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OPINIÓN | Batet, alto y claro, por Esther Palomera

Entrevista Abogada de la AVT

Carmen Ladrón de Guevara: "Hay margen para que los presos de ETA colaboren sin nuevas condenas"

La abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara

La abogada Carmen Ladrón de Guevara (Curitiba, Brasil, 1982) lleva una década inmersa en un océano de atestados policiales, autos y otros legajos que albergan cientos de dramas personales, los de las víctimas de ETA a las que el sistema hurtó un juicio a sus victimarios. En esta entrevista con la abogada de la AVT aparecen términos como “revictimización”, “cerrar el duelo”, “derecho a la verdad”… Ladrón de Guevara ha logrado reabrir un centenar de casos, que se celebren veinte juicios y que los tribunales dicten quince condenas. Pero la abogada asegura que no es el único fin de su trabajo, que las víctimas necesitan saber la verdad de los crímenes sin esclarecer. En pleno debate sobre la sinceridad de gesto de la izquierda abertzale hacia las víctimas en el décimo aniversario del fin de ETA, la abogada asegura que existe "margen" para que los presos de ETA colaboren sin que eso derive en nuevas condenas contra ellos o terceros. Hasta ahora ninguno lo ha hecho.

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Cualquiera que eche vistazo a las cifras, 40 años de terrorismo, 3.000 atentados, más de 300 casos sin juzgar, podría concluir que se enfrenta usted a una batalla jurídica casi imposible.

No. Me enfrento a una obligación profesional y a una deuda que tenemos con las víctimas, con independencia de que puedan llegar a resolverse sus casos o que podamos conseguir la condena de sus responsables. Las víctimas tienen derecho a saber quiénes fueron los que asesinaron a sus seres queridos. En eso estamos.

Lo primero que viene a la cabeza al conocer su trabajo son aquellos atentados de los 'años de plomo', en el Euskadi de los ochenta, con guardias civiles y policías anónimos que recibían un apresurado funeral y sus ataúdes salían camino del cementerio de su pueblo.

Es verdad que la mayoría son casos de los años ochenta, pero porque es cuando había más atentados. También está el último cometido por ETA, del año 2009 [el asesinato con coche bomba de dos guardias civiles en Mallorca]. Hay policías, guardias civiles... hay políticos, como Giménez Abad [del PP, asesinado en 2001 a tiros cuando se dirigía al estadio del Zaragoza en compañía de su hijo], que es uno de los casos que tenemos pendiente de llevar a juicio, pero también está el del concejal Zamarreño [calderero en paro al que ETA mató a tiros en Rentería en 1998].

Algunas voces en Euskadi ven exagerada la cifra de más de 300 crímenes sin resolver

En Euskadi lo dirán algunos, pero yo tengo un proyecto con el Gobierno vasco sobre el derecho a la verdad, en el que colabora la AVT con el Ejecutivo vasco. Se están realizando unos cuadernillos porque el Gobierno vasco se comprometió con esas víctimas que no tenían justicia y las quiere reparar de alguna manera. Se está haciendo un trabajo de memoria que en los próximos meses se entregará a las víctimas. Lo pensarán algunos en Euskadi, pero el Gobierno vasco no.

¿Han ignorado ustedes en su trabajo la amnistía de los poli-milis de 1982? ¿A eso se pueden deber las discrepancias?

En el caso de los poli-milis, en esta última revisión, que espero sea la última y definitiva, especificó los atentados que fueron cometidos por ETA político-militar. Se da la circunstancia de que todos están sin resolver. En esta última revisión estoy intentado determinar las causas de por qué hay tantos casos de ETA sin resolver: una de ellas es lo que yo llamo indultos encubiertos. Hay casos sin resolver que no se van a resolver nunca porque son de estos supuestos. Pueden ser una docena, no más.

¿Quiere decir que su trabajo no está únicamente orientado a sentar en el banquillo a los terroristas sin juzgar?

En un primer momento, lo que estaba buscando era abrir causas judiciales y empezamos por los que corrían riesgo de prescribir. Estábamos en 2011, así que empezamos por los años 1991, 92, 93… aunque esto no es matemática exacta porque a veces hay actos que interrumpen la prescripción. Hemos comprobado que hay casos que no se van a poder resolver. Pero estamos trabajando también por ese derecho a la verdad de las víctimas. Hay casos prescritos, pero queremos por lo menos se investigue y se pueda identificar a los responsables. Es algo que llevábamos reclamando tiempo y es un criterio compartido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.  

¿Cuántos casos ha logrado reabrir con su investigación?

En torno a cien. Cuando hicimos pública la cifra de más de 347 no era tan importante la cifra en sí como el contexto en el que se hizo pública, dos meses después de que ETA decretara lo que ellos llamaron “el cese definitivo de la violencia”. Había gente que lo estaba dando por amortizado, pero las víctimas nos decían: "Está bien que ETA deje de matar, pero hay mucho por hacer todavía". Se ha trabajado mucho desde entonces. Por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay un empeño específico, han presentado alrededor de 150 informes. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también se puso las pilas. Hace años nombraron un fiscal específico, pero antes he estado en despachos de fiscales que estaban con legajos por el suelo de sumarios que estaban revisando. También ha habido algún juez de instrucción que me ha parado en el pasillo y me ha dicho: "Letrada, de mi juzgado, ¿cuáles están sin resolver?". 

En algunos casos simplemente simplemente se ha reabierto para incorporar un documento, como nos ha ocurrido recientemente con el último comando Madrid, pero en otros casos hemos reabierto y hemos conseguido imputar, y eso interrumpe la prescripción. De ese centenar de casos reabiertos, hemos llegado a juicio en 20 ocasiones, con 15 condenas y cinco absoluciones. 

Se han resuelto según el criterio que estoy utilizando, con el criterio de autor material condenado. No es lo mismo que un caso se resuelva policialmente que judicialmente. Hay veces que las fuerzas de seguridad tienen identificados a los responsables pero no hay pruebas suficientes para enervar la presunción de inocencia de alguien. Eso es quizás lo más complicado de explicarle una víctima: ‘sé quiénes son pero con esto no puedo ir a juicio’. 

¿Cómo es la reacción de las víctimas? ¿Qué supone el esclarecimiento de un caso para ellas?

Para las víctimas supone cerrar el duelo. Llevo asistiendo a juicios desde el año 2005 y lo he experimentado desde el principio: la importancia que para una víctima tiene sentar en el banquillo al responsable de la muerte de su hijo, de su marido… Igual que he experimentado el mazazo que supone para una víctima el decirle que le han absuelto. 

Me lo han enseñado mis compañeras del departamento psicología de la AVT, con las que trabajo y aprendo todos los días: cuando llamamos para informar a una víctima de la reapertura de un caso es muy importante que no les generemos falsas expectativas, decirles: "esto se reabre porque igual llegamos a juicio, o solo para incorporar un documento…"  

Las falsas expectativas generan un revictimización que puede provocar mucho dolor en las víctimas. Hay veces que leo en medios de comunicación o veo portadas de periódico: "Abierta una nueva vía para los casos sin resolver’. Me vienen las víctimas al despacho con esa portada: "Carmen, tenemos la solución, y hay que explicarles que no es así. Es muy importante ser muy sinceros, con mucha empatía, por supuesto, pero para que sepan hasta dónde podemos llegar". 

¿Cómo comenzó este trabajo?

Cuando hago el primer informe, en 2011, yo parto del libro ‘Vidas Rotas’ (Espasa, 2010). Se acababa de presentar por primera vez una publicación sistemática donde se contaba no solo el atentado sino quienes habían sido los responsables y si habían sido juzgados. Los colectivos andaban preocupados por noticias como las de la Vía Nanclares… la justicia es uno de los elementos comunes a todos los colectivos de víctimas. 

Maite Pagaza [entonces presidenta de la Fundación de Víctimas] convocó una reunión con todos los colectivos y de ahí surgió una comisión de justicia para tratar estos temas de la que yo formé parte. Lo primero fue reunirnos con el presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes. Maite le llevó el Vidas Rotas, del que yo había empezado a leer y tomar notas. De ahí salió que entorno al 20 % de los casos no habrían sido juzgado. Juanes nos dijo: "No puede ser, serán unos cien y estarán prescritos". De ahí salió un compromiso de comprobarlo y yo, en mi caso, me piqué. Al final eran fuentes abiertas la mayoría pero hasta que no me repasara los 608 sumarios no podía dar una cifra cerrada, que es lo que he hecho en estos últimos diez años. 

Y de ahí salió la cifra de 347 crímenes sin resolver

La última cifra actualizada son 315 casos, pero el primer excel tenía 347, sí. Se lo entregamos a la Fiscalía, a las Fuerzas de Seguridad y a la Audiencia Nacional. En unos cincuenta casos no había ni carpetilla, la Fiscalía no tenía expediente judicial, los casos no habían llegado a la Audiencia Nacional, se habían quedado en los juzgados de Bilbao, San Sebastián… y de hecho, en el año 2018, el fiscal para los casos sin resolver, fue interponer una querella en todos esos casos para traerse esos sumarios a la Audiencia Nacional. 

Lo digo siempre: las víctimas por desgracia han ido por delante y esto fue una iniciativa de las víctimas y de dos personas que nos movíamos en el ámbito de las víctimas, comprometidas con ellas. En mi caso llevaba muchos años yendo a juicios. En el caso de Fernando Delgado [periodista fallecido en 2015, entonces responsable de comunicación de la Fundación de Víctimas] porque lo vio muy claro en cuanto leyó el informe: había más de trescientos casos sin resolver, ahí había que poner el foco.

¿Cómo es posible que tantos casos no avanzaran? 

Me he encontrado de todo: sumarios donde ha habido una labor investigadora muy importante y no se ha podido resolver; otros en los que yo igual hubiera hecho un poco más. Pero hay que tener en cuenta una cosa: la víctima tiene derecho a una investigación efectiva, no a una condena. Se lo explico a mis alumnos; a las víctimas me cuesta más. Y si la investigación fue efectiva no se puede analizar con ojos de 2021. Para analizarlo tienes que ponerte en el contexto, con los medios y procedimientos vigentes en el momento de la comisión del atentado. No se puede considerar un error del sistema.

En los ochenta, ETA asesinaba cada tres días, la Guardia Civil se tenía que proteger de que no volvieran a atentar contra ellos, investigar el atentado, a los tres días volvía a haber otro… En esos casos está el mayor porcentaje de los casos sin revolver. En algunos casos no había de donde tirar: no había huellas, no había efectos que analizar, ni una pista…

¿Cuál es el caso resultó que le ha producido mayor satisfacción?

Los que han acabado en condena. De esos quince casos resueltos, había varios que estaban abiertos, que no se han reabierto por este informe, las instrucciones estaban abiertas…. Isaías Carrasco, Eduardo Puelles, Inaxio Uría, el teniente coronel Blanco. Este era un caso complicado, se había detenido a uno de los responsables en Canadá… cuanto más complicado, la satisfacción es mayor. 

Hay casos que directamente han sido reabiertos. Por ejemplo el de Luciano Cortizo [comandante del Ejército asesinado con bomba-lapa en 1995], que ha sido la primera condena de 'Anboto' [Soledad Iparragirre]. Cada condena para mí es satisfactorio, igual que es una impotencia los casos que han llegado a juicio y ha habido absoluciones, por ejemplo el caso del juez Lidón. No tengo dudas de que fue Txeroki, pero no tengo pruebas. En otros casos de absoluciones hay dudas, pero en este no. 

¿Han colaborado los presos de ETA en la resolución de algún caso?

No. Ni en juicio dónde ellos eran juzgados, ni a los que han ido como testigos, ni en sus expedientes de vigilancia penitenciaria. No cuento con ningún testimonio que me haya permitido resolver ningún caso. Y se lo reclamo, en juicios. A la propia Soledad Iparragirre cuando Francia la entregó y ella dijo que había contribuido a la paz, que había leído el comunicado de disolución. Si tan comprometida está con la paz, sentémonos y vamos a empezar a resolver casos. Se lo dije el otro día a Josu Ternera en la indagatoria que tuvimos desde Francia. Yo estoy dispuesta a sentarme si me quieren contar cosas. Empezemos. Hay muchos casos de los que me pueden hablar y que no va a suponer un ingreso en prisión: pueden estar prescritos, otros presos están ya en libertad y no van a entrar en prisión ya… hay un margen amplio.

¿Es la prescripción su peor enemigo?

La prescripción es la espada de Damocles y cada mes que pasa el máximo peligro al que me enfrento y el mayor escollo. También lo que no se hizo en su momento, si no se recogieron huellas eso ya no tiene remedio. Y también está la evolución de la jurisprudencia. Hay un caso concreto de un hijo de una víctima que había tenido acceso al sumerio, había visto unas declaraciones de los miembros del comando que incriminaban al jefe y estaban a cinco días de prescribir. Habló con otro huérfano de otro atentado que me conocía, vinieron al despacho y yo sabía quién era ese jefe de ETA porque conocía su alias por otro procedimiento judicial. Con un fax de urgencia pidiendo que se le citara a declarar interrumpimos la prescripción.

No me ha contado cuál es el caso más satisfactorio en estos diez años

Todos lo son. Es la verdad. Para mi lo más satisfactorio es llamar a una víctima y decirle: lo hemos conseguido. Sé lo que supone para ellas. Me emociono y me seguiré emocionando, como me produce un dolor infinito tener que decirles que no lo hemos conseguido. 

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Publicado el
23 de octubre de 2021 - 22:20 h

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