La causa por el crimen de la viuda de la CAM llega a la Audiencia

El caso sobre el crimen de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, ya ha llegado a la Audiencia Provincial para que se dé paso a la celebración del juicio con un jurado popular.

Hace diez días, el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante acordó la celebración de la vista oral con un único acusado, Miguel López, yerno de la víctima, y envió toda la documentación a la Audiencia para que se celebre el juicio en un futuro próximo.

La presidencia del tribunal ha recaído, por turno de reparto, en la magistrada de la Sección Tercera Francisca Bru.

López se enfrenta a las peticiones de condena de 24 años de prisión formuladas por la Fiscalía y por la acusación particular por un delito de asesinato y de tenencia ilícita de armas mientras que su defensa pide la libre absolución al considerar que no existe ninguna prueba que le incrimine en la muerte de su suegra.

A partir de este momento, la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial debe certificar que el expediente remitido desde el Juzgado de Instrucción número 7 está completo antes de que pueda ponerse a disposición de la magistrada y de que pueda señalarse la fecha de celebración del juicio.

En un principio, según las fuentes jurídicas consultadas, podría desarrollarse antes de que finalice este año, después de que se celebren al menos dos juicios con jurado en los que se enjuiciará a reos y que, por tanto, son prioritarios.

En el propio auto de señalamiento será en el que se especifique cuándo se procederá a seleccionar a las 36 personas sobre las que se elegirá a los miembros del jurado, entre las 3.500 de toda la provincia susceptibles de formar parte del mismo.

María del Carmen Martínez, de 72 años, falleció sobre las 19 horas del 9 de diciembre de 2016, minutos después de recibir dos disparos en la cabeza a corta distancia en el lavadero del concesionario de coches Novocar, propiedad de la familia y que administraba el único investigado, Miguel López.

Este fue detenido como presunto autor material del crimen en febrero del año siguiente aunque quedó en libertad provisional, tras permanecer unos 40 días en prisión preventiva, al depositar una fianza de 150.000 euros.

La Policía sostuvo desde el principio que el móvil del asesinato era la guerra por el control de las empresas familiares, en especial de Samar Internacional SL, del sector del plástico, que fundó el fallecido expresidente de la caja de ahorros alicantina Vicente Sala.

Su viuda y el hijo primogénito del matrimonio estaban enfrentados a las otras tres hijas del matrimonio y a los maridos e hijos de estas por ese control de la compañía.