya estaba bajo sospecha. “El organismo que emite el certificado es ECM, que como os dije en otra ocasión, existe una alerta por el Ministerio de Trabajo donde se indica que son certificados NO VÁLIDOS”, decía. La propia mascarilla, decía, no contaba con “ninguna anotación o certificación”. Valoraba que “parecen bastante endebles y se rasgan con relativa facilidad”. 

Es un correo que ha llamado la atención del juez del caso mascarillas. Tanto que en el auto en el que cita para declarar al jefe de prevención de riesgos laborales hace alusión al email. Es llamado, según el escrito, “a fin de ser interrogado acerca del contenido de su correo de fecha 13/04/2020 a las 13:17 horas, remitido a Antonio Prieto”. El alto cargo de Madrid Salud tendrá que explicar, por tanto, qué se encontró cuando analizó las mascarillas que el Ayuntamiento había comprado en China a través de Medina y Luceño sin saber que, además, se estaban embolsando comisiones millonarias salidas de las arcas municipales.

Ese correo electrónico fue reenviado varias veces y llegó a la bandeja de entrada de Elena Collado, responsable de compras municipal que ejerció de interlocutora durante meses con los comisionistas. “Se supone que son FFP2 pero no aparecen los certificados oficiales que lo garanticen”, dijo el gerente de Madrid Salud a Elena Collado. Ella, finalmente, puso todo en conocimiento de Alberto Luceño y el empresario contestó, visiblemente molesto. “Lo de que son endebles y rasgables, mejor no hago comentarios”, decía después de afirmar que las mascarillas KN95 eran equiparables a una FFP2 y que toda la documentación estaba en orden.

Tabasco tendrá que explicar en qué consistieron las dudas que dejó por escrito en ese correo nada más abrir las cajas de mascarillas compradas a la empresa malaya Leno. El sumario recoge también en qué se tradujeron estas reticencias iniciales a la calidad de las mascarillas: el consistorio tardó un tiempo en poner las mascarillas en circulación por las dudas sobre su certificados, su calidad y su uso. Un día después Elena Collado cruzaba mensajes por WhatsApp con Luceño: “Necesitamos una confirmación de que son válidas para uso médico. De momento no las va a usar el SAMUR hasta que estén analizadas”, le dijo la responsable de compras.

En esos mensajes, Collado y Luceño negociaban el envío de 50.000 mascarillas donadas al Hospital Puerta de Hierro, donde trabajaba la esposa del comisionista. Y la coordinadora municipal de presupuestos mostraba sus reparos a llevar mascarillas de calidad dudosa a un centro hospitalario en plena primera ola: “Llevarlas al hospital puede ser peligroso para el personal sanitario, puede ser más prudente esperar un poco. Es prudencia, lo siento”. Luceño mostraba su sorpresa y defendía que “en China son las que usa el Gobierno, todo el mundo las cataloga como FFP2”.

También tendrá que declarar el autor de un informe de la Policía Municipal que forma parte de la causa y que, finalmente, avala la calidad de las mascarillas de Luceño y Medina aunque critica que, efectivamente, no llevaran consigo suficiente información sobre su uso. “Dicho producto reúne los requisitos jurídicos para ser considerado como clase FFP2 a los efectos de equipo de protección individual”. El informe lanzaba una crítica: “Se debería hacer traducción al castellano de las instrucciones de uso”.

Las críticas de Almeida

José Luis Martínez-Almeida llamó a Luis Medina a finales de marzo para agradecerle la gestión y el haber conseguido traer a Madrid un millón de mascarillas con el mercado internacional convertido en una batalla campal. Unos días antes había avalado a los dos empresarios ante la administración china para facilitar la operación. Y el 2 de abril, semana y media antes de que llegaran las mascarillas a Madrid, el alcalde les volvía a agradecer su papel en la compra de mascarillas, esta vez por carta.

La alerta sobre las mascarillas y sus certificados llegó diez días después de esa carta de agradecimiento. Medio mes después, en mayo de 2020, el alcalde dejó el perfil conciliador con el que se había presentado en los primeros meses de pandemia y se lanzó al ataque contra el ejecutivo central, esta vez por la devolución de un cargamento de test defectuosos que el Gobierno había comprado en China.

Lo dijo en una entrevista en el canal de YouTube Estado de Alarma, el 2 de mayo de 2020. “Cada decisión influye en salvar vidas, tenemos que ser especialmente cuidadosos y eso es lo que no ha pasado en este Gobierno”, dijo Almeida mientras su administración intentaba descubrir si el millón de mascarillas que habían comprado con sobreprecio valían o no valían. “Una de las principales responsabilidades que se le exigirán al Gobierno es cómo es posible que no fuera capaz de comprar test fiables y los tuviera que devolver, lo peor de todo es que ni siquiera tenga el coraje de decir a los españoles 'Lo siento, nos hemos equivocado'”, criticó el regidor madrileño. Para entonces el Ayuntamiento de Madrid ya sabía también que los guantes que habían comprado en China no tenían calidad suficiente y eran mucho más caros que los que se vendían en supermercados españoles.

El juez del caso mascarillas ha centrado la última batería de diligencias en dilucidar si, además de esconder comisiones en el sobreprecio, el material que trajeron Medina y Luceño a cambio de varios millones de euros también era defectuoso. La compra de mascarillas es la única que, por ahora, no ha sido calificada como una estafa también por la calidad del material, como sí ha sucedido con los guantes y con los test.

En el caso de los guantes, Elena Collado fue muy clara cuando descubrió que no llegaban hasta el codo y que eran muy caros. “Nos han estafado seguro”, dijo a Luceño, que parcheó la operación redistribuyendo sus comisiones para que el Ayuntamiento recuperara el dinero. La Fiscalía, en su querella, aludía también a esta mala calidad de los guantes. Algo similar sucedió con los test que compró el consistorio: un 60% de ellos tenía una sensibilidad insuficiente y hubo que encargar reactivos nuevos.