Barra libre para la difamación en el Senado

Al final de su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, José Luis Rodríguez Zapatero resumió la prioridad del Partido Popular en su intento de implicarle en varios delitos: “Ustedes seguirán con la campaña de insultos y difamaciones porque sé lo que buscan, sobre todo desde julio de 2023, y es que no realice el apoyo que hago a este Gobierno. ¿Pero saben qué les digo? Que ganaré”.

El PP ha convertido a Zapatero en una especie de siniestro comisionista internacional sospechoso de incurrir en numerosas ilegalidades. Lo que no ha hecho es presentar una querella en los tribunales, porque sabe que no tendría éxito. La parte fácil es que no necesitas convencer a un juez para sacar un titular.

“Vamos a seguir por la vía política. Sobre la vía judicial, no se ha tomado ninguna decisión”, dijo después Carmen Fúnez en representación del PP. Ni para utilizar al Senado como cámara de eco de tus intereses ni para acusar a Zapatero de “hacer negocios con una dictadura a costa del dinero de los españoles”, estás obligado a contar con indicios sólidos. Incluso puedes comunicar a Zapatero en la comisión que es obligación suya demostrar que es inocente, por ejemplo entregando los mensajes y llamadas del móvil. Es el mundo al revés de la justicia. Él es culpable a menos que demuestre lo contrario.

Fue Alberto Núñez Feijóo, no el Senado, quien decidió que había llegado el momento de convocar a Zapatero. Él fue quien lo anunció y de postre hizo una acusación directa. “Hemos visto publicado que daba chivatazos a los investigados para que borrasen pruebas”, había dicho en la fiesta de Navidad del PP de Madrid. Este es el nivel de la oposición. Se acusa a un expresidente de cometer el delito de obstrucción a la justicia y no pasa nada. Lo ha leído en un medio. ¿Qué más necesita?

Zapatero empezó la sesión con energía y la terminó de forma menos convincente cuando el PP le acosó por las características de los informes que escribió para su amigo Julio Martínez, asesor de Plus Ultra, a través de la sociedad Análisis Relevante. Este fue detenido en diciembre y se le investiga en una causa secreta sobre un presunto delito de blanqueo de dinero relacionado con los fondos del rescate de la compañía aérea. Su situación legal es un elemento que afecta a la reputación de Zapatero –eso es innegable–, pero él no está siendo investigado en ningún juzgado.

El grupo ultra HazteOír lo intentó y salió trasquilado. Zapatero recordó que la Audiencia Nacional estableció que lo que se buscaba eran “unas diligencias prospectivas sobre una investigación patrimonial sin la presencia de indicios de criminalidad”. El objetivo era “dañar mi imagen pública, dañar mi honor”.

El expresidente negó haber intervenido en el rescate de Plus Ultra. Negó haber hablado del tema con Pedro Sánchez u otro miembro del Gobierno. Negó haber presionado a José Luis Ábalos. Solo se ha reunido con él una vez y fue después del rescate. Informó de que ha cobrado de la empresa de Martínez 70.000 euros brutos al año desde 2020 hasta 2025. “Soy un autónomo. Nunca he tenido una sociedad ni aquí ni en ningún sitio del mundo, ni aquí ni en Kuala Lumpur”.

Los portavoces de UPN, Vox y el PP se dedicaron a lanzarle titulares aparecidos en medios como OKDiario, The Objective o El Debate. El del PP enseñó copias de páginas enteras de El Mundo. La mecánica era la misma. Presentar titulares y preguntar a Zapatero por ellos. Eso hacía bastante fácil desmentirlos, en especial aquellos basados en especulaciones, como los generados por las fotos de la mañana en que él y Martínez estuvieron corriendo en el Monte de El Pardo tres días antes de la detención del segundo. “Julio Martínez no me dio ningún papel”, dijo. “Fue un montaje burdo para dar la sensación de que estábamos tramando algo”.

Un elemento sospechoso de esa primera información de El Debate fue que contó que corrieron en una zona de la que se decía que no había cobertura de móvil. Como si la hubieran elegido específicamente. Zapatero dijo que desde luego que hay cobertura en esa zona.

La senadora de UPN fue la primera que sacó el tema de Venezuela. Lo hicieron todos los representantes de la oposición. La relación del caso Koldo o Ábalos con Venezuela es muy tenue, pero al PP siempre le interesa ponerla en primera línea. El presidente de la comisión dejó a la de UPN que se explayara con el tema. Solo cuando Zapatero empezó a hablar de que solo viajó a ese país a partir de 2019 para realizar gestiones en favor de la liberación de presos, el presidente, Eloy Suárez, decidió que esa cuestión estaba fuera del objeto de la comisión.

Zapatero admitió que coincidió con Víctor Aldama, el comisionista imputado que acusa a Ábalos, Koldo García y el PSOE, en un vuelo de hora y cuarto de Venezuela a República Dominicana organizado por el Gobierno de Caracas y en el que aceptó que le acompañara. No hubo más contactos entre ambos. “Es una patraña absoluta”, dijo sobre el famoso sobre que Aldama dice tener y que probaría la financiación ilegal del PSOE por Venezuela, y que resulta que aún no ha entregado a la justicia meses después de que se empezara a hablar de él. Es un sobre supuestamente entregado por Delcy Rodríguez que aparece en los titulares cuando Aldama ve que necesita volver a aparecer en escena.

En algunos desmentidos, lo tenía más fácil. Negó que fuera propietario de una mina de oro en Venezuela. La historia surgió de una declaración de 'El Pollo' Carvajal, personaje oscuro de los servicios de inteligencia de Venezuela, de cuando intentaba contar lo que fuera para librarse de la extradición a EEUU. No lo consiguió. Zapatero mostró una carta posterior de Carvajal en la que niega la acusación y pide disculpas.

Fernando Martínez Maíllo, del PP, dio por hecho un largo capítulo de cosas. Afirmó que “se había pasado por la IA” un fragmento de uno de sus informes difundido por El Mundo y ofreció como conclusión que solo era un resumen de documentos publicados por la OMS. Le restó todo valor. “Es un corta y pega. Esto es una estafa”, dijo, haciendo el cálculo de que cada página salía por entre 2.500 y 3.000 euros. Zapatero respondió que él escribió algunos de esos informes, otros los hizo en colaboración con otra persona y que además daba asesoramiento de forma verbal.

Ante algunos de los datos de Maíllo sobre la consultora Análisis Relevante, el expresidente no pudo dar respuestas claras. La compañía solo tenía un cliente, Plus Ultra, y dos proveedores. Maíllo dijo que era “una sociedad instrumental” diseñada para ocultar otros asuntos. Zapatero no tenía ninguna respuesta para esa pregunta ni podía desmentirle.

Al final, la pelea fue degenerando, como es habitual en el Senado. Ante la complacencia del presidente de la comisión, Maíllo le preguntó si Venezuela es una dictadura o si se había reunido con María Corina Machado. El nivel de sus comentarios puede encontrarse en esta frase: “Usted parece que ha cobrado del dinero público del rescate de una empresa”. Y con el 'parece' el PP ya tiene suficiente.

Ya lo había dicho el presidente, Eloy Suárez. Como la comisión no es un tribunal de justicia, “las acusaciones no son lo mismo que en un tribunal”. Hay barra libre para la difamación y lo único raro es que no la haya para las bebidas alcohólicas.