Casado necesita el apoyo de vascos y catalanes o reformar la Constitución para recentralizar Prisiones

“Recuperaremos la competencia sobre las Prisiones en Cataluña y País Vasco”. Más allá de la conjugación verbal elegida, la promesa lanzada por Pablo Casado durante el discurso de cierre de la Convención Nacional del PP se enfrenta a dificultades políticas y técnicas para ponerlas en marcha. Solo hay dos formas de hacer lo que dijo Casado: reformar ambos estatutos de autonomía, para lo que precisa de la mayoría absoluta en los respectivos parlamentos autonómicos, en el Congreso y en el Senado, así como del voto favorable de los ciudadanos en referéndum. O bien modificar la Constitución para blindar dichas competencias en el ámbito estatal, lo que exige el sí de hasta 234 diputados.

No es la primera vez que el Partido Popular coquetea con la idea de revertir el proceso de traspaso de competencias desde el Gobierno central a las administraciones territoriales. En 2011, Esperanza Aguirre y Ramón Luis Valcárcel, entonces presidentes de Madrid y Murcia, respectivamente, amenazaron al Gobierno con “devolver” su mando en determinadas políticas sociales, como Sanidad y Educación, porque, decían, no tenían recursos para financiarlas.

Tras las elecciones autonómicas de aquel año, y especialmente cuando el 20 de noviembre Mariano Rajoy recuperó el Palacio de la Moncloa para el PP, el debate se enterró con el mismo garbo con el que se había sacado a pasear. Pero ya entonces se suscitó el debate sobre el procedimiento para revertir un proceso de descentralización del que la derecha española presume y reniega a la vez. Lo primero, por ser hijo de la Transición y emanar directamente de la Constitución de 1978. Lo segundo, porque las veleidades centralistas de Ciudadanos y de Vox han calado en cierto electorado conservador, y Casado se ha lanzado a por ese votante.

La propia Constitución establece en su Título VIII qué competencias pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas y cuáles son intransferibles por parte del Ejecutivo. En algunos casos, como ocurre con las Prisiones, la Ley Fundamental asegura que es una competencia blindada del Gobierno la “legislación penitenciaria”. Pero nada se dice de la gestión.

Es una competencia que queda en el aire, que no aparece expresamente en el listado, lo que ha permitido que se hayan transferido a Catalunya y Euskadi en sendos procesos de  negociación después de que se introdujera en sus respectivos estatutos de autonomía. El catalán de 1979 contemplaba en su artículo 11 que “corresponde a la Generalidad la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias”. La primera de ellas era la “penitenciaria”. Más claro era el Estatuto de Gernika, de ese mismo año, que listaba entre las competencias la “organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”, además de la “ejecución de la legislación” estatal en dicha materia.

Ambos estatutos son legislación básica del Estado. Son, de hecho, leyes orgánicas que, para su aprobación, han tenido que pasar los filtros de los respectivos parlamentos, así como de las Cortes Generales y del referéndum.

Y ese sería uno de los trámites que se tendría que seguir para que la Administración central pudiera recuperar dichas competencias: sacarlas de los respectivos estatutos de autonomía. Para ello, el PP tendría que iniciar un proceso de reforma en los parlamentos autonómicos. Pero el problema que tiene Pablo Casado es la escasa presencia de su partido en dichas cámaras legislativas. En el Parlamento de Vitoria cuenta con seis diputados en suma con Ciudadanos. En el Parlament, apenas tres y como Grupo Mixto.

Así que Casado tendría que convencer a otras fuerzas mayoritarias para modificar los estatutos. Tendría que contar, de hecho, con partidos nacionalistas, como el PNV, EH Bildu, ERC o Junts, para poder aprobar su propuesta. 

¿Y cuál sería el plan alternativo? Ignorar los estatutos y reformar la Constitución para introducir la gestión del sistema penitenciario como una de las competencias blindadas para el Gobierno central. 

Esta reforma se podría hacer por la vía rápida de reforma constitucional, pero aún así Pablo Casado tendría muy complicado alcanzar los números que necesitaría para completarla. La Constitución establece el voto favorable de 3/5 del Congreso y del Senado para su reforma, esto es: 210 diputados y 159 senadores. Si estas mayorías no se logran, la Carta Magna dicta que con la mayoría absoluta del Senado (133) y 2/3 del Congreso (234) también se puede sacar la reforma.

Así las cosas, en el primer caso Casado necesitaría de los partidos que han promovido los actuales marcos estatutarios y que, por definición, no van a aceptar la recentralización de competencias que el PP plantea. Y en el segundo, tendría que sumar, sí o sí, al PSOE para alcanzar los números necesarios, cuando fueron Felipe González en 1983 y Pedro Sánchez este mismo año los que han propiciado las transferencias. Y ni aún así sería seguro que llegara. Con el actual reparto de diputados el bipartidismo no suman los 210 escaños.

“Es una barbaridad. Es consciente de que no tiene ningún fundamento”, apunta a elDiario.es el doctor en Derecho Constitucional y catedrático de la Universidad de Valladolid Juan María Bilbao. “Es carnaza para su público”, añade. De hecho, el experto recuerda que no hay un modo establecido para que una comunidad autónoma rebaje su estatuto y devuelva una competencia. “En todo caso, lo que recoge la Constitución es la posibilidad de que el Estado ceda competencias propias, como ha ocurrido con el Tráfico en Catalunya”, explica. “Al revés no está establecido, una comunidad autónoma no puede renunciar”, zanja.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el PP para saber cómo quiere cumplir su compromiso, sin obtener respuesta.

Casado realizó el anuncio en el mitin final de la Convención Nacional del PP, que ha servido para relanzar su proyecto al frente del partido y poner proa hacia Vox y sus votantes, a los que quiere atraer, así como sumar a sus filas también a lo que queda de Ciudadanos, y que en la repetición electoral de 2019 y en las dos citas autonómicas de 2021 (Catalunya y Madrid) se quedaron en la abstención.

El líder del partido situó la promesa de recuperar Prisiones en la parte más identitaria de su discurso, justo después de asegurar su intención de “reforzar la unidad nacional haciendo delito la convocatoria de referéndums, la rebelión sin violencia y los indultos a condenados por sedición”, y antes de prometer cortar la financiación pública a “partidos y asociaciones que promuevan la violencia” o terminar “con la propaganda independentista en los medios de comunicación públicos cambiando la ley audiovisual”, lo que también podría suponer una limitación competencial sobre los medios autonómicos.

El giro de Casado ha pillado a contrapié incluso al PP vasco que lidera un dirigente que no está entre los blandos del partido, como es Carlos Iturgaiz. Hace menos de un mes, Iturgaiz reconoció que Prisiones es una competencia que debería gestionar el Gobierno autonómico porque forma parte del Estatuto. Ahora, ha tenido que reformular su discurso: “Nosotros no queremos un Lledoners bis. No queremos prisiones de resorts y de lujos para los criminales de ETA”.

En la segunda jornada de la parte itinerante de la Convención, el exdirigente del PP Alejo Vidal Quadras y la organizadora del evento, Edurne Uriarte, discutieron sobre el Estado de las Autonomías. Vidal Quadras, quien abandonó el PP para fundar Vox, arremetió con dureza contra el entramado territorial emanado de la Constitución, mientras Uriarte defendió que el PP es un partido que respeta la descentralización. Menos de una semana después, el presidente del PP, Pablo Casado, apostaba ante la plana mayor del partido, miles de militantes y decenas de medios de comunicación por la recentralización de competencias.